Académicos de la U. de Chile alertan sobre el curso que lleva la reforma educacional

Un grupo de decanas y decanos de la Universidad de Chile instaron a la ciudadanía a hacerse parte de un debate que restituya el rol del Estado en el desarrollo de la educación superior de vocación pública. Ello, en cuanto observan “con franca preocupación” que los avances en educación no se enmarcan en una política de Estado que transforme sustancialmente las condiciones vigentes.

La reforma propuesta, señalan en una declaración pública, “sólo representa, en su estado actual, una mejora regulatoria, pero no una verdadera transformación política que sitúe la formación profesional, técnica, la investigación y la extensión universitaria como pilares del desarrollo y la democracia de nuestro país, en estrecho vínculo con las realidades regionales y con perspectiva nacional”.

La declaración está firmada  por María Eugenia Góngora, Decana Facultad de Filosofa y Humanidades; Clara Luz Cárdenas, Decana Facultad de Artes; Víctor Cifuentes, Decano Facultad de Ciencias; Roberto Aceituno, Decano Facultad de Ciencias Sociales y María Olivia Mönckeberg, Directora Instituto de la Comunicación e Imagen.

“Apelamos a una reforma de alcance nacional que restituya la condición pública de los derechos de educación superior garantizados por el Estado y sus instituciones, diferenciándolas de aquellas que desarrollan sus propuestas formativas en el contexto de sus iniciativas empresariales”, señala el texto.

Y agrega: “Consideramos que el subsidio a la demanda, a través de las lógicas de gratuidad que definen esta propuesta, consolida un modelo más que avanzar en su necesaria transformación. Chile requiere un sistema de educación superior que sea verdaderamente un modelo paradigmático de desarrollo democráticamente articulado, el cual no puede sustentarse,  de manera exclusiva, en mecanismos regulatorios o en el subsidio a expectativas individuales. Más aun, este debe sustentarse en definiciones sobre la calidad, la pertinencia y las dinámicas institucionales de comunidades participativas, sujetas a principios democráticos y a un financiamiento que valorice lo público por sobre lo privado”.

“No desconocemos la buena voluntad que, aparentemente, inspira estas propuestas. Muchos de los  elementos que menciona  deberían ser parte de una reforma verdadera como lo son la acreditación obligatoria, prohibición del lucro, exigencias de participación democrática, eliminación de la gestión empresarial si se postula a recibir recursos del estado. Pero sin las condiciones de base que hemos expuesto, caeríamos en la trampa de intentar una reforma que no transforma lo esencial del modelo neoliberal vigente”, informa.

Por último, dicen que la actual reforma no reforma lo esencial del modelo neoliberal de educación superior vigente. Ello, por qué:

1.- Porque mantiene la indiferenciación de lo público y lo privado respecto a instituciones de naturaleza diversa, que la propuesta tiende a hermanar, sobre la base de un subsidio a la demanda –vía gratuidad-  y una regulación necesaria pero insuficiente.

2.- Porque no define una política  cuyo alcance nacional debería establecer como primer punto el rol diferencial de las instituciones del Estado, restituyendo el sentido de lo público y de sus recursos asociados a un sistema mercantilizado por más de treinta años.

3.- Porque no se basa, como una verdadera reforma, en una definición política y cultural de lo que se entiende por educación superior y sus exigencias a partir de un análisis detenido sobre lo que el sistema debería aportar al país, a la sociedad, a la ciudadanía, más allá de sus “beneficiarios” individuales –clientes- y/o institucionales.

4.- Porque deja entrever un riesgo mayor, éticamente cuestionable, que desconoce –sin sanción ninguna- que muchas instituciones han acumulado capital, patrimonio, reconocimiento, sin regulación durante treinta años, con el agravante que varias de ellas se encuentran comprometidas judicialmente. Es importante destacar que la propuesta actual de la reforma vendría a consolidar el “lucro” de las instituciones privadas, el cual quedaría regulado al momento de ser aprobado el proyecto en su formulación actual, en un escenario mercantil del todo favorable para ellas y desfavorable para otras, de naturaleza estatal.