El Departamento de Justicia y cuatro estados presentaron el lunes una demanda por varios miles de millones de dólares contra la Education Management Corporation, la segunda empresa educacional con fines de lucro de los Estados Unidos, acusándola de no haber sido elegible para los U$S 11 mil millones de ayuda financiera que recibió de los estados y del gobierno federal entre julio de 2003 y junio de 2011.
Aun cuando esta demanda civil es una de muchas que presentan acusaciones similares contra el negocio en expansión de las universidades con fines de lucro, éste es el primer caso en el cual el gobierno ha intervenido para apoyar denuncias de que una empresa haya violado sistemáticamente la ley pagándoles a promotores sobre la base del número de estudiantes que lograban matricular. Según la demanda, Education Management entregaba cada año una declaración falsa asegurando que cumplía con la ley y que por lo tanto era elegible para recibir ayuda financiera para sus estudiantes.
“La profundidad y la amplitud del fraude revelado son pasmosos,” dijo Harry Litman, un abogado de Pittsburgh y ex-fiscal federal quien es uno de los que representan a los dos denunciantes cuyas quejas del 2007 impulsaron la demanda. “Abarca toda la empresa — desde la base en 100 instituciones distintas hasta los niveles directivos más altos — y da cuenta de casi todos los ingresos de la compañía desde 2003.”
Education Management, basada en Pittsburgh y que pertenece en un 41 por ciento a Goldman Sachs, tiene una matrícula de unos 150.000 estudiantes en 105 escuelas que funcionan bajo cuatro nombres: Art Institute, Argosy University, Brown Mackie College y South University.
En un comunicado el lunes la empresa negó todo acto reñido con la ley.
“El ejercicio de esta acción legal del gobierno federal y un puñado de estados está completamente equivocado,” dijo Bonnie Campbell, portavoz de los abogados de la empresa. “El plan de compensación de EDMC del año 2003 respetó la ley tanto en su diseño como en su implementación, como lo demostrará la respuesta de EDMC a la acusación del gobierno.”
El comunicado sigue diciendo que “Las reglamentaciones federales publicadas en el 2002 permitieron que las empresas consideraran las matrículas en la remuneración de los funcionarios que trabajan para conseguir logran estudiantes con tal de que las matrículas no fueran el único factor considerado. Para asegurar el cumplimiento de esta reglamentación, EDMC colaboró de cerca con expertos externos en recursos humanos y derecho de educación para desarrollar un plan según el cual se debía considerar cinco factores de calidad junto con el número de matrículas para determinar los salarios.”
La prohibición gubernamental de estos incentivos fue diseñada para evitar que las empresas matricularan estudiantes que no cumplían con los requisitos para recibir ayuda.. La Ley de Afirmaciones Falsas, la base de la demanda del gobierno, prevé el pago del triple del monto de los daños causados y, ya que según la demanda toda la ayuda gubernamental para los estudiantes provino de estas declaraciones, los daños podrían sumar $33 mil millones. En la práctica, sin embargo, juicios inmensos como éste por lo general llegan a arreglos por sumas muy inferiores a los máximos.
Desde 1986 el gobierno ha recuperado más de $25 mil millones en juicios por afirmaciones falsas, muchos de ellos basados en el marketing de compañías farmacéuticas, sobrefacturación de hospitales o fraude de contratistas de defensa. Dado su crecimiento explosivo, las universidades con fines de lucro — que ahora atienden a más del 10 por ciento de los estudiantes matriculados en la educación superior, pero también dan cuenta de cerca de la mitad de las moras en el pago de créditos estudiantiles — podrían convertirse en una nueva fuente principal de tales casos.
De acuerdo con la demanda de 122 páginas, Education Management recibió $2.2 mil millones de ayuda financiera federal en el año fiscal 2010, lo que constituyó el 89.3 por ciento de sus ingresos netos.
Los estados que participan en la demanda son California, Florida, Illinois e Indiana.
La demanda dice que la empresa tenía una “cultura de ventas de sala de calderas” en la cual los promotores tenían instrucciones para emplear técnicas de venta de alta presión y afirmaciones infladas acerca de las posibilidades de empleo para aumentar la matrícula independientemente de las aptitudes de los postulantes. Se alentó a los promotores para que matricularan incluso a postulantes incapaces de escribir de manera coherente, que parecían estar bajo la influencia de drogas o que pretendían matricularse en un programa en línea pero no tenían computadora.
Según la demanda, los promotores también debían explotar las vulnerabilidades de los postulantes — por ejemplo, las esperanzas de un padre de poder sacar a un hijo de un barrio peligroso.
Bajo la Ley de Afirmaciones Falsas, los denunciantas individuales pueden presentar demandas acusando que el gobierno ha sido defraudado, dejándole al gobierno la opción de intervenir. De cualquier manera, el gobierno recibe la mayor parte del dinero recuperado; los denunciantes también reciben una porción.
El Departamento de Justicia, que ha rehusado intervenir en dos docenas de demandas de denunciantes que acusan a universidades con fines de lucro de aplicar prácticas de reclutamiento fraudulentas, aseguró en Mayo que emprendería una acción contra Education Management, cuatro años después de recibir una queja presentada por dos exempleados: Lynntoya Washington, directora asistente de ingresos en la División En Línea del Art Institute of Pittsburgh y Michael T. Mahoney, director de entrenamiento para la División de Educación Superior En Línea.
Las compañías de universidades con fines de lucro que cotizan en bolsa han sido recientemente el blanco tanto del examen riguroso por parte del gobierno como de demandas por denunciantes. En 2009 el Apollo Group, propietario de la University of Phoenix, la más grande de las universidades con fines de lucro, llegó a un arreglo por $78 millones con sus demandantes.
En la demanda se hace notar queTodd Nelson, presidente de Education Management, encabezó anteriormente la University of Phoenix. En Phoenix firmó un acuerdo por $9.8 millones con el Departamento de Educación, que había descubierto que Phoenix había “sistemática e intencionalmente” violado la reglamentación federal que prohibe el pago a promotores por el número de estudiantes matriculados. Phoenix jamás reconoció ninguna ilegalidad, ni en ese acuerdo ni en el más reciente de dos años atrás.
La demanda del Departamento de Justicia dijo que el sistema de compensaciones de Education Management era semejante a la de Phoenix; ejecutivos de la empresa han dicho que se instituyó mucho antes de que el Sr. Nelson pasara a formar parte de ella en 2007.
En 2003, el presidente de Education Management era Jock McKernan, exgobernador del estado de Maine y actualmente presidente del directorio. El Sr. McKernan está casado con la senadora Olympia J. Snowe, republicana de Maine cuya declaración patrimonial de 2010 incluye acciones y opciones de Education Management que valen entre $2 millones y $10 milones.
Una versión de este artículo apareció impresa el 9 de Agosto de 2011 en la página A1 de la edición de Nueva York con el titular “Citing Wide Fraud, U.S. Sues A For-Profit College Company”.
Por TAMAR LEWIN
Fuente: The New York Times
Traducción gentileza: Bruce Cassels
Ilustración: Leo Ríos
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