El pasado 8 de enero en el zócalo de la Superintendencia de Pensiones se lanzó oficialmente la Comisión de Educación de la ANEF bajo la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación y el apoyo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. Dicha instancia creada el enero de 2015 reúne a las asociaciones de trabajadoras y trabajadores de la Agencia de Calidad (ANFACE), Junta Nacional de Jardines Infantiles (APROJUNJI), Superintendencia de Educación (ASUME), Ministerio de Educación (ANDIME), Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (ASFUNCO) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (AFAEB).
El lanzamiento que duró una mañana completa inició con saludos de dirigentes y autoridades como Raúl de la Puente (presidente de la ANEF), Camila Rojas (presidenta de la FECH), María Isabel Díaz (Subsecretaria de Educación Parvularia) y Atilio Pizarro (Encargado de planificación educativa de UNESCO).
Acto seguido se contó con exposiciones de especialistas en educación (Henry Renna de la Unesco y Juan Gonzáles de Opech/Centro Alerta) sobre el tema de la privatización de los sistemas educativos y presentaciones de representantes de la Federación y la Comisión sobre la situación de las y los trabajadores en el país bajo este contexto de tercerización y precariedad en el empleo público bajo el modelo neoliberal (Arturo Pino Presidente de FENAEDUP y Victor Parga Presidente de la Comisión de educación ANEF).
Al final de la jornada se dio un importante trabajo colaborativo con todas las organizaciones presentes para identificar las situaciones críticas de los servicios educacionales, en particular, y la educación en general en Chile. En esta parte se hicieron presentes delegados de la ACES, SUTE, CORPADE, Red de Profesores de Filosofía, Acción Docente, Alto al SIMCE y trabajadores y profesionales federados.
Trabajadores públicos: un factor educacional
En la actividad Victor Parga, dirigente de ASUME y Presidente de la Comisión de Educación de la ANEF presentó algunos temas críticos que serán tratados durante el año por este espacio. Entre ellos están las limitaciones de la planificación tecnocrática y racionalista como perspectiva única detrás de la toma de decisiones del ámbito educacional y el déficit de información sobre la realidad de las y los trabajadores públicos de la educación, que da cuenta que no sería considerado como un factor educacional de la agenda y se reduce a un asunto de recurso humano o de presupuesto fiscal.
El objetivo, en palabras del dirigente, es “instalar el rol de los trabajadores públicos de la educación y el diseño de los servicios como un factor clave en la reforma que quiere Chile, dirigida a fortalecer lo público, lo común, lo que es de todos y todas”.
Privatización de los sistemas educativos
La realidad de los servicios de educación como de los distintos actores está condicionada por el contexto mundial de los sistemas educativos. Henry Renna, de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, dio cuenta de los principales cambios en la composición de la oferta matrículas a nivel parvularia, primaria y secundaria a partir de un monitoreo realizado junto a la Federación durante el segundo semestre del 2015 y que está próximo a entregar sus primeros resultados.
“Hoy en el mundo más de 270 millones de niños, niñas y jóvenes estudian en instituciones privadas. En nuestra región son más de 20 millones, con una participación alrededor del 25 por ciento dentro del sistema”. La realidad de América Latina es contradictoria señala el investigador, “puesto que presenta un tránsito mixto o cruzado, por un lado de fortalecimiento de la oferta pública en infancia disminuyendo la provisión privada cuatro puntos en las últimas tres décadas, pero por otro un crecimiento de su participación en secundaria y especialmente a nivel primaria aumentando siete puntos; casi el 90% del total de matrículas creadas en primaria en las últimas tres décadas son nuevas matrículas en centros privados, de las 3,6 millones 3,2 están en el mercado”.
Agrega el cientista político, “esta transformación si bien tiene escala global, la información indica que serían los países en vías de desarrollo los con mayores niveles de cobertura privada y por cual las poblaciones más pobres las más expuestas a los efectos del fenómeno privatizador”.
La información entregada da cuenta que Chile estaría por sobre todos los valores regionales de participación de privados alcanzando porcentajes sólo existentes en el siglo XIX bajo control de la Iglesia, llegando a duplicar la media de América latina con más del 63% de las matrículas en manos del mercado.
