Crónica de maltrato laboral: Sólo por querer enseñar en el confín de la Carretera Austral

Ha sido un largo camino.  Físico, anímico y legal.   Pero aún así, lo ha recorrido sin titubear, con un objetivo principal: dejar sentado que su decisión de dejar su función en la escuela municipal “Pioneros del Sur” de Villa O’Higgins no fue voluntaria.  Se originó en la persecución laboral a la que siente la expuso el municipio sostenedor. 

Fue en 2014 cuando la profesora de Educación General Básica Jessica Sánchez Paillán (de 32 años) decidió trasladarse hasta la extrema localidad con el fin de iniciar una nueva vida junto a su pareja Alberto Ruiz Hernández.  En lo que partió como un reemplazo se transformó a poco andar en trabajo a tiempo completo, donde impulsó una serie de iniciativas dirigidas a aportar a la conciencia ecológica de los niños: coordinó el programa “Forjadores Ambientales”, se hizo cargo de mantener la certificación ambiental de la escuela, se especializó en educación en medioambiente, logró que se construyera un huerto dentro de las instalaciones del plantel e implementó, junto a los niños y niñas, un incipiente sistema de separación de residuos.  

En un municipio que ha destacado por su preocupación ambiental, estos avances debían ser meritorios.  Por lo menos, de eso daban cuenta las tres ocasiones en que se le renovó el contrato: para los años académicos 2015, 2016 y 2017. 

Pero llegó el mes de diciembre de 2017 y el municipio cambió de parecer: no le renovó contrato.  Para ello se invocó el artículo 72 del Estatuto Docente, dando como causal de término la culminación del plazo por el cual se efectuó la contratación. “Esta comunicación fue entregada en la calle por una funcionaria de dicha repartición (la directora del Departamento de Educación Municipal), sin señalar en aquel momento mayores fundamentos de esta decisión, algo que tampoco sucedería en los días inmediatamente posteriores” consigna el expediente de la posterior demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales que interpuso la afectada.

La primera acción de Jessica fue recurrir a la Contraloría Regional, aludiendo a diversos dictámenes del organismo fiscalizador.  Cuando existen dos renovaciones de contrata consecutivas y no hay méritos para un cambio de situación, el organismo público no puede unilateralmente terminar la relación contractual sin entregar fundamentos. Esto está cautelado bajo la figura de “confianza legítima”. En caso contrario debe emitir un acto administrativo que tenga sustento claro.

En su respuesta a Contraloría el municipio entregó un informe suscrito por la alcaldesa (s) Gisselle Cortez Dubó y cuyos argumentos no fueron invocados en la resolución original de no renovación. En este se acusaba a la profesora de “no demostrar respeto por su superior, en este caso el sostenedor, ya que en reiteradas oportunidades manifestó disconformidad con las decisiones tomadas”.  

Con todo, el 9 de febrero de 2018 la Contraloría Regional confirmó la irregularidad de la no recontratación, lo cual reiteró en un dictamen del 18 de abril de ese año.  En este ordenaba la reincorporación de la docente en las mismas condiciones que tenía hasta antes de su irregular exoneración.

Sin embargo la instrucción, durante ese año la Municipalidad de O’Higgins se negó a cumplir el dictamen según lo estipulado, entregándole solo algunas horas de reemplazo. 

Más aún, en el mes de noviembre de 2018 fue despedida nuevamente sin entregar motivos fundados.  Sobre esta nueva acción, Jessica Sánchez presentó una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales ante la Sección Laboral del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Cochrane.  

Tras varios meses de diligencias, en junio de 2019 el tribunal dictó sentencia.  Y esta fue contraria al municipio al establecer que “el empleador lesionó el derecho fundamental de la trabajadora de derecho a la vida e integridad física y psíquica y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión de la no renovación de su contrata el día 23 noviembre de 2018”.   Y condenó al ayuntamiento a cancelar una suma superior a los 22 millones de pesos.

No conforme con la decisión, la municipalidad concurrió en julio de 2019 ante el Tribunal Constitucional solicitando la inaplicabilidad de lo acordado por el juzgado cochranino, por considerar que a una docente a contrata no se le puede aplicar el Código Laboral, incluso en lo respectivo a la protección de sus derechos fundamentales.  El organismo emitió un pronunciamiento a fines de abril de este año rechazando el requerimiento.  

