Finalmente, por seis votos contra cuatro, los ministros del Tribunal Constitucional (TC) acogieron impugnar una parte de la gratuidad impuesto por 31 diputados derechistas y declaró que los requisitos expuestos por el Gobierno y el Mineduc para las instituciones que se sumarán el próximo año al plan son inconstitucionales y con eso consideró que el proyecto contiene discriminación arbitraria, ergo, el Mineduc debe ingeniárselas para entregarle también el beneficio a instituciones que estén fuera del cartel del Cruch.
El rechazo a la glosa presupuestaria, es decir, el cuestionamiento que daría vida a la gratuidad ocurrió por el empate con cinco votos a favor y cinco en contra, pero el presidente del organismo, Carlos Carmona, se inclinó por considerar que la Ley de Presupuestos era más viable que la glosa y terminó por dirimir a favor del requerimiento derechista.
La exigencia de una participación triestamental en las instituciones que se sumen al beneficio también fue bajado por siete votos contra tres de los ministros del TC.
Un día antes que termine el plazo, el 21 de diciembre, será notificado el fallo final a los distintos organismos educativos. Hasta el momento la defensa que tienen los diputados que entregaron el recurso es que supuestamente se estaba dejando al margen de la gratuidad a los estudiantes más vulnerables del país por un capricho de gobierno que tenía que ser modificado con el fallo del TC, esto según el diputado UDI Jaime Bellolio.
El Evópoli Felipe Kast también saltó a la prensa apenas se dio a conocer la noticia y declaró que las familias chilenas “van a poder dormir más tranquilas” después de saber que sus hijos ya no serán discriminados.
Los “requisitos de elegibilidad” a los que el TC se opuso, echó abajo lo planteado durante mucho tiempo por el Ejecutivo para que las instituciones accedan a la gratuidad, lo que significa que los organismos involucrados tendrán que aumentar los gastos previstos para incluir a más estudiantes y al mismo tiempo impulsar una ley corta para materializarlo.
Lo que ocurre básicamente es que se están apurando los trámites y el desarrollo de un proyecto educativo para mejorar el nefasto sistema que hoy se utiliza en el país por lo que se están convirtiendo en un juego de gallito entre el Ejecutivo y los opositores, que terminará por destruir lo poco que queda de juicio en los parlamentarios que deciden el futuro, en este caso, de la gratuidad. Alguno de los impulsores, dicen que es mejor ingresar en marzo la iniciativa y así analizarlo mejor en vez de que se haga en enero, según ellos, para evitar movilizaciones.
El 2016 y lo que queda de este año, será combatido por el movimiento estudiantil y las distintas organizaciones que durante un largo periodo salieron a las calles y se encargaron de tratar de cambiar paradigmas en la educación chilena, pero esta vez tendrán que gritar más fuerte y hacer que de una vez por todas el Gobierno considere trabajar mediante mesas colaborativas con los verdaderos actores presentes en la educación.