Según el último censo realizado en Argentina, casi diez millones de personas son jóvenes en edad de realizar estudios en distintos niveles. Por primera vez en la historia, en caso de aprobarse la Ley de Promoción de Juventudes, tendrán una normativa que garantice los derechos correspondientes a esa etapa de la vida.
La normativa busca determinar las responsabilidades del Estado frente a los jóvenes de entre 15 y 29 años. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará a tratarse en comisiones en las próximas semanas y entre otras medidas, figura que el plan Progresar-aquel que da un estímulo económico para que jóvenes terminen los estudios secundarios y realicen carreras de nivel terciario- pasará de ser un decreto presidencial a tener rango de ley y se actualizará automáticamente cada seis meses junto a las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo.
La Presidenta Fernández de Kirchner definió los objetivos del al anunciarlo por cadena nacional, de la siguiente manera: “Vamos a consagrar las políticas públicas orientadas a los jóvenes, para que las futuras generaciones tengan los mismos derechos que tienen hoy”, expresó.
“Hemos recuperado el rol protagónico de la juventud en la vida política y social, a partir de un Gobierno que la escucha y un Estado que está presente. Que hoy los jóvenes se sientan incluidos en un proyecto de país, a diferencia de los 90, es una realidad que no vamos a dejar que se revierta” afirmó en diálogo con el diario Página/12 la diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV) María Luz Alonso.
Además, el proyecto de la ley de promoción de juventudes establece la creación de seis nuevos organismos que tienen a la juventud como principal benefactor. Entre ellos, se destacan el Instituto de la Juventud, que estará encargado de implementar el Progresar, y la Secretaría de Juventud, que jerarquiza la actual subsecretaría dependiente de Desarrollo Social y pasará a estar bajo dependencia de la Presidencia de la Nación.
La Defensoría del Joven, otro de los organismos a crearse según la ley, tendrá como finalidad generar conciencia sobre ciertos actos y discursos discriminatorios y estigmatizantes hacia la juventud, además de ser un espacio de contención necesario para un sector de la población vulnerable al acoso y la violencia verbal.
Al presentar el proyecto, la presidenta aclaró que el término “juventudes” en el nombre de la ley hace referencia “a toda la diversidad jóvenes” en oposición al discurso hegemonizador de los medios masivos de comunicación, y señaló que la creación de la defensoría antes mencionada es una respuesta “a las muchas formas en las que son agredidos”
Así, Argentina busca establecer un piso de derechos para la juventud dentro de su territorio, algo que no pasó nunca a este nivel en su historia, y mucho menos si se toma como parámetro la vuelta a la democracia. Desde el oficialismo confían en que el proyecto se apruebe antes de fin de año.
Foto: Paloma Baldi
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