A raíz de reportaje de El Ciudadano: Declaran admisible proyecto de ley que busca impedir millonarios sueldos de sostenedores de colegios subvencionados

A finales de octubre pasado, El Ciudadano publicó el reportaje «Los multimillonarios sueldos con que sostenedores de colegios subvencionados abultan sus extraordinarias ganancias», el cual demostró que la Ley 20.845 (de 2015), que prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, hace agua por todas partes.

A partir de una solicitud de acceso a la información por Ley de Transparencia a la  Superintendencia de Educación (SE), se pudo constatar que existen veinte (20) sostenedores particulares subvencionados que en los años 2020 y 2021 se autoasignaron sueldos por sobre los 132 millones de pesos al año y que en un caso llegan a 295 millones. El promedio anual que reciben estos veinte sostenedores es de 188 millones, esto es, 16 millones de pesos mensuales.

De esos veinte sostenedores, ocho (8) de ellos, es decir el 40%, se autoasigna sueldos anuales que sobrepasan los 200 millones.

En su artículo para este medio, Francisco Marín planteó que al analizar los datos sobre los auto-sueldos mensuales de los administradores de los sostenedores particulares subvencionados durante el año 2021, se puede establecer que: el 92% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 10 millones mensuales; 26% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 20 millones mensuales; 2% tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 30 millones mensuales; mientras que el 0,4 tiene sueldos que han superado, en algún mes, los 40 millones mensuales.

Luego de que El Ciudadano dejara al descubierto que decenas de sostenedores privados de educación particular subvencionada evaden la ley que prohíbe el lucro en educación a través de autoasignarse millonarios salarios un grupo de diputadas y diputados desarrolló un proyecto de ley que busca poner fin a esta práctica.

Dicha iniciativa que fue presentada a finales de noviembre por la diputada Camila Rojas (Comunes), junto a sus pares Emilia Schneider (Comunes), Héctor Barría (DC), Alejandra Placencia (PC) y el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana (PS), fue declarada admisible en la Cámara.

De este modo, se suma a las denuncias y los requerimientos realizados por el gremio docente, que ha pedido medidas a la Superintendencia de Educación para asegurar que los fondos públicos vayan a mejorar la enseñanza y no a los bolsillos de privados.

En proyecto plantea en su artículo único:

Para agregar un nuevo inciso 3ro al artículo 3ro del Decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales:

En cualquier caso, la remuneración de sostenedores de establecimientos particulares
subvencionados no podrá ser superior al equivalente a un cargo grado 4° de la Escala Única
de Sueldos Decreto Ley 249.

Artículo transitorio:
La Superintendencia de Educación dictará las instrucciones de carácter general mandatadas
en el artículo 3º inciso 4º el Decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, en el plazo
de 3 meses desde la publicación de esta ley.

Falta de voluntad política en la Superintendencia de Educación

En conversación con El Ciudadano, el vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile, Eduardo González, relató cómo fue el proceso para desarrollo del proyecto parlamentario frente a la falta de voluntad por parte de la Superintendencia de Educación para abordar este tema.

«Hicimos dos acciones, oficiamos a la Superintendencia de Educación para que respondiera por qué esa situación estaba ocurriendo. Recordemos que la Ley del Fin de Lucro, que establece que este organismo debe emitir una circula que debe establecer los criterios y los montos máximos para poder fijar las remuneraciones de los propios de dueños los colegios particulares subvencionados».

Explicó que esta declaración data desde el 2016 y que a la fecha el organismo no ha emitido esa circula, «no por falta de criterios técnicos sino por una cuestión política».

«La Superintendencia no ha respondido nuestro oficio, no tenemos una respuesta del Gobierno».

En paralelo, los representantes del Colegio de Profesores le entregaron los antecedentes revelados en reportaje de El Ciudadano a la diputada Camila Rojas.

«Nos reunimos con ella y con dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Educación que, y se acordó presentar un proyecto ley que se anunció ayer, y el proyecto fue declarado admisible», destacó Gonzáles.

«Lo relevante es que se declaró admisible por tanto es posible abordarlo o legislar el tema desde Parlamento», acotó.

¿Qué establece el proyecto?

El vicepresidente del Colegio de Profesores, Eduardo González, indicó que en estricto rigor el proyecto presentado por los parlamentarios básicamente establece un criterio básico y esencial que para regular los sueldos, que no tienen regulación por falta de voluntad política de la Superintendencia durante de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

«Establece que ningún sueldo de un dueño de colegio, puede ser superior a lo que recibe un funcionario público por la misma función, que es básicamente hoy día comparar el sueldo de que recibe un director ejecutivo de un servicio local, que son los administradores de la educación en el nuevo formato de educación pública», señaló.

Puso como ejemplo el caso de Valparaíso, donde se creó un servicio local de educación, en el cual un director ejecutivo es el responsable de la administración y la gestión de prestar un servicio educativo en Valparaíso y Juan Fernández, en este caso dos comunas, y esos funcionarios tienen sus sueldo según el grado 4 de la escalade funcionario público.

«El proyecto dice que el Estado paga un sueldo a un funcionario público para cumpla esa labor, por lo que los sostenedores y dueños de colegios privados no pueden tener un sueldo superar a quienes cumplen la misa función en el servicio publicó (…) Eso nos parece un criterio básico y fundamental y de aprobarse el proyecto y cursar la circular que eventualmente tiene que sacar al Superintendencia de Educación no puede tener un criterio distinto a este», destacó.

A juicio de González, la iniciativa parlamentaria abre la discusión de fondo sobre cuáles deben ser los criterios centrales que deben definirse para poder fijar los sueldos de estos colegios privados que no tienen absolutamente ninguna regulación.

Derecho a la educación vs libertad de enseñanza

Eduardo González planteó que la iniciativa parlamentaria también le pone presión al gobierno del presidente Gabriel Boric para que se pronuncie sobre «si va sacar la circular o va a apoyar esta moción parlamentaria con sus diputados y senadores en el Congreso, o no».

Indicó que dentro de las bases del llamado Acuerdo por Chile pactado por los partidos políticos para el desarrollo de un nuevo proceso constituyente, el punto número 9 no contempla en ningún lado el derecho a la educación, sino la defensa de la libertad de enseñanza, «tal y como está hoy en día en la Constitución de 1980, que precisamente es entendida como libertad de empresa, lo que ha generado negocio en la educación y que se sigan enriqueciendo los dueños de los colegios».

«Esas bases constitucionales lo que hacen es perpetuar lo que ya existe, y por tanto esta iniciativa entra en discusión con este debate tras de fondo», afirmó.

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