Otra Política de Drogas es posible

La masiva asistencia al acto “Contra el narcotráfico, cultiva tus derechos”, realizada en el parque forestal el 6 de mayo, precedido de manifestaciones en 200 ciudades de todo el mundo, dan cuenta de que es posible terminar con la prohibición que pesa sobre un grupo de plantas y sustancias ilícitas. Distintos actores a nivel global y en Latinoamérica están organizando actividades paralelas a la Convención sobre drogas de la ONU a realizarse el próximo año. Redes antiprohibicionistas, el crecimiento del movimiento cocalero y un próximo Foro de Cultivos Declarados Ilícitos vienen con fuerza.

El próximo año Naciones Unidas debe revisar las políticas de drogas acordadas en la Convención de 1998, UNGASS, que apuntaba a “eliminar o significativamente reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas”. Los delegados de aquella ocasión declararon al unísono: “Un mundo libre de drogas – ¡Podemos hacerlo!” y luego llegaron a sus respectivos países a promover el endurecimiento en las políticas.
Diez años de hegemonía absoluta del enfoque represivo dan cuenta que, según cifras publicadas recientemente por la Oficina de la ONU sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), el consumo mundial de drogas se ha incrementado: En EE.UU, el país artífice de estas políticas, el consumo de cocaína creció del 2,6 % en 2000 al 2,8 % en 2004; el cannabis aumentó su consumo del 8,3% el 2000, al 12,6 % el 2004. En tanto, la producción mundial de opio estimada, subió de 4.346 toneladas en 1998, a 4.620 el 2005; la cocaína ha aumentado de 825 ton. en 1998 a 910 ton. el 2005; el cannabis de 30.000 ton. en 1998 a 42.000 ton. el 2005.
Joep Oomen, portavoz de Encod, Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, integrado por 166 organizaciones que trabajan en el tema de drogas, contactado por El Ciudadano asevera: “Es obvio que los esfuerzos globales para eliminar o reducir significativamente la demanda y la oferta de drogas antes de la fecha tope de 2008 no han tenido éxito. Sin embargo, estos esfuerzos han causado daños considerables y crecientes a la situación de los derechos humanos, la salud pública, el medio ambiente, la economía, el desarrollo sostenible, el respeto a la ley y la relación entre los ciudadanos y las autoridades por todo el mundo”.
Pese a que la reunión, a realizarse en Viena en abril próximo, podría ser un espacio de cuestionamiento a las fracasadas políticas, a juicio de Oomen: “En la preparación oficial de este evento, ha sido bastante decepcionante ver cómo los gobiernos occidentales y las instituciones internacionales han tratado de evitar que haya alguna discusión sobre posibles cambios en la estrategia, a pesar del creciente monto de pruebas de que no funciona”.

UNA HISTORIA RECIENTE
El origen de la prohibición surge en la Conferencia de Shangai de 1909, continuada luego por la Convención del Opio de La Haya de 1912. La última internacionalizó la fiscalización de la producción y comercialización de coca, señalada como “la cocaína y sus sales”, y fue ratificada en el Tratado de Versalles. Después de 1945 las Naciones Unidas asumieron el compromiso prohibicionista.
Baldomero Cáceres, psicólogo peruano, denuncia: “La creación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, prestó la tribuna “científica” sobre las sustancias que debían ser controladas, a través del Comité de Expertos en Drogas Susceptibles de Engendrar Toxicomanía. En 1952 y 1953 se dictaminó que el coqueo andino (mascar coca) debe ser considerado una forma de cocainismo”. Luego vendría la Convención Única de Estupefacientes en Nueva York, 1961, en la que se fija, entre otros objetivos, la erradicación en 25 años de la práctica del coqueo andino y del arbusto de coca.
Las Convenciones se repitieron en 1971 y 1988, reclasificando sustancias y adoptando listas de estupefacientes, medidas que apuntaban a prohibir cualquier uso de éstas que no sea médico. A los 80’s debemos también la lógica de la guerra a las drogas, que ha generado una cruzada puritana que ha infectado el poder político, medios de comunicación y a la sociedad, arrojando desastrosos resultados: marginalización de los usuarios de sustancias declaradas ilícitas, adulteración de éstas, criminalización de importantes sectores de la sociedad, una circulación cada vez mayor de drogas que alimentan organizaciones criminales mucho más poderosas que muchos estados. En 1998 la ONU trató de cuantificar las ganancias del narcotráfico, estimándolas en más de 400 mil millones de dólares.
A juicio del abogado de la Revista Cáñamo, Pedro Mendoza: “Llevamos casi medio siglo de esta guerra que, como todos saben, nunca se podrá ganar y resulta lamentable la tautología legislativa en que la legislación descansa en las Convenciones Internacionales y viceversa”. Cáceres agrega que los efectos de estas políticas “han impedido el aprovechamiento por la Humanidad de grandes plantas medicinales como amapola, cáñamo y coca, a las cuales recurrió la medicina occidental durante el siglo XIX, antes de la aparición de esa seudo ciencia que es la Psiquiatría, responsable exclusiva de haber predicado contra ellas”.
Silvia Rivera Cusicanqui, del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad Andina Simón Bolívar, explica que “la propuesta de Un mundo libre de drogas es ilusoria y ha chocado estruendosamente con la realidad. Ha fracasado el enfoque represivo y se criminaliza a plantas unilateralmente, dejando fuera de la ley a regiones y poblaciones enteras”.

