Entrevista al presidente del comunal de profesores de Copiapó, Carlos Rodríguez, quien fuera a su vez dirigente de sindicato minero, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama, vocero nacional de la Confech y vicepresidente y tesorero de la CUT provincial Copiapó.
Copiapó es una de las ciudades del país que presenta mayor desorden en la Administración Municipal de Educación. Las cifras que la hacen acreedora de este penoso panorama son las más de 74 sanciones que residen en nueve escuelas por parte de la Superintendencia de Educación, la millonaria multa que recibió la Administración Educacional Municipal, Daem, y los múltiples recursos legales y denuncias interpuestos por el Comunal del Colegio de Profesores de Atacama, tanto en la Secretaría Ministerial del ramo, Superintendencia de Educación, Contraloría Regional, Policía de Investigaciones, Tribunales del Trabajo, como en la Corte de Apelaciones, por los malos manejos administrativos, irregularidades y acciones consideradas al margen de la ley en manos del director municipal, Raúl Ortiz.
El presidente del Comunal del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, sostiene que la actual situación, no sólo evidencia un claro trato vejatorio hacia el gremio sino que además es una clara demostración de cómo el gobierno de Piñera ha destruido la educación pública al mercantilizarla, alcaldizarla en desmedro de los profesores y la calidad de la educación.
El dirigente de los docentes sostiene que «La igualdad y equidad resultan imposibles en el marco del mercado… No va a haber igualdad cuando tienes al gobierno de los empresarios acumulando todo para ellos”.
La revolución educacional de Piñera, se encuentra fundada en tres leyes bases: la Ley 20.501, la de Desmunicipalización y la Ley sobre La Carrera Profesional Docente.
Atacama es una de las tres regiones declaradas piloto para estas modificaciones, las otras dos son Coquimbo y el Maule. Mientras la Ley de Desmunicipalización todavía descansa en el Congreso, La 20.501 ya está siendo implementada y ha dado origen a múltiples problemas, entre ellos la reciente impugnación que hiciera el Comunal de Profesores ante la Contraloría por la falta de transparencia en el proceso de designación de directores 2013.
Solamente en diciembre y en el marco de la Ley 20.501 el 14 de diciembre, a las 11 de la mañana, se les notificó a 84 profesores que pasaban a retiro. En la misiva se pretendía que se fueran a las 16 horas del mismo día. Como si fuera poco, estaban llevando a los docentes a firmar su salida sin que el municipio hubiese pagado los descuentos sociales en la previsión social, cajas de compensaciones, cooperativa Coopeuch y seguros de salud, entre otros. Pero además se les desvinculaba sin el pago de los sueldos correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero.
Gracias a una gran movilización, la Superintendencia de Educación acogió las denuncias del Comunal de Profesores y finalmente sancionó con una millonaria multa al Municipio por incumplimiento en los pagos previsionales. La Municipalidad traspasó luego 596.340.711 pesos a la Dirección de Educación para solventar en parte esta deuda, pero hasta el día de hoy nunca se ha aclarado a dónde fueron a parar los dineros descontados de los propios bolsillos de los docentes para estos efectos.
La deuda total de estos, incluidos los profesores activos, asciende a 590 millones pesos.
Respecto de los sueldos impagos, el Tribunal del Trabajo acogió la denuncia del gremio de los profesores y condenó en primera instancia al Daem al pago de 176 millones de pesos correspondiente a los sueldos adeudados a 68 de los 84 profesores. Los restantes 16 profesores que no se habían sumado a las demandas esperanzados en la buena fe del municipio, actualmente se encuentran en vías de iniciar acciones legales.
Otro de los frentes de los manejos de dineros cuestionados es el relativo a las platas de la Subvención Especial Prioritaria, Ley SEP, dineros que fueron remitidos desde el Ministerio de Educación para fortalecer la educación en los sectores más vulnerables y pobres de la comuna y de los cuales hay alrededor de dos mil millones de pesos cuyo destinos se desconocen hasta hoy día y que se encuentran bajo investigación de la Contraloría. Sin embargo pese a que la investigación se inició hace varios meses aún no hay un pronunciamiento del ente fiscalizador.
Para Carlos Rodríguez, este hecho es de una enorme barbaridad ya que se están enajenando dineros destinados a los sectores más pobres sin que se conozca en qué fueron ocupados.
Recientemente en marzo los profesores iniciaron una marcha, una de las más grandes que realizaran los profesores de la comuna en los últimos años, motivados por “los constantes tratos vejatorios, en el que se maltrata a los docentes, y los dirigentes no son siquiera recibidos por el municipio.»
El proceso de designación de directores 2013 fue impugnado por los afectados a través del comunal de profesores.
En la marcha del 11 de marzo, los profesores concurrieron hasta la PDI para denunciar una probable apropiación indebida de sus dineros y también fueron hasta las dependencias de la Corte de Apelaciones en donde interpusieron un recurso por la inestabilidad laboral debido a los malos manejos administrativos y financieros del Daem.
Ante este panorama tanto del gremio como de la educación pública, Carlos Rodríguez sentencia: “Hay maltrato, subestimación, no sólo de este gobierno sino de todos hacia atrás. Como comunal sabemos que esto tiene la clara intención de hacernos desaparecer desde 1981, eso partió allí con la Dictadura y no hay excepción en el trato con los gobiernos que ha habido hasta ahora. Eso se refleja en una cifra concreta; el 70% de la educación básica, media y preescolar está privatizada en sus dos modalidades particular y particular subvencionada… estamos arrinconados en un 30%, entonces la ley apunta hacia allá».
Carlos Rodríguez afirma que ante este oscuro panorama que no sólo afecta a la educación sino que a toda la actividad productiva y social del país “sólo queda sobreponerse y luchar, así como lo hicieron los profesores el 11 de marzo, los freirinenses frente a Agrosuper o los trabajadores frente a los constantes abusos de las grandes empresas y trasnacionales”. Tras lo cual agrega que: «En definitiva, hoy día sólo nos queda reconocer nuestro carácter de clase y unirnos en una gran y única demanda frente al modelo capitalista de explotación”.
“Es decir debemos reconocer que cada una de las luchas entabladas en las diferentes áreas productivas y sociales del país responden a un mismo problema común que es la lucha de los de abajo contra los que sostienen y profitan el actual modelo, llámense abiertamente derechistas o concertacionistas”, sostiene Carlos Rodríguez.
Por MAP
Movimiento por la Asamblea del Pueblo
El Ciudadano Nº142, mayo 2013
Fuente fotografía
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