La letra chica de la reforma de la educación superior colombiana

A inicios del mes de abril, miles de colombianos marcharon en las grandes ciudades del país en contra de la reforma sobre la educación superior implementada por el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son estas medidas que hacen sublevar el sector de la enseñanza superior en Colombia?

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció el pasado 10 de marzo, la reforma de la Ley 30 de 1992 que regula el servicio público de educación superior.

Para los estudiantes y el cuerpo docente, esta reforma del plan de educación significa la privatización de la educación  pública, indica el medio colombiano Tiempo. Así, el 7 de abril estudiantes y organizaciones sindicales de trabajadores y maestros, respondieron a la convocatoria lanzada por la Fecode (Federación Colombiana de Educadores).

Protestaron miles de ciudadanos, a los cuales se sumaron más de cien organizaciones, en las calles de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, y Bucaramanga.

LO QUE DICE LA REFORMA

Según el periódico El Tiempo, los objetivos destacados por la ministra de Educación,  María Fernanda Campo, son cuatro: “Primero, la mayor oferta de educación superior; segundo, un mayor número de graduados con calidad; tercero, la adecuación a la realidad nacional y a las tendencias internacionales; y cuarto, la transparencia y el buen gobierno”.

De estas metas, la que más tiene preocupado a los beneficiarios de la educación colombiana y a sus empleados, es la primera, o sea el aumento de la oferta en la enseñanza superior.

Aumentar la oferta de educación superior implica la ampliación de los recursos. Semana indicó que esta reforma pretende crear 680 mil cupos para la educación superior antes del 2014. Aunque el número de estudiantes en las universidades aumentó entre el 1992 y el 2010 de 200.000 matriculados a 550.000, en Colombia hay 3.200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior.

La revista colombiana Semana  precisó que para financiar estos objetivos, se requieren más de 2,4 billones de pesos colombianos: Por ello, el Gobierno eligió el paso de la privatización. Entre otras cosas, se prevé permitir universidades privadas con ánimo de lucro y que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior pública.

«Las empresas no regalan nada. Esa reforma suena más a un negocio», explicó a Diario MÍO, Camilo Hincapié, representante de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE).

Carolina Tejada, vocera estudiantil, indicó a Radio Mundial que las reformas propuestas por Santos “están en el marco del TLC”, y que la “financiación de las universidades por capital privado, significa el fin de las investigaciones universitarias de manera autónoma”.

Otra propuesta del Gobierno para lograr estos objetivos: Otorgar a las universidades públicas un 1 por ciento adicional al Índice de Precios del Consumo (IPC) en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el  2014 y el 2019. En efecto, la Ley 30 de 1992 determinó que los aportes gubernamentales a la enseñanza superior deben crecer anualmente según el IPC. No obstante, desde 1993 se han implementado leyes y decretos diversos que modificaron el costo de la educación muy por encima de este índice.

En Colombia las universidades privadas no pueden tener ánimo de lucro, lo que les permite no pagar impuestos a la renta y deben reinvertir sus ganancias. Claro que, pese a dicha disposición, según señala el periódico El Tiempo, “se sospecha que mucha de esa plata se va a bolsillos particulares”.

El rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman sostuvo a Radio Mundial que la “propuesta de la participación privada en la educación no está clara porque de hecho ‘desde hace 40 ó 50 años’ hay empresas que participan en el financiamiento de investigaciones en las casas de estudio”.

Por Mélissa Quillier

El Ciudadano