- FOTO ARCHIVO: Marcha del 22 de septiembre
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc/Unesco Santiago), condujo el estudio “El derecho a la educación: una mirada legislativa comparada” enfocado en los marcos jurídico-legales que rigen los sistemas de educación de Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, con énfasis en este último país. “Tenemos el propósito de seguir apoyando a los países de nuestra región en la implementación de acciones que permitan avanzar hacia el derecho a una educación de calidad para todos y todas”, afirmó Jorge Sequeira, director de la Orealc/Unesco Santiago.
El estudio fue liderado por Vernor Muñoz, ex Relator Especial de la ONU para el derecho a la educación (2004-2010) y miembro del Consejo Deliberativo del Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación. En su elaboración también colaboró el equipo del Ministerio de Educación de Chile junto con otros actores relevantes.
El foco del trabajo estuvo en la revisión del marco conceptual y normativo del derecho a la educación, y en el análisis de la situación desde sus principales ejes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. A partir de estos elementos, se explicitan las obligaciones del Estado relativas al derecho a la educación y su aplicación específica. El estudio señala que los objetivos de la educación determinan prioridades institucionales que incluyen el desarrollo curricular, por un lado, y por otro la naturaleza y alcance de la gestión educativa, que requiere de un financiamiento adecuado para sentar las bases de un avance progresivo que garantice la gratuidad de la educación.
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA CHILE
“Los desafíos que enfrenta el sistema educacional chileno son el resultado de un largo proceso histórico que ha visto pasar varias administraciones de Gobierno. Por esto, las transformaciones requeridas deben ser consensuadas y formuladas por todos los actores sociales y trascender agendas políticas, de manera que emerja una visión y un proyecto país a largo plazo, en el cual el diálogo social positivo se convierta en el garante para formular las soluciones que se necesitan”, señaló Jorge Sequeira, director de la Orealc/Unesco Santiago.
“Si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y en Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza. Esto arroja una necesidad adicional que es construir un lenguaje común en torno al derecho de la educación” afirmó Vernor Muñoz, autor del estudio.
En el caso de Chile, y considerando que ya cuenta con procesos de supervisión y control, el estudio señala que un paso importante será enriquecer su legislación para responder de una mejor manera al desafío de ofrecer igualdad de oportunidades de educación para todos y todas.
Otro elemento positivo que se destaca es que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes. Sin embargo, se advierte la necesidad de revisar las pruebas de admisión, ya que estas “establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad”.
Además, otro punto a resaltar del sistema chileno son las becas y subvenciones que buscan contribuir a la igualdad de oportunidades. El estudio señala que estas prácticas positivas ven disminuido su impacto dado un contexto aún insuficiente de la educación como un bien público. De ahí que las controversias actuales giren en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.
LO QUE VIENE
El estudio muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son explícitas en restringir que la educación sea tratada como un bien de consumo. Por su parte, la Constitución chilena enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, mientras que la finlandesa otorga garantía de oportunidades educativas y la uruguaya acentúa la utilidad pública de la educación. Es decir, dado que en Chile la ley deposita en los padres y madres un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación y ofrecer una educación de calidad, el rol del Estado debe ser reforzado como garante institucional de este derecho.
Durante su visita a Chile, Vernor Muñoz compartió los hallazgos y el análisis de su estudio con el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, y su equipo, con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, senadores, estudiantes secundarios, apoderados, representantes de la sociedad civil, académicos y agencias del sistema de Naciones Unidas en Chile.
Este estudio, contempla acciones de seguimiento en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile. Esta continuidad permitirá monitorear transformaciones progresivas del sistema educacional chileno. “El sistema educacional chileno siempre ha sido un referente para otros países y creemos que los avances que aquí se generen servirán de modelo para otros países que también están trabajando para mejorar el derecho a la educación” afirmó Jorge Sequeira, director de la Orealc/Unesco Santiago.
Descargue el estudio
El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia
(PDF, 425 kb)
Entrevista a Vernor Muñoz
Ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
Fuente: Unesco
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
