Continuar con la gratuidad, una nueva superintendencia de educación, una comisión nacional de acreditación y la penalización del lucro fueron algunos de los puntos aprobados en el proyecto de educación superior que fue despachado la este lunes en la Cámara de Diputados.
106 diputados presentes en la sala del edificio de Valparaíso participaron de un largo debate -que culminó cercano a la medianoche- que si bien continúa con los beneficios existentes a 257 mil familias, plantea serias dudas respecto a asegurar que para el próximo año serán 320 mil, garantizando el ingreso del 6º decil y asegurando la permanencia del 5º decil.
El Gobierno se comprometió además, a través del Ministerio de Hacienda, a ingresar el proyecto de reemplazo al crédito con aval del Estado (CAE) el 7 noviembre de este año y para el 1º de enero de 2019 generar la completa aplicabilidad de la gratuidad, desapareciendo el CAE.
“Votamos a favor de amarrar por ley la gratuidad universal , elevar los estándares de calidad y de acreditación del conjunto de instituciones de educación superior, a favor de una estrategia nacional de formación técnico profesional. Es un paso hacia desmercantilizar y entender a la educación como un derecho social”, indicó la parlamentaria Camila Vallejo (PC).
La otra cara de la moneda
Sin embargo, hubo algunos actores que se mostraron disconformes con la finalización del trabajo legislativo. Por ejemplo, el diputado Jaime Bellolio (UDI) declaró que “este es un engendro de proyecto. No se mejoró en nada durante la tramitación en sala. Es decepcionante que muchos diputados renunciaran a su labor parlamentaria, esperando que en el Senado se vaya a arreglar. Esto es un engaño: si el país crece al doble de hoy- al 3%- el 2076 se cumpliría la gratuidad”.
Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) afirmó que “hay mucha frustración porque llevamos protestando y marchando muchos años por una reforma que sea integral , que permita garantizar la educación como un derecho. A pesar de que pusimos indicaciones, ésta parece ser más la reforma del Ministro de Hacienda que una que responda a los intereses educativos de un sistema distinto. Este proyecto posterga la gratuidad hasta el 2070 y, peor aún, consolida el crédito con aval del Estado hasta ese período. El Gobierno lo que hace es mentir porque además promete un proyecto que no va a lograr tramitar”.
Coincidente con el análisis del también ex dirigente estudiantil, el legislador Gabriel Boric (MA) señaló que “el Gobierno trató de tomar la bandera de la gratuidad universal sin embargo lo hicieron sin ninguna convicción. La gratuidad alcanza sólo a un 20% de la matrícula en educación superior. El Gobierno desperdició una oportunidad teniendo mayoría en ambas cámaras para avanzar en una reforma integral que consolide un sistema nacional de educación pública. Lamentamos la actitud mentirosa, nos vamos con tristeza. No tengo ninguna esperanza en el Senado”.
Los legisladores afirmaron que 2 mil millones serán invertidos, de aquí al 2019, para asegurar la educación de chilenos y chilenas. Si bien hay opiniones dispares en torno a la procedencia de estos dineros, algunos proponen redestinar los $3.800 millones de dólares que se gastan en pensiones de Capredena y Dipreca o rebajar la dieta parlamentaria, lo único seguro es que aún falta la tramitación del Senado, en miras a transformar en ley un esperado proyecto.
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