Falta de participación de las comunidades escolares, de un aumento significativo del financiamiento y de un papel responsable del Estado identifican el ex presidente del Consejo Asesor de Educación y los expertos del OPECH en el proyecto de ley, que termina con la municipalización y modifica la estructura del MINEDUC. Diputados también reconocen vacíos en la propuesta del Ejecutivo, pero el gobierno insiste en tenerla aprobada en marzo.
Como “un muy mal proyecto” calificó Juan Eduardo García-Huidobro el proyecto de Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública, presentado el pasado 2 de diciembre por la ministra Mónica Jiménez en la Cámara de Diputados y que hoy se revisa en la Comisión de Educación. “De cientos de problemas que tiene la educación pública soluciona sólo uno, el problema contable, el resto sigue igual”, aseguró quien presidiera el Consejo Asesor Presidencial de Educación.
El proyecto asegura terminar con la municipalización y reorganizar administrativamente el Ministerio de Educación. Para ello crea Corporaciones Locales que reemplazarían a las municipalidades como sostenedoras de las escuelas públicas y funda el Servicio Nacional de Educación, para asesorar y velar por el mejoramiento de la calidad del servicio prestado por las corporaciones y los sostenedores particular-subvencionados.
El proyecto, que al igual que la LGE no formaba parte de la agenda de educación de la administración Bachelet, surge como consecuencia de las movilizaciones que estudiantes, profesores y apoderados han protagonizado desde la “revolución pingüina” en 2006. Sin embargo, de acuerdo a García-Huidobro, “no cumple con las aspiraciones de avanzar en mejorar la educación pública, mantiene la desigualdad en el financiamiento y en participación no aporta absolutamente nada”.
Algo cambia para que todo siga igual
A contrapelo de los principios instalados desde el Consejo Asesor de Educación, ni estudiantes, ni profesores, ni apoderados están considerados en los consejos directivos de las corporaciones locales. De acuerdo al Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), dirigido por Jesús Redondo, Director del Departamento de Educación de la Universidad de Chile, “sin mayores niveles de participación de la comunidad esta nueva estructura puede terminar siendo simplemente más burocracia”. García-Huidobro también es lapidario: “es lo mismo que antes, los consejos directivos siguen siendo municipales”.
En las corporaciones locales no habrán tampoco equipos técnico-pedagógicos especializados, sino sólo en el Servicio Nacional de Educación, nuevo organismo asesor del Ministerio. En el OPECH consideran que “se debe eliminar el modelo de asesoría externa a la gestión educativa y conformar equipos que puedan incidir en la toma de decisiones desde las realidades locales y no sólo desde la técnica y la teoría.”
La comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ha recibido ya en dos ocasiones a la ministra Mónica Jiménez para revisar el proyecto (la última ayer martes). Pero las dudas abundan. La diputada Ximena Vidal (PPD) reconoció no estar de acuerdo con dejar fuera de las corporaciones a los actores de la comunidad escolar “porque se ha demostrado que deben tener un papel protagónico en los proyectos educativos”.
El proyecto plantea un financiamiento fiscal directo para las corporaciones de 1.2 UTM por alumno matriculado, monto que se sumaría a la subvención regular. Para el OPECH esta cifra “apenas alcanzará para solventar el funcionamiento de las propias corporaciones y no impactará en mejorar la inversión por alumno en las escuelas estatales. Es fundamental que el Estado haga una opción preferencial por sus escuelas, tal como lo señala la experiencia internacional”.
García-Huidobro, si bien valora el aumento de las subvenciones, estima que la fórmula de las corporaciones no contribuye a romper con las desigualdades, porque éstas reproducen la brecha entre comunas ricas y pobres: “Es legítimo y necesario que el Estado gaste mucho más de lo que gasta hoy, pero no puede ser un gasto parejo, las condiciones geográficas y sociales son distintas en todo Chile, por lo tanto el financiamiento debe ser mayor para las comunas pobres y la escuela pública, que tiene menos recursos pero más obligaciones que la particular-subvencionada”.
Ni el ex presidente del Consejo Asesor ni el Observatorio han sido invitados por la comisión de Educación de la Cámara. Tampoco profesores, apoderados y estudiantes. La diputada Vidal se comprometió a hacerlo durante enero.
Francisco Figueroa Cerda
El Ciudadano