¿Qué es el Plan Bolonia?

El proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), surge con la Declaración de Bolonia, suscrita por los ministros de Educación de Europa en 1999, y que apunta a una profunda reforma universitaria.

Si bien su aspecto más destacado son las reformas curriculares y homologación europea de títulos, entre sus objetivos está una profunda revisión de las vías de financiamiento de las universidades del viejo continente, significando en la práctica una avanzada en el proceso de privatización de la universidad enEuropa. Si bien en su articulado no lo reconoce explícitamente.

Durante la última década de hegemonía neoliberal en la economía y los gobiernos, la universidad pública tradicional ha debido hacer frente a la expansión de los sistemas universitarios, la crisis de los presupuestos públicos y el desmembramiento del Estado de bienestar.
Las universidad han respondido a este cambio de condiciones diversificando sus vías de financiamiento, lo que las ha hecho subir los precios de los aranceles e invitando a empresas privadas a auspiciar líneas de investigación.
El Plan Bolonia persigue reducir el porcentaje de financiamiento público y que las propios centros de estudio autogeneren sus recursos. “Las universidades deben financiarse más por lo que hacen que por lo que son, centrando la financiación más en los resultados pertinentes que en los insumos, y adaptándolas a la diversidad de perfiles institucionales. Las universidades deben asumir una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo” – reza el Informe Bricall, uno de los tantos estudios que sustentan  el plan.
Paralelamente, la Comisión Europea, máxima autoridad ejecutiva de dicho continente, ha publicado acuerdos a través de los que recomienda que los gobiernos que fomenten la inversión empresarial en la universidad pública, que se concentre el financiamiento en áreas rentables y la gratuidad de la educación sea de a poco reemplazada por préstamos.
También las universidades internamente ya han vivido un proceso de privatización de sus funciones. No sólo la alimentación, la seguridad o la limpieza son entregadas por contratistas privados, también muchas líneas de investigación son financiadas por magnates interesados en el desarrollo de determinadas áreas del saber y la reducción de los aportes públicos exige a las universidades salir a vender productos rentables para las empresas.
En España, el proceso de EEES conlleva que el financiamiento universitario dependerá de la productividad de las universidades. O sea, la capacidad de los centros de estudios de poder vender su saber producido a un buen comprador.
Esto ha conllevado una notoria reducción de las becas para estudios y de la educación gratuita, formas de financiamiento que ha sido reemplazada por sistemas de créditos.

Un informe del 2000, da cuenta del enfoque neoliberal y mercantil que subyace a estas nuevas formas de financiamiento. El texto dice que “con el sistema de préstamos, los estudiantes se hacen más conscientes del coste de su educación, tienen más incentivos para exigir una enseñanza de calidad, y deben esforzarse en los estudios y en el trabajo, para poder devolver la financiación recibida”.
En España la oposición más enconada contra dicho plan viene desde el movimiento asambleario universitario, que acusa la mercantilización de la educación que la EEES conlleva y la nula participación en la implementación de dicho proceso.
José Luis Pardo, catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que “lo que las autoridades políticas no dicen es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo últimamente”.

AJUSTE NEOLIBERAL DE LA PRODUCCIÓN DE SABER

Un informe presentado en 1995, tres años antes de la Declaración de Bolonia, hecho por la European Round Table of Industrialists (ERT) o Mesa Redonda de los Empresarios Europeos, lobby que agrupa a ejecutivos de multinacionales como Nestlé, British Telecom, Total, Renault o Siemens, propende a añadir la visión práctica de la empresa en los cambios de los sistemas educativos europeos.
El informe señalaba como objetivo el “presentar la visión de los empresarios respecto a cómo ellos creen que los procesos de educación y aprendizaje en su conjunto pueden adaptarse para responder de una manera más efectiva a los retos económicos y sociales del momento”.
Tal gestión de los espacios de saber en función de la producción la vislumbró en 1974 ,Peter Drucker, quien escribió La sociedad post-capitalista, libro en el que acusaba la necesidad de generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro de la producción de riqueza y que más importante que la cantidad de conocimiento producido es su productividad.

UNIVERSIDAD Y PRODUCTIVIDAD

En Occidente se aceptó luego de cientos de años un espacio de saber autónomo preocupado de la profundización del conocimiento en sí, tarea dada a la universidad. Ligar hoy este espacio de producción de saber con el desarrollo de una economía cuyo exponente central son las trasnacionales genera resistencias en bloque.

Carlos Fernández Liria, profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, considera que Bolonia “en realidad se trata del equivalente a una reconversión industrial en el mundo académico. Su objetivo es poner a la universidad pública al servicio de las empresas”, y añade que “las universidades públicas deberían poder ser financiadas con criterios académicos autónomos, que se conformen según los intereses de la razón y no los del mercado”.

Por su parte, Rafael Escudero Alday, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, opinó al diario español Público que “la consecución de una formación general y humanista, labor clásicamente encomendada a las universidades, resulta ajena a lo que el mercado demanda. En la tensión entre formación integral y máxima especialización ha vencido esta última, relegando a las universidades al papel de altas escuelas profesionales”.

También hay oposición a que las empresas sean las que condicionen los planes de estudios de los centros de estudio, porque nadie se cree hoy el cuento de donaciones de grandes mecenas sin el querer estos definir las orientaciones del saber a producir.

Otra crítica es por la antidemocrática forma en que se ha implementado el Plan Bolonia, inconsulto a la ciudadanía y los miembros de las comunidades universitarias.

RECHAZO EN OTROS PAÍSES

El Plano Bolonia no sólo es rechazado en España, también lo ha sido en otros países de la Unión Europea.
En Italia su instalación es a través de la Ley de Gelmini, promulgada por el gobierno de Silvio Berlusconi. Como esta ley persigue el desmantelamiento de la educación pública, las movilizaciones de estudiantes y profesores, que congregaron en la calle a más de un millón de estudiantes el año pasado, según los medios italianos, lograron aplazar su concreción.
En Grecia, en mayo del año pasado se debatió en el Parlamento la constitucionalidad de la nueva Ley de  Universidades,  ya que el Artículo 16 de la Constitución de dicho país prohíbe el funcionamiento de universidades privadas.
En Inglaterra si bien los estudiantes pagan sus estudios superiores, se facilitan becas a las familias con  ingresos modestos. En tanto que en Alemania la Fachhochschule (Universidad de ciencias aplicadas), la Berufsschule y la universidad mantienen a 400 universidades y Fachhochschulen, la mayoría de ellas públicas.

El Ciudadano