SQM amenazó al Estado que en el caso de no llegar a acuerdo, dejaría vacías las pozas donde se procesa la salmuera que se saca del Salar de Atacama para producir litio. Con esto, según la minera, cualquier otra entidad que quiera operar en el Salar después de que termine su contrato el 2030 tardaría a lo menos “tres años” en llenarlas de nuevo para empezar a extraer litio, con las perdidas que aquello ocasionaría al interés fiscal. Lejos de enfrentar a la minera de Ponce Lerou, Máximo Pacheco, a cargo de la negociación en representación del Estado, tomó el camino más inconsistente y sencillo para él pero más perjudicial para el interés público: simplemente cedió a la rápida y ahora se limita a repetir en todas partes la minuta de SQM.
El contrato entre SQM y Corfo que le permite a la minera explotar de forma exclusiva y excluyente las pertenencias del Estado en el Salar de Atacama se termina el 31 de diciembre de 2030. De esta forma el Estado está frente a la disyuntiva de definir la forma como se continuará con la explotación de litio en la reserva mundial más importante y lucrativa para dicha actividad. Lo anterior como consecuencia de su cercanía con los puertos de despacho, y a la altísima concentración de litio que existe en ese lugar, que se calcula en 1.400 partes por millón comparados con otros salares, como el de Uyuni en Bolivia, que presenta 400 partes por millón.
Otro elemento relevante del por qué la extracción de litio en el Salar de Atacama resulta ser un gran negocio es la alta tasa de vaporización, ya que la tecnología que usa SQM para obtener litio consistente en sacar una salmuera desde su interior y después colocarla en pozas al aire libre donde, a partir de procesos químicos y evaporación, se van obteniendo los distintos productos contenidos en ella, incluido el litio.
En este contexto, uno de los argumentos que más han llamado la atención para justificar el haber hecho una negociación directa y “reservada” con SQM en vez de haber llamado a una licitación pública y transparente para definir cual empresa le ofrecía al Estado las mejores condiciones, económicas, sociales y ambientales para la explotación de litio después del 2030 en el Salar de Atacama, es el denominado “valle productivo”. Esa nomenclatura que se repite como un mantra por quienes justifican el acuerdo, no es más que un eufemismo para hacer referencia al chantaje de la empresa de Julio Ponce Lerou al Estado: si no cierran con SQM un acuerdo en condiciones favorables para la empresa, entonces cuando le entregue devuelta al Estado la operación del Salar de Atacama el 1 de enero de 2034, van a dejar las pozas completamente vacías. Para cerrar el chantaje, SQM hizo una proyección: Se van a demorar 3 años en volver a llenarlas, por lo que recién van a poder obtener litio nuevamente el año 2034.
Imposible no imaginar la sonrisa de Ponce Lerou al idear esta estrategia para chantajear a un gobierno liderado por el Frente Amplio y el partido comunista, y que fue usada permanentemente por la dictadura de su ex suegro: “o nosotros o el caos”.
Esta escena, sacada de una película de gánster, es la que finalmente generó el “memorándum de entendimiento” a partir del cual SQM se quedaría con el 50% de las utilidades de la explotación de litio del Salar de Atacama, pagándole al Estado un tercio por tonelada al año comparado con lo que empresas como Albemarle y Ganfeng han pagado durante el año 2023 por otros proyectos de mucho inferior calidad, en Australia y Argentina respectivamente.
Es tan manifiestamente perjudicial el acuerdo para el Estado de Chile, que un reciente informe de la “Fundación Progresa” calcula que su concreción significaría para el fisco dejar de ganar una suma aproximada a los 10 mil millones de dólares en comparación con lo que se podría haber obtenido en una licitación, tomando en consideración los valores de otros proyectos de litio a nivel internacional. En el mismo sentido, Juan Carlos Guajardo, reconocido experto internacional en el mercado del litio, ha afirmado públicamente que la mejor forma de alcanzar el mayor beneficio para el Estado de Chile es una licitación pública, sosteniendo que el monto que habría podido obtener por sobre lo pagado por SQM podría alcanzar hasta los 9 mil millones de dólares.
