La Asociación Gremial de Corporaciones Municipales en conjunto con la Corporación Más Progreso publicaron un informe tulado: “Prestaciones educativas: Costo per cápita por estudiantes en la educación chilena”. Ambas organizaciones piensan mandar sus conclusiones al Mineduc (Ministerio de Educación de Chile).
El presidente de la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales (AGCM) y alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete (PPD), representantes de la Corporación Más Progreso y sociólogos dieron a conocer este viernes el estudio denominado “Prestaciones educativas: Costo per cápita por estudiantes en la educación chilena”.
Navarrete explicó que “No existe estudio previo en Chile para decir cuánto cuesta educar, con enseñanza de calidad, un niño”.
El punto de partida de la investigación fue el comprobar la realidad educacional chilena actual: Existe una “segmentación socio-económica, expresada en los bajos resultados de aprendizaje que obtienen estudiantes de menores ingresos en comparación con los niveles de logro avanzados que alcanzan quienes pertenecen a los grupos sociales acomodados”.
Aunque existe la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) para compensar las “desigualdades socioeconómicas existentes entre estudiantes del sistema municipal-subvencionado y quienes asisten al sistema privado”, su implementación no es bastante eficiente para colmar tal brecha.
“En el 2003 los gastos totales por casa estudiante del sector particular pagado superaban aproximadamente en tres veces al de quienes asisten a establecimientos educacionales municipalizados”, explicó el sociólogo presente en el foro.
El objetivo general de la investigación era definir “cuáles son los servicios y prestaciones principales que aseguran una educación de calidad y cuál es el costo per cápita asociado a cada prestación educacional considerada necesaria para brindar una educación de calidad”, precisaron los participantes.
Los investigadores se enfocaron sobre establecimientos educacionales municipales con niveles de logro avanzados (conocido gracias al puntaje sobre el promedio de la Región Metropolitana en Lenguaje y Matemáticas del Simce) en las comunas de Ñuñoa y Providencia.
Este estudio de caso les permitió modelar cuál debiera ser la “fotografía de los costos del sistema educativo anual (año 2010)”. Así, pudieron determinar cuál debería ser el monto de subvención pública necesaria para lograr este estándar de “colegio modelo”. Limitaron sus búsquedas al año 2010 porque, según ellos, las cifras tienen que ser ajustadas cada año según la variabilidad de diversos elementos -los sueldos por ejemplo.
Así, el costo mensual por alumno para una educación básica de calidad con JEC (Jornada Escolar Completa), con el 95% de asistencia, teniendo en cuento el salario de los docentes fijado según la ley, los gastos en administración central, los consumos básicos, el mantenimiento y las reparaciones, la inversión, programas varios, gastos generales, perfeccionamiento y las prestaciones (los gastos para el directivo, el orientador, el psicólogo/a, el psicopedagogo/a, el fonoaudiólogo/a, el inspector/a, los vigilantes, los auxiliares, los paradocentes) debería ser de 75.205 pesos.
Según Navarrete “Los resultados del Simce que logran algunos colegios no son fruto de la ineficiencia de los municipios”, sino de la falta de recursos.
Añadió que “El estado debe financiar la educación básica como cimentos del resto de la educación. Por lo tanto, esto no significa un retorno al modelo centralista del Estado, pasado desde la época del muro de Berlín, pero sí se necesita financiamiento”.
“Las municipalidades también son parte del Estado y aportan la red territorial de servicio que son recursos muy importantes para los alumnos: Tenemos derechos globales con identidades locales”, precisó Navarrete.
El Alcalde terminó subrayando la existencia de una “inequidad territorial en términos de calidad de vida, de calidad educacional, etcétera. […] En las comunas pobres, los resultados del Simce son malos, […] los niños que tienen más plata viven en municipios que también tienen más plata, y así tienen un mejor rendimiento escolar […] El sistema es completamente al revés”.
Asegurar 70.000 pesos para que exista una educación de calidad razonable no permitiría el fin de las desigualdades, pero posibilitaría “que nadie pueda recibir menos” y que así “las familias pagen menos”.
Por Mélissa Quillier
El Ciudadano
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