Por su parte Juan Gonzáles de OPECH/Centro Alerta reconoció que esta tendencia estaría atentando contra principios irrenunciables de la educación pública, tales como la integración a la sociedad y la transmisión cultural, la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos, el desarrollo de valores y experiencias comunes, promover relaciones sociales que garanticen la convivencia social democrática, financiar un sistema educativo inclusivo y ajustado a derecho y habilitar para el desempeño laboral. En su opinión “actualmente, limitado por el mercado, el Estado toma el rol de tesorería, administrando bonos y fiscalizando recursos, que entrega a privados, tercerizando y concesionando la función educativa. En un contexto de extrema privatización y colusión educativa debemos pensar en invertir la relación y pasar a un Estado que ponga límites al mercado, y asuma un nuevo rol educativo”.
En este sentido señalan Rosa Riquelme y Patricio Mancilla de ANDIME “la nueva educación pública debe asegurar el retorno de las escuelas y liceos al MINEDUC, asegurando que el Estado administre directamente la educación. Esto exige necesariamente revisar el principio de subsidiariedad instalado en la Constitución del 80´ como el paradigma educativo detrás de las políticas”
Desafíos para fortalecer lo público
Estos cambios, reconoce Arturo Pino presidente de la Federación y representante de ASFUNCO, traen consigo múltiples obstáculos para los trabajadores, en especial cuando lo que se busca es fortalecer la gestión estatal de la educación. Los más complejos son la privatización del sistema dificultando una articulación entre los distintos niveles y espacios, la externalización de servicios que debilitan la capacidad de conducción de un proyecto educativo nacional y la tercerización de roles y funciones públicas que desresponsabiliza al Estado en la garantía del derecho.
Todo ello estaría provocando “una pérdida del sentido de lo público como del bien común dentro de los servicios”. Es necesario no sólo cambiar el diseño de los servicios, sino además su sentido “cultivar una nueva cultura organizacional acorde a este nuevo enfoque humanista y antes que todo centrada en la dignidad de las personas. Queremos un nuevo trato con el Estado pero más importante con las comunidades”
El desafío de trayectorias profesionales dentro de la administración de la educación
En otras intervenciones distintos representantes de la Federación manifestaron sus preocupaciones respecto de las reformas pendientes y necesarias en esta materia, Jorge Bozo y José Astorga, dirigentes de ANFACE, evidencian una “explosión del personal en calidad de honorarios, por un lado en empleos de bajas remuneraciones y desprovistos de derechos sindicales, y por otro, en cargos de altas remuneraciones en importantes posiciones y sin responsabilidades administrativas. Esta realidad provocaría precarización laboral de profesionales del sector público de la educación y la desresponsabilización política y jurídica del Estado”
Por su parte Bernabé Vilaxa y Julio Trejo, dirigentes de APROJUNJI, se manifestaron sobre el alto porcentaje de personal a contrata “el aumento sostenido para el sector público de la educación de la dotación personal en calidad de contrata, que consideramos sería una dificultad para pensar el desarrollo de una carrera funcionaria y resguardar la estabilidad laboral de las y los trabajadores. Esta realidad estaría provocando una precarización del empleo y la politización de la selección”.
A nivel general se identifica un diseño predominante de los servicios marcados por pequeñas unidades de personal titular altamente centralizadas en sus definiciones y funciones con amplios contingentes de personal a honorario o contrata como replicadores de la política.
Un proceso de formación para el 2016
Según las impresiones de profesionales de la UNESCO probablemente, el mayor desafío que enfrenta Chile sea el de afrontar la crisis de la educación pública, ello requiere potenciar el rol de sus funcionarios/as en la política y gestión educativa, y al mismo tiempo diseñar iniciativas de formación y mejoramiento de las capacidades de los mismos.
En ese sentido se anunció que se está diseñando entre la Federación y la UNESCO un programa de formación permanente para trabajadoras y trabajadores de los servicios federados que será implementado el presente año y que tiene por nombre tentativo “Derecho Humano y Social a la Educación: herramientas para una política educativa transformacional”.
Según Dantón Vera, vicepresidente de AFAEB, “los cambios a nivel del diseño de los servicios necesitan cambios en los que implementamos las políticas públicas. Hoy las capacidades de los servicios y de los trabajadores y trabajadoras de los mismos aparecen como un factor educacional clave para garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad”.
Comunicaciones FENAEDUP
Santiago de Chile, Enero 2016.
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