Avance en derechos universitarios define a la nueva Ley BUAP

La reforma a la Ley de la BUAP aprobada este jueves en el Congreso de Puebla, fue celebrada como un avance histórico en los derechos universitarios, por la creación de una defensoría, así como un parteaguas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

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Tras los cuestionamientos en el proceso legislativo, la iniciativa impulsada por la rectora María Lilia Cedillo Ramírez se avaló con 34 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones en la sesión ordinaria del pleno.

En respaldo del proyecto, la diputada de Morena Xel Arianna Hernández García, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la reforma fue resultado de una consulta a la comunidad universitaria, en la cual participaron 53 mil personas, entre estudiantes y personal académico.

En su intervención en la tribuna parlamentaria, precisó que también se realizaron tres mesas de trabajo con la rectora y otras autoridades de la máxima casa de estudios, para analizar los objetivos y alcances del proyecto.

La legisladora por el distrito 11 de Puebla capital sostuvo que en las mesas de trabajo se escucharon todas las propuestas y se aceptaron modificaciones sustanciales, principalmente en materia de transparencia, respetando la autonomía de gestión de la institución.

Además, resaltó que desde hace 25 años no se hacía una reforma integral como ésta a la ley promulgada en abril de 1991, de ahí su importancia, ya que las modificaciones no sólo son una actualización de las funciones de la universidad, sino que por primera vez visibilizan y garantizan los derechos universitarios, el respeto a la diversidad de grupos y abordan la violencia de género.

Hernández García agregó que el dictamen constituye también un avance en la internacionalización de la BUAP, ya que establece nuevas funciones y facultades para facilitar el intercambio de investigaciones, estudiantes y docentes con instituciones en el extranjero.

Reforma a Ley de la BUAP fortalece calidad académica

La diputada del PRI Laura Zapata Martínez, integrante de la Comisión de Educación, aseguró por su parte que con la reforma se fortalecerá la calidad académica de la máxima casa de estudios de Puebla, pues se actualizarán los modelos y planes de estudio para hacerlos acorde a lo que demanda el país y el mundo.

En su intervención calificó las modificaciones como un acto de “congruencia”, ya que se abordan los derechos universitarios y la prevención de la discriminación y la violencia contra las mujeres como temas medulares en la educación de la juventud.

Para combatir la violencia de género, explicó que se fomenta la participación interdisciplinaria, de manera que sociedad, universidad y los tres órdenes de gobierno coadyuven en la erradicación de este problema social que destruye vidas y familias.

La nueva ley de la BUAP

La reforma a la Ley de la BUAP también eliminó el límite de 65 años de edad para aspirantes a encabezar la rectoría, con la premisa de que era un requisito discriminatorio, de acuerdo con Hernández García.

Para crear la defensoría se estableció un capítulo en la ley para señalar que esta será “la instancia encargada de la defensa de los derechos universitarios de quienes integran la comunidad universitaria”, y el Consejo Universitario tendrá un plazo de ocho meses para iniciar la elaboración del reglamento de la misma luego de promulgarse la reforma.

Con la entrada en vigor de las modificaciones, el consejo estará facultado para elegir a la persona que encabece la defensoría, entre una terna propuesta por la rectora, como actualmente se elige a quienes presiden la Tesorería y la Contraloría General, así como a la abogada o abogado general.

El consejo también adoptará la función de “promover, fomentar y evaluar los estudios en los niveles educativos que imparta la Universidad, la investigación científica, artística y humanística, así como impulsar el intercambio cultural, científico, artístico y académico”.

La responsabilidad social y el nuevo modelo educativo se abordan en un capítulo especial que indica que, a través de la docencia, la investigación, preservación, acrecentamiento y difusión del arte y la cultura, la universidad promoverá:

I. La igualdad sustantiva entre las personas; II. La prevención y erradicación de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, especialmente las que se ejercen contra las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad social; III. La constitución de espacios universitarios libres de violencia; IV. Las políticas institucionales con perspectiva de género; V. El deporte, el cuidado de la salud y el bienestar psicoemocional individual y colectivo; VI. El respeto, cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad; VII. La internacionalización a través de la investigación, la cooperación académica, el intercambio y la movilidad;

VIII. Los valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos; IX. La participación multi, trans e interdisciplinaria en la detección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; X. La formación en habilidades digitales, así como el uso ético y responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; XI. La preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de las diversas culturas; XII. Las conductas éticas del personal académico y alumnado y el respeto a los derechos de autor; XIII. La integridad académica en la realización de las actividades sustantivas, adjetivas y regulatorias; XIV. Las lenguas, tradiciones y manifestaciones culturales de las comunidades como forma de generar identidad regional, y XV. El ejercicio responsable de los recursos públicos, a través de procedimientos que permitan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Los cuestionamientos a la reforma se debieron al plazo breve que hubo para participar en la consulta, así como la rapidez con la que el Consejo Universitario avaló el proyecto legislativo y lo envió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que este a su vez lo remitiera al poder Legislativo.

Foto: Agencia Enfoque

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