La abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que quienes comparten sus labores tiene la obligación de develar a la ciudadanía la serie de alternativas jurídicas que hoy permiten, sólo con la respectiva voluntad política, acceder a lograr un sistema de educación superior público, gratuito y universal.
Al mismo tiempo, señala que es el sistema político el que en estos últimos 25 años se ha dedicado a mantener impenetrable un sistema que solo beneficia a los grupos de poder establecidos.
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