En paralelo la corporación dirigida por Roberto Recabal había apelado al fallo del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Cochrane mediante un recurso de nulidad.  En este quinto intento tampoco le fue bien: el 9 de julio pasado la Corte de Apelaciones de Coyhaique dio la razón a la profesora.

Y hace pocos días, la Municipalidad de O’Higgins insistió ante la Corte Suprema, alargando la postergación del desembolso de los 22 millones de pesos ordenados por los tribunales de justicia.    Esto, son considerar el indeterminado monto que deberá cancelar el ayuntamiento a los profesionales que lo asesoran legalmente, como el caso de Lorenzo Avilez quien le representó, al menos, ante el tribunal de Cochrane, el Tribunal Constitucional y la Corte de Apelaciones de Coyhaique. 

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Son múltiples los pasajes que dan cuenta de la difícil situación que puede llegar a vivir un funcionario que decide enfrentar lo que considera una decisión arbitraria.  A más de 2 años y medio desde que se rebeló a ser exonerada injustamente, Jessica Sánchez ha debido vivir múltiples e ingratas situaciones.

Su pareja se desempeñaba como asistente de educación en la misma escuela.  Cuando el proceso se complejizó debió dejar su trabajo.

A principios de 2018 regresó dispuesta a que se cumpliera el dictamen de la Contraloría, pero tuvo que enfrentarse a la indiferencia.  “Insistí tanto en que me dieran un horario que al final lo hice yo porque siempre escribí y nunca tuve respuesta.    Total, tenía a la Contraloría de mi parte.  El problema es que cuando llegué en marzo no me dejaban firmar, me quitaron el libro de asistencia.  Entonces para no tener vacíos, fui por un mes a dejar constancia a Carabineros de mi asistencia” explica Jessica.

Al momento de resolver la Contraloría, esta aludió a un informe entregado por el municipio con sus descargos.  Luego de pedir tal documento vía Ley de Transparencia, puedo ver que en este, además de acusarla de no estar siempre de acuerdo con el alcalde Recabal, se le hicieron otras imputaciones como que “generaba un clima hostil en la escuela”, que no tenía “respeto por sus pares” o que se debió rotarla constantemente de funciones “debido a su poco o nulo rendimiento en cada una de ellas”.  

El problema es que ninguna de estas apreciaciones enviadas a la Contraloría estaba respaldada en anotaciones o reportes formales previos.

“Más allá de que tengo claro que hubo acoso laboral, esto no debe quedar impune porque si yo invento algo de alguien debo hacerme cargo, especialmente si es presentado a un ente fiscalizador como es la Contraloría.  Y por último tiene que haber pruebas.  El informe que ellos sacaron dice solo mentiras, tengo las pruebas que demuestran lo contrario” se lamenta la profesora.

Otra injusticia fueron las facilidades para los declarantes en el tribunal.  “A pesar de haber sido notificados por el tribunal de Cochrane, por ejemplo a mis testigos la municipalidad no les respetó la salida, sino que tuvieron que descontarlo de sus días administrativos.  En cambio, los que llevaron ellos tuvieron autorización de sus superiores sin cargarlo a sus días libres, les pagaron todo y los llevaron en camionetas municipales” explica.

El último acto de esta tortuosa historia se origina en torno a la entrega de la casa municipal ocupada por la profesora, que el 2 de agosto de 2018 fue devuelta a la corporación. 

“Ese día la entregué de manera formal, pero no me recibieron la llave.  Y el mes pasado, en junio de 2020, hice recuerdo de la entrega enviando un documento formal a cada concejal, al alcalde, al área de Control y dejé constancia en Carabineros, ya que en las actas municipales se omite al Concejo que hice entrega, espacio donde se ha planteado la posibilidad de notificarme e iniciar una demanda judicial” sintetiza. 

Todo esto la llevó a emprender el rumbo.  

“Hace más de un año y medio estoy fuera de la comuna y de la región, específicamente en Castro en la Isla de Chiloé, trabajando con un nuevo equipo y donde he sido bien recibida” reflexiona sobre su nueva vida.  

Un nuevo rumbo que espera le permita dejar atrás la triste experiencia vivida en el confín de la Carretera Austral.