De esta forma, llama profundamente la atención que las autoridades que justifican este acuerdo lo hagan citando y avalando sin mayor escrutinio ni análisis los inconsistentes argumentos entregados por un ex empleado de SQM y operador de Cesco quien constantemente se ha pronunciado en contra de la minería publica, como lo es el “experto” Gustavo Lagos. Tampoco se explica porque Máximo Pacheco y todas las personas que se apuran en defender este impresentable acuerdo se limitan a repetir lo señalado en una minuta elaborada y distribuida profusamente por SQM, cuya existencia, origen y contenido fue revelada por La Tercera hace algunas semanas.
En este punto la pregunta obvia es si el gobierno está realmente sometido a la amenaza de SQM de dejar vacías las pozas para perjudicar al Estado en el caso de no llegar a acuerdo con ella, y en consecuencia se paralizaría la producción de litio por un periodo de 3 años, con un perjuicio que según la minuta la minera llegaría a los 7.500 millones de dólares.
¿El Gobierno tenía otra opción realista que no fuera ceder ante el chantaje?
Lo primero que surge es si procede que el Estado suscriba un acuerdo de asociación con una empresa que lo amenaza de esta forma, a partir de señalar abiertamente que va a vulnerar la buena fe en el cumplimiento del contrato vigente hasta el año 2030, para levantar un chantaje a fin que se le conceda la posibilidad de seguir explotando el Salar de Atacama hasta el año 2060, bajo condiciones que jamás podría haber obtenido de otra forma y en perjuicio del interés fiscal.
Debemos recordar que SQM es una empresa que no solo fue demandada por Corfo el año 2015 después que se descubrió que le mintió al Estado sobre los números que entregaba sobre la explotación del Salar de Atacama para pagar menos de lo que estaba obligado conforme al ya abusivo contrato que obtuvo originalmente el año 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Además, se descubrió que la empresa había realizado un conjunto de actuaciones que afectaban gravemente la propiedad del Estado que arrendaba, inscribiendo a nombre propio pertenencias mineras que se sobreponían a las de Corfo y las rodeaban, con el evidente fin de impedir que el Estado pudiera actuar libremente si no quería seguir con SQM. Todo esto más allá de la burda trama de corrupción que montó la empresa históricamente controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, y que le permitió operar de forma abusiva y sin ninguna fiscalización durante décadas a partir de pagos ilegales a dirigentes políticos de todos los sectores.
A lo señalado se debe agregar que al día de hoy SQM adeuda más de 800 millones de dólares por concepto de Impuesto Especifico a la Actividad Minera el cual se niega a pagar argumentando, entre otras cosas, que para los efectos del cobro de ese impuesto, ella no sería una empresa minera. Lo mas inverosímil de la negativa de SQM es que la otra empresa que opera en el Salar de Atacama explotando litio, Albemarle, ha pagado regularmente este impuesto sin ninguna dificultad.
En este escenario resulta evidente que SQM no es un socio confiable.
Como segundo asunto surge la duda si la amenaza de SQM para chantajear al Estado es completamente real y verosímil, y en su caso, si existe alguna forma de enfrentarla que no sea simplemente someterse al chantaje, tal como lo hizo rápidamente Máximo Pacheco, a cargo de la negociación en representación de Codelco.
Según la mayoría de los expertos que se han referido a este tema, el tiempo para llenar nuevamente las pozas sería de 18 meses y no los 36 meses, como lo afirma insistentemente SQM. De esta forma el perjuicio fiscal en caso de concretarse la amenaza seria la mitad de lo que sostiene la minera de Ponce Lerou. Así las cosas, y aún tomando como base los cuestionables números de SQM, el perjuicio de concretarse la amenaza se reduciría 3.750 millones de dólares, en el peor de los casos.
El Estado, en ese escenario, tiene opciones para enfrentar el chantaje, tales como llamar a una licitación para el periodo posterior al año 2030, exigiéndole a SQM para participar que garantice el llenado de las pozas al termino del contrato vigente, dejando una boleta de garantía para asegurar el cumplimiento de esta condición. En este punto se debe recordar que más del 45% de las utilidades de la empresa provienen de la explotación de litio en el Salar de Atacama, de manera que no lograr su continuidad significaría un golpe durísimo para la compañía, el cual podría llevarla incluso a la quiebra. El incentivo para la empresa claramente está y el Estado tiene la mejor posición negociadora, ya que es dueño del litio del Salar y recupera el total control de su explotación después del 2030.