LA EXPERIENCIA COCALERA
En mayo último, la Comisión Coca de la Asamblea Constituyente de Bolivia, presentó la redacción completa del artículo de la nueva Constitución que apunta a reconocer a la hoja de coca. «El Estado reconoce a la hoja de coca (Erithroxilum coca) originaria y ancestral, como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia; como factor de cohesión social. La revalorización, producción, comercialización se regirá mediante ley», señala el documento. Esto es fruto de una lucha que en menos de 20 años, hizo que cocaleros estigmatizados por la guerra a las drogas llegaran al poder boliviano.
Claro que el proceso es lento. Rivera Cusicanqui, lamenta que “la demanda de retiro de la hoja de coca de la Lista 1 de Estupefacientes ha sido abandonada este año por el gobierno de Evo Morales, por presiones de EE.UU, las que también han obligado a intensificar la erradicación concertada de cocales”, aunque destaca que “hace 4 años se realiza en La Paz y en otras ciudades de la región, una serie de Ferias de la Coca, en el marco de la Campaña Coca y Soberanía, emprendidas por personas y organizaciones de la sociedad civil, industrias, productores ecológicos y otros, que ha conseguido ampliar la legitimidad de la hoja de coca y los productos de su industria como harinas, productos de panificación, alimentos, refrescos o productos de belleza e higiene”.
Rivera también subraya la existencia de una bancada cocalera en el parlamento peruano y en el parlamento andino, pese a que el presidente peruano, Alan García, amenazó a los cocaleros peruanos de bombardear las pistas clandestinas y las pozas donde se macera la hoja. Los productores han dicho que no permitirán ningún tipo de erradicación y empadronamiento bloqueando carreteras. La consigna es “coca o muerte”.
Cáceres por su parte, lamenta la ambigua política de Evo Morales que pese a “su nueva actitud frente a la coca, no hace tambalear la línea prohibicionista que sigue dominante. Es una dependencia colonial, rara vez denunciada como tal, que rige el comportamiento de nuestros Gobiernos”.

FORO DE CULTIVADORES
Otra iniciativa es el Primer Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos que se realizará en Valencia, España, el 2008. Esta reunirá cultivadores de Europa, Marruecos, Estados Unidos y Sudamérica. El objetivo es dar cuenta de los problemas políticos y socioeconómicos que empujan a las comunidades hacia estas formas de agricultura, generar propuestas de políticas distintas a las actuales y articular redes.
Dionisio Núñez, boliviano, uno de los artífices del foro, cuenta desde el país altiplánico que “tanto la adormidera, la coca y el cannabis son plantas cultivadas por campesinos de Asia, América Latina y África. El 2005, según la ONU, las plantaciones de opio cubrían más de 150 mil hás., de las que al menos 100 mil corresponderían a Afganistán; la coca se extendería sobre 160 mil hás. en Perú, Bolivia y Colombia; y el cultivo de cannabis, el cultivo ilícito más extendido en el mundo, ocupó unas 230 mil hás. en 2004/2005, 72 mil de ellas en Marruecos. O sea, en todo el mundo desde hace décadas, millones de personas viven o sobreviven de la producción agrícola de estas plantas para producir drogas, siendo el sector que menos ingresos obtiene en la cadena mundial del tráfico internacional de estupefacientes”.
Núñez considera que “estos campesinos son parte integrante de la realidad del siglo XXI y se inscriben en una problemática permanente de dimensión planetaria. Las drogas se enmarcan más que ningún otro producto en una economía mundializada”.

