Los que firmaron la petición esperan que el Mineduc se pronuncie en relación a la gratuidad y frente a eso, Jaime Bellolio (UDI) dijo que hay dos puntos cuestionables en donde el TC debiese dejar impugne el mecanismo fijado por el cual se implementará la gratuidad que pretende financiar la educación de 200 mil jóvenes.
El primero de sus argumentos es que se establecen condiciones y cambios sustantivos a la forma a través de la cual se entregan beneficios a la educación superior, y explicó que eso debe ser materia de una ley permanente y no por medio de la letra chica de una glosa.
Por otro lado, dijo que se están estableciendo condiciones discriminatorias, que atentan contra los estudiantes más vulnerables que están en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales o en las universidades privadas.
Es absurdo que hayan nueve regiones sin beneficio en sus CFT e IP, aún cuando hay estudiantes vulnerables que podrían estar dentro de la iniciativa, los diputados opositores están pidiendo que las fórmulas discriminadoras se retiren.
El diputado demócrata cristiano, Mario Venegas aclaró que desde el Gobierno observan que el negocio se está acabando y según él es porque ellos son partidarios de que no haya lucro en la educación y también porque entienden la importancia que tiene para el país el desarrollo correcto de la gratuidad.
Si bien sabemos que existe un interés de parte del Gobierno en cuanto a escoger con pinzas a quienes darle o no el beneficio de la gratuidad y que muchos de esos requisitos pasan dejando restos de caprichos o intereses poco avalados y sin bases argumentativas racionales, finalmente lo que motivó a los parlamentarios de la UDI y RN es que ya han perdido en dos instancias democráticas que son la Cámara de Diputados y el Parlamento.
Entonces, al no tener tampoco una representación del poder ejecutivo tratan de concurrir a la última instancia que establece la Constitución que es el Tribunal Constitucional, en donde si bien tienen mayoría, es una mayoría que no es democráticamente electa para tratar de revertir una norma que puede estar lejos de lo que a uno le gustaría pero que consagra gratuidad para estudiantes que son elegibles y esas instituciones no son por criterios arbitrarios, sino por criterios que las mismas leyes han reconocido como posibles diferenciadores.
El diputado Giorgio Jackson, conversó con El Ciudadano y explicó que la petición no tiene mucho respaldo y que finalmente es una pataleta por parte de la UDI y de RN, “pero uno nunca sabe”, añadió. “Sería realmente escandaloso que el TC y se excluya de todo tipo de racionabilidad jurídica y termine fallando en contra de la gratuidad de 200 mil estudiantes”.
Como sistema hemos crecido bajo entornos privatizados, lo que se transforma en el mínimo de ofertas académicas y hay que hacerse cargo de eso, porque la aprobación de CFT estatales o universidades en regiones significan un menor esfuerzo y la idea es que el país tenga buenas ofertas educativas, lo cual tampoco justifica entregar fondos a instituciones que hacen de la educación un negocio. Eso sería un retroceso gigante.