Por otra parte, el daño que se produzca en caso que el chantaje de SQM se concrete puede ser enfrentando por el Estado estableciendo que un nuevo operador deba utilizar nuevas tecnologías para extraer litio que no requieran de pozas o piscinas, las que se están utilizando cada vez más en nuevos proyectos desarrollados a nivel internacional, especialmente en China. La incorporación total o gradual de estas nuevas tecnologías no solo serviría para enfrentar la conducta matonesca de la empresa de Ponce Lerou, sino que además permitiría mejorar la eficiencia en la producción de litio, y las condiciones ambientales en que se desarrolla. Con la tecnología que usa SQM, actualmente se requiere de dos millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio, en un contexto donde el “Memorándum de Entendimiento” entre SQM y Codelco plantea aumentar la producción a 300.000 toneladas al año, lo que según han destacado las comunidades indígenas que viven en la zona, resulta derechamente insostenible para el Salar.
Además, se puede exigir que quien se adjudique la licitación garantice al Estado los recursos proyectados frente a cualquier eventual “valle productivo”, acompañando la respectiva boleta de garantía para tal efecto, lo que resulta absolutamente viable si se considera el volumen de la operación total por 30 años de explotación en el Salar que tiene las mejores reservas y resulta ser el más lucrativo a nivel internacional.
Otro argumento que reiteradamente se esgrime para defender el acuerdo con SQM es sostener que de otra forma el Estado no podría obtener las ganancias provenientes de un aumento de cuota de producción que se conceda desde el año 2025, ya que sin el incentivo de un acuerdo que se extienda mas allá del año 2030, la minera no va a invertir para aumentar su capacidad de producción desde ya.
Esta parte del chantaje de SQM resulta absurdo, ya que no solo la inversión para concretar un aumento de cuota desde 2025 es marginal en relación a las utilidades que implicaría esa decisión para la empresa, sino que además significa creer que SQM se va a negar a ganar importantes sumas de dinero correspondientes a las enormes utilidades adicionales que ese aumento le significaría.
Pero aun si se aceptara que esa amenaza fuese real, resulta que SQM no es la única empresa que actualmente está explotando litio en el Salar de Atacama, ya que como se ha dicho, también está la empresa Albemarle. No se entiende en este contexto porque no se plantea licitar el aumento de cuota desde el 2025 en adelante, ya que en el caso que SQM realmente no quisiera participar en esa licitación, se la podrá adjudicar el otro operador que existe en el Salar, el que sin duda tiene los incentivos que la minera de Ponce dice no tener, ya que Albemarle tiene contratos cuya vigencia vence el año 2043. Esto sin perjuicio que una licitación pública, transparente y competitiva, puede garantizar mejores condiciones sociales y ambientales en la producción a corto plazo, además de abrir un espacio para exigirle a SQM como condición para para participar en ella el garantizar que no vaciará las pozas en caso de no adjudicarse la operación después del 2030, con boleta de garantía incluida
En este contexto, resulta increíble e inexplicable como el Estado sencillamente reniega de su sólida posición negociadora, al ser dueño del litio que existe en la mayor reserva mundial del mineral no metálico, y sucumbe a la rápida frente al impresentable chantaje de una empresa cuyo nombre ha sido asociado a gravísimos hechos de corrupción y abusos.
El Estado de Chile no está en posición de dejarse amedrentar por el burdo matonaje de SQM, renunciando a legitimar la explotación de una de sus mayores riquezas naturales a través de una licitación pública, trasparente y competitiva que garantice las mejores condiciones económicas, ambientales y sociales. El Estado no puede dejar de ganar 10 mil millones de dólares por un pésimo acuerdo que lo amarrará hasta el año 2060, a partir de una negociación reservada y retorcida llevada a cabo de forma cuestionable, por un grupo de personas cuya identidad ni siquiera se conoce de forma íntegra hasta la fecha, desarrollada durante un breve periodo de algunos meses.
Esto frente a la decisión más trascendente de este gobierno, cuyas consecuencias durarán décadas y afectarán varias generaciones, la que de concretarse va a constituir en un pesado y oscuro legado que será muy difícil de disimular para quienes hoy tienen la obligación de defender el interés publico, pero claramente no lo están haciendo.
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