Ministerio de Educación se ha visto con dificultades para articular los detalles respecto al financiamiento de la iniciativa que reforma la Educación en nuestro país. Según informa La Tercera, bajo la mirada de una pequeña comisión de asesores la cartera se devanea en buscar el método de financiamiento que asegure la gratuidad de la educación superior.
Las cifras que se manejan indican que del 3% del PIB que se espera recaude la reforma tributaria, el 2% será destinado a costear la reforma educacional. Ahora bien, de esos recursos, lo que pretende el ministerio es destinar el 30% a la gratuidad de la educación superior, pero su actual propuesta cuesta el 50%.
La propuesta por parte de los especialistas contemplaría dos momentos: el primero, referente a la implementación gradual de la gratuidad, alcanzando un 70% de la población más vulnerable durante el periodo de Michelle Bachelet; y segundo, es que quienes hayan accedido a la gratuidad y se hayan titulado, deban pagar un impuesto asociado a sus rentas.
Y aún cuando este impuesto está asociado a los profesionales que reciban los más altos ingresos, la iniciativa de principio iría en contra de lo prometido por este Gobierno, puesto que no existiría finalmente la gratuidad anunciada y lo que ocurriría es que se pagaría de manera indirecta, a través de un mecanismo tributario, a las arcas que subvencionarían la educación universitaria.
Es imprescindible ajustar las políticas a desarrollar en este punto, puesto que unos de los puntales de lucha que han defendido estudiantes, profesores y apoderados durante muchos años y que se logró instalar en la agenda política nacional, dice relación con alcanzar una Educación Gratuita y de Calidad, por lo tanto, camuflar esta forma de subvención a través de una forma de impuesto iría en contra de las promesas y de las nuevas reglas del juego acordadas.