Actores de la educación desmenuzan el proyecto de desmunicipalización

El proyecto de Nueva Educación Pública propone una nueva institucionalidad a través de la creación de 68 Servicios Locales para la administración de la educación pública, que estarán bajo el mando de un Director Ejecutivo, escogido a través de Alta Dirección Pública por un período de seis años. El texto dice que estos directores “serán para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia”.

Que los Servicios Locales tengan como único propósito la administración del nuevo sistema educacional, es un aspecto destacado por quienes dan el visto bueno a la medida. Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), comenta que “la educación sale de la municipalidad, vuelve al Estado, pero incorporando la territorialidad de las escuelas y de los sectores». Para José Corona, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), “se avanza porque ya no se deja la administración de los colegios a la voluntad política de los alcaldes».

En la vereda contraria se encuentra Diego Arraño, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), para quien el proyecto “no viene a desmunicipalizar, sino que a mantener las mismas lógicas, pero cambiándole el nombre”.

Rodrigo Cornejo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), critica que la nueva institucionalidad no esté aparejada a un nuevo sistema de financiamiento. «Hay otros países del mundo que han intentado hacer institucionalidad pública local, pero esos países cuentan con un financiamiento estatal preferente, directo y adecuado”, comenta.

En tanto, Javiera Toro, directora del Grupo de Estudios en Educación de Nodo XXI, considera que “es evidente que la administración municipal ha sido muy desastrosa. Pero nosotros creemos que no es llegar y sacársela a los municipios y que toda la estructura que se crea desaprovecha las capacidades que ya tiene el sistema».

Una opinión similar tiene Egidio Barrera, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación. A su juicio, el Mineduc debe encargarse de la administración directamente, “porque están las capacidades y la infraestructura necesaria para desarrollar esa gestión. Generar 68 Servicios Locales, con todo lo que significa el personal e infraestructura, estamos hablando de alrededor de US$1.200 millones, que no sé de dónde los van a sacar, porque esa plata hoy no está».

Fuga de la educación pública

En los últimos 15 años, la matrícula de establecimientos municipales ha perdido 584.243 estudiantes, según datos del Mineduc. Si en 2002 se matricularon 1.858.824 alumnos, este año fueron 1.274.581. Al mismo tiempo, los colegios particulares subvencionados aumentaron su matrícula en 627.807 estudiantes, pasando de 1.313.970 a 1.941.777 matriculados, en igual período.

Las causas del declive son variadas, desde la competencia entre establecimientos públicos y particulares subvencionados, hasta municipios gastando dinero de educación en otras necesidades. Sin embargo, para Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, este es “un problema estructural, porque el pago de la subvención es competitivo y por asistencia media, lo que significa que mientras el alumno falta a clases, menos plata recibe el sostenedor. El mayor ausentismo escolar se produce en las escuelas municipalizadas”.

De ahí que una de las preguntas que surgen respecto del proyecto de desmunicipalziación sea su capacidad para frenar esta tendencia. Para Manuel Sepúlveda, sociólogo y ex director de política educativa de Educación 2020, esto se lograría “en la medida que el proyecto cumpla con sus objetivos”, aunque advierte que “no basta con la aprobación de las leyes, sino que efectivamente se tienen que dar procesos de gestión y administración de calidad, por parte de los nuevos Servicios Locales».

Rodrigo Cornejo tiene una opinión distinta y piensa que la implementación del proyecto no contendrá la fuga de la matrícula pública. “No hay ningún indicio para señalar eso, porque el proyecto de ley mantiene la lógica de competencia», dice. Además, agrega que “el proyecto de ley apunta a que la educación pública sea la educación de los pobres».

Participación de la comunidad educativa

Los Consejos Locales “colaborarán con el Director Ejecutivo de cada Servicio Local en el cumplimiento de su objeto”, de acuerdo al texto enviado al Congreso. Estarán integrados por alcaldes y representantes de los estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación, universidades, centros de formación técnica/institutos profesionales y del gobierno regional.

La entidad hará recomendaciones respecto del Plan Estratégico de cada Servicio Local, sin embargo, la ley le reserva un carácter propositivo y consultivo. Este último rasgo genera opiniones divididas en los entrevistados.

Para Javiera Toro, en los Consejos Locales habrá un “simulacro de participación”, debido a que “prácticamente no tienen ninguna facultad resolutiva”. A su juicio, “no tiene mucho sentido crear instituciones que solo son más burocracia, si no tienen facultades».

Por otro lado, Manuel Sepúlveda afirma que la iniciativa potencia la participación, pero se opone a que los consejos tengan un carácter ejecutivo. “Debe ser una figura consultiva con responsabilidades, porque si el Consejo Local se transforma en un ‘directorio’, pasará a ser un espacio de disputa política, que no permitirá que mejore la calidad de la educación pública», señala.

Financiamiento

La estructura de financiamiento contenida en el proyecto mantiene la subvención por asistencia, sin embargo, el capítulo se mantiene en suspenso, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de una indicación que obliga al Ejecutivo a enviar una fórmula que modifique la actual.

Para los entrevistados, esta es la principal carencia del proyecto. Manuel Sepúlveda explica que el conjunto de reformas en educación “inyectará  una cantidad enorme de recursos al sistema, más de US$3 mil millones, que permite eliminar el déficit financiero que hoy tienen los municipios. Sin embargo, es necesario un cambio en la estructura de financiamiento, si uno quiere terminar con las desigualdades entre territorios”.

Javiera Toro cree que “es positivo que haya una inyección de recursos por fuera del subsidio a la demanda, pero es muy mínimo en relación a todo el sistema”. En la misma línea, José Corona plantea que “tal como está el proyecto de ley, no se materializa un cambio profundo».

Según Jaime Gajardo, se debe establecer un nuevo esquema que corrija un problema estructural del sistema. «Uno no puede mantener un sistema que tiene gastos fijos con un financiamiento variable”, indica.

Dafne Concha expresa su rechazo a la continuidad del voucher en el financiamiento del sistema. «No puede ser que nuestros hijos sean la mercancía de cambio para desarrollar un derecho tan fundamental como es la educación”, mientras que Diego Arraño apunta al financiamiento basal, “con la renacionalización de los recursos naturales, no solo el cobre, sino que el agua, el litio y el resto de los recursos que tiene el país y que no se aprovechan al 100%».