El pasado martes 24 de mayo un grupo de estudiantes consiguió burlar la seguridad de La Moneda e ingresar hasta el Patio de los Cañones del Palacio, donde desplegaron un lienzo que decía “Notifíquese: Hoy comienza la ofensiva”. La acción fue organizada y llevada a cabo principalmente por integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y Juventud Rebelde.
Ese mismo día, en la noche, el diario La Tercera publicó en su web un artículo que “denunciaba” que “11 de los 32 detenidos por irrumpir en La Moneda poseen antecedentes”.
En un país obsesionado con la delincuencia, donde dos tercios de los noticiarios más vistos en horario central son destinados a ella y en el que el delito se ha transformado en la herramienta más efectiva de captación de votos, ¿qué habrá sido lo primero que se le vino a la cabeza a los lectores del diario que Piensa sin límites? ¿Asalto, atraco, robo con violencia…?
El artículo no tiene el nombre del autor o autora, sino que simplemente está firmado por La Tercera. Y no podía ser de otra forma, considerando que -salvo las 12 líneas introductorias, que solamente contextualizan la supuesta noticia- el resto parece ser la reproducción de un informe elaborado desde Carabineros y enviado luego al medio de comunicación para su publicación textual. Sin ir más lejos, en dicha introducción se señala que “según detalla Carabineros, 11 de los 32 estudiantes detenidos durante la manifestación poseen antecedentes penales”.
Bombas y vendedores de pan en el Metro
La nota ayuda a refrescar la memoria en torno al rol que ha asumido el diario en connotados y mediáticos casos judiciales, en donde ha colaborado eficientemente a criminalizar a quienes aparecen como supuestos responsables. Uno de ellos, probablemente el más importante de la última década, es el llamado Caso Bombas, que tuvo su período más álgido en 2011.
“De todos los medios fue el diario La Tercera el que siempre mostró una actualización más eficiente para la publicación de documentos exclusivos y resultados de la investigación. Su rol como medio en el Caso Bombas era generar contenidos nuevos, dar que hablar; sus fuentes siempre fueron directamente los organismos persecutores. Tal vez por eso fue considerada por los familiares de los inculpados como el brazo comunicacional de la Fiscalía”, señala la periodista Tania Tamayo en su libro “Caso Bombas: Explosión en la Fiscalía Sur”.
Años después, el 19 de septiembre de 2014, La Tercera publicó una nota sobre los supuestos responsables de un bombazo que había afectado recientemente al Metro Escuela Militar, en donde en el título -junto con informar que los detenidos poseían antecedentes policiales- se destacaba que estos “vendían pan integral en estaciones de Metro”. Además, entre otros “antecedentes”, el artículo destacaba que la vivienda donde ocurrió el operativo se ubicaba en “La Pintana”, que “según vecinos, era recurrente que grupos de jóvenes visitaran el lugar por las noches” y que “incluso uno de los habitantes del barrio mencionó que muchos de ellos vestían de negro”. La nota también le da espacio a otro vecino que planteaba que “en ocasiones se veía gente fumando marihuana en el techo”.
Junto con todo ello, en el artículo se indicaba que uno de los imputados “habría participado en manifestaciones a favor de Juan Aliste Vega, uno de los condenados por la muerte del cabo Moyano en octubre de 2007”, sumando que al momento de su detención “gritó: ´Abajo el Estado policial´, reiteradamente” y que en Facebook “simpatizaba con páginas web anarquistas”. Por último, sobre un tercer detenido se destacaba que tenía antecedentes por desórdenes y que “incluso, hace algunos años, había sido detenido en una manifestación frente a la Usach”.
La «usurpación violenta»
Como explicita el artículo de La Tercera publicado a propósito del ingreso a La Moneda de los estudiantes, son 11 de los 32 detenidos quienes tienen antecedentes. Y, a su vez, de esos 11 solo 2 por porte y lanzamiento de artefacto incendiario a Carabineros.
Los antecedentes destacados de los otros 9 detenidos son en casi la mayoría de ellos detención “por usurpación violenta”, principalmente de la 3ra Comisaría de Santiago. La usurpación es simplemente la ocupación de un bien inmueble, en este caso de comisarías, la que supuestamente se habría hecho de manera “violenta”.
Además de eso aparecen antecedentes por “desórdenes públicos” en el mismo recinto, “maltrato de obra” y “falta de respeto” a Carabineros, y toma de dependencias de la sede de la Democracia Cristiana, del Ministerio de Hacienda y de la oficina de Metro en Santiago.
Es decir, todos cargos que habitualmente se le imputan a los manifestantes que participan de movilizaciones sociales y que acostumbran a concurrir a las comisarías luego de éstas para confirmar que sus amigos, familiares o compañeros de liceos o universidades se encuentran en esos recintos, así como para saber cómo están, cuál es su situación judicial o simplemente manifestarse frente a la represión.
“La mayoría de los compañeros que participaron de la movilización (ingreso a La Moneda) vienen desde el 2011 movilizándose o que estamos en la Aces y la Aces casi siempre se toma espacios públicos”, explica Diego Arraño, vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios.
La Tercera deja como cierre de la información entregada por Carabineros el hecho de que uno de los manifestantes, Carlos Soto Galleguillos -quien fue detenido por “cuasidelito de lesiones en la 1ra Comisaría de Santiago”- pertenece “a la barra brava de Universidad de Chile, apodado el Mákina, además de ser integrante de MPMR”, como si ambas actividades fueran un antecedente legal o configuraran algún delito.
Por Daniel Labbé Yáñez
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