Tras la debacle política hay una profunda crisis social

La brecha entre los representantes políticos y la ciudadanía, la decadencia de la misma institucionalidad política atrapada en densas redes de corrupción, y los altos e inéditos niveles de abstención electoral amenazan con trasladar la crisis que involucra a las elites que controlan y giran en torno al poder hacia las estructuras del tejido social. Este proceso, cuyos orígenes son antiguos, aun cuando han emergido con fuerza a la luz pública durante los últimos años y, de forma especial desde el estallido de los casos Penta, SQM, Corpesca y otros, ha alcanzado nuevos techos, los que, si bien habían sido advertidos por profusos sondeos de opinión, han quedado cristalizados con los resultados de las recientes elecciones municipales. La brecha entre la ciudadanía y la clase gobernante y adherida al poder ha alcanzado grados insuperables.

El corte, la ruptura que vive Chile, tiene al menos estos dos componentes. Una clase dirigente en descomposición y fragmentación y un cisma entre ella y la población. Un tercer elemento, gestado desde hace años y que apunta hoy a su maduración, acera aún más este quiebre. La indignación ciudadana no sólo está orientada hacia la clase política, sino hacia todas las estructuras de poder, muchas de ellas de una u otra manera vinculadas con prácticas o redes de corrupción. Esta trenza de las elites, esta densa fusión, nunca ha quedado mejor demostrada que con el financiamiento ilegal por parte de las grandes corporaciones de campañas políticas y proyectos de ley.

Este momento se apoya en un equilibrio precario que no se sostiene en el tiempo. Su proyección, y esto es observable en el día a día y la profundización de la crisis, es que tenderá hacia su entropía en un proceso sin dirección clara ni objetivos. Ante la parálisis del Ejecutivo, en su liviandad y recogimiento, las corrientes políticas enquistadas en las distintas expresiones del poder sólo han sido capaces de mirar al pasado y reforzar el statu quo neoliberal.

Si en algún momento hubo una interpretación de aquel malestar e indignación ciudadana hacia la institucionalidad económica y política, mirada que dio origen a la Nueva Mayoría y al programa de tibias reformas, hoy el análisis apunta en su sentido contrario, lo que demuestra una ceguera y sordera total ante las demandas sociales. Si para la elite política del duopolio la crisis actual es un efecto de las reformas, para la ciudadanía es una consecuencia de unas insuficientes y mal gestionadas reformas.

La clase política reivindica, falsamente a nombre de la ciudadanía, la institucionalidad económica basada en el mercado desregulado y en la concentración económica. Tal como lo ha hecho por toda la post dictadura, levanta como si fuera desarrollo social y humano elementos propios del consumo de masas. Este señuelo, inserto en una cultura de mercado divulgada no sólo por la publicidad y el marketing, sino por la misma propaganda política y los sucesivos gobiernos de la transición, resultó como útil placebo por un par de décadas pero hoy no tiene los mismos efectos. La ciudadanía organizada ha logrado desmontar este falso discurso y exhibir sus verdaderas consecuencias.

Podemos observar que esta contradicción está en pleno desarrollo. Por un lado una elite cuestionada, despreciada y aislada que se encapsula y atrinchera en los privilegios que le otorga el modelo neoliberal; en el otro extremo, una ciudadanía cada vez más organizada, indignada y empoderada, que demanda cambios profundos y radicales.

En estos días, cuando la agenda pública está concentrada con la crisis política, hay una serie de eventos que han ido conformando un escenario que da cuenta de una crisis social en ciernes. Tras la debacle que fueron las elecciones del domingo pasado han emergido movimientos sociales con antiguas demandas no oídas y menos atendidas por esa elite enclaustrada y en decadencia. Junto a los trabajadores fiscales, que han extendido sus protestas con un paro en estos días en pleno desarrollo, están los pescadores, que han paralizado por la anulación de la espuria Ley de Pesca, fruto de la corrupción política y económica, en tanto el próximo viernes 4 de noviembre el gran conjunto de trabajadores de este país parará demandando el fin del sistema de AFP.

El sentido natural de la actual crisis política será su ensanchamiento y profundización hacia otras áreas y estructuras. Un proceso que enfrentará a una casta política, enceguecida al interior de sus privilegios por sus vínculos con el capital, con una ciudadanía cada día más consciente de sus derechos arrebatados. Una crisis cuya única solución pasa por el reemplazo de la clase política por verdaderos representantes de la ciudadanía.