Diputado Chahuán cuestionó que el gobierno ni siquiera se haya pronunciado respecto de los tres proyectos de acuerdo aprobados en la Cámara en torno al tema.
Un llamado al gobierno a dejar de ser «sordo, ciego, mudo e insensible frente a la problemática que afecta a cerca de 95 mil docentes del país» hizo el Diputado Francisco Chahuán, quien calificó de «inaceptable» que, a pesar de los tres proyectos de acuerdo aprobados para saldar la llamada «Deuda Histórica Docente» en la Cámara Baja, «no exista ninguna respuesta, ni menos un pronunciamiento al respecto en el Presupuesto del próximo año».
Las declaraciones las formuló en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, ocasión en que, junto a sus pares Alejandra Sepúlveda, Álvaro Escobar y Rosauro Martínez, emplazaron al gobierno a que se manifieste y «considere la voz de los legisladores al momento de debatir el Presupuesto de la Nación».
Chahuán recordó que, tras la sesión especial convocada para abordar el tema en septiembre pasado, la Cámara acordó solicitar una Mesa Especial de Justicia Social Docente para solucionar el conflicto que afecta al Magisterio hace más de 26 años.
En la ocasión, se estableció que dicha instancia sería integrada por representantes del Gobierno, el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades y estaría encargada de estudiar la deuda originada por el no pago de la asignación especial contemplada en el DL 3.551 de 1981 al Magisterio, con un plazo de 120 días para informar a la Cámara de las medidas que adopte, que debieran transformarse en un proyecto de ley que el Gobierno deberá tramitar con urgencia.
Sostuvo que «el Gobierno ha tenido una actitud terca, obtusa y empecinada frente a esta situación» y, sin perjuicio de lamentar que no se contemplen los recursos, renovó su confianza que en que se la solicitud emanada de la sesión especial se materialice. El legislador subrayó que el proyecto de acuerdo aprobado sostiene que no cumplimiento de las acciones definidas facultará a la Cámara a ejercer todas las acciones legales y constitucionales que tiene a su alcance, de manera de reparar la situación que afecta a más de 95 mil profesores, seis mil de los cuales ya ha fallecido.
Por Carolina Hernández