REFORMA QUE AVANZA
Propuestas alternativas a la actual política de guerra a las drogas vienen sucediéndose en nuestro continente desde hace unos años. En Argentina el 2005 algunos jueces acusaron la inconstitucionalidad de la ley de drogas, y en México el Senado llegó a aprobar la despenalización del porte y consumo de cantidades pequeñas de psicoactivos. La iniciativa fue vetada por el ex presidente Fox, presionado por EE.UU.
Mendoza afirma que “en Uruguay se ha abierto el debate y en Brasil, el Gobernador de Río pidió despenalizar las drogas comenzando con los derivados del cannabis como una forma de terminar con la violencia que inunda las ciudades”.
Silvia Inchaurraga, psicóloga, docente de la Universidad de Rosario y presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, destaca el nacimiento del Consejo Ejecutivo de la Red Latinoamericana para la Reforma de las Políticas de Drogas, REFORMA el 2005, instancia que reúne a organizaciones de la sociedad civil del continente que plantean una política de salud alternativa a la política hegemónica de la abstinencia.
“Las políticas prohibicionistas han fracasado absolutamente, hay sobrada evidencia de ello; también en su intento de controlar y reducir la oferta y la demanda de drogas”, acusa Inchaurraga. La evidencia de los daños de la guerra contra las drogas, contra los usuarios, contra los campesinos y contra las instituciones latinoamericanas, hace urgente modificar las políticas”.
Respecto a la situación en Argentina, Inchaurraga explica que “pese a los proyectos legislativos sobre despenalización, no se ha logrado tratamiento legislativo por la falta de apoyo del partido mayoritario. El avance que dieran en la década pasada Uruguay y Colombia en cuanto a no reprimir a los usuarios, no ha logrado émulos en la región”.
Otra apuesta de REFORMA es la desmilitarización de las agencias y tareas antidrogas. A juicio de Inchaurraga “es necesario que la política de drogas en América Latina considere los tres pilares de prevención, asistencia y reducción de daños”.

¿SE ABREN OPCIONES?
Si bien hay quienes consideran que sería mejor no prestar ninguna atención a la Convención de Viena, estos proponen concentrar energías en acciones locales como lograr cambiar la clasificación de sustancias en la legislación nacional o generar aceptación en la población de regular las drogas. Según Oomen Viena “podría ser la oportunidad para que los ciudadanos opuestos a la guerra a las drogas reúnan sus fuerzas en un esfuerzo para cambiar el curso de la historia. Estamos preparando organizar un contra-evento en Viena, donde esperamos dar la bienvenida a miles de activistas de todo el mundo para lograr hacer una expresión común que ya no se puede ignorar por los medios de comunicación”.
Oomen reconoce como un pequeño avance la decisión de la 50ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que aceptó incluir los comentarios de ONGs a la Sesión Especial de la Asamblea General sobre Drogas el 2009, en la que se evaluará «objetiva, científica y equilibradamente» la situación global de drogas, aunque sospecha de que las organizaciones y personas que accederán a tal instancia “serán cuidadosamente seleccionadas por la Oficina de la ONU sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC).
“De acuerdo a las Convenciones de 1961 y 1988, el mundo debiera haber estado libre de drogas en 1986 y 2000 –señala Oomen-, el 2008 la explicación oficial va ser que ‘no se ha hecho suficiente para obtener este progreso’ y los delegados gubernamentales y los burócratas de la ONU aplaudirán el consenso internacional detrás de la prohibición de drogas, pondrán una nueva fecha tope el 2020 y se tomarán una copa”.
“El director ejecutivo de la ONUCD, Antonio María Costa, ha comenzado a hablar sobre la necesidad de ‘contener’ el problema de las drogas, en lugar de eliminarlo”, acusa Oomen. En el mismo sentido, Ichaurraga se manifiesta “muy escéptica en lo que respecta a la participación en el evento en sí mismo. La representación de nuestros países es a través de funcionarios gubernamentales y la sociedad civil tiene un protagonismo mínimo”.
Mendoza piensa que hasta hoy “no ha existido voluntad de realizar una evaluación que tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía. Ha faltado una correspondencia con la realidad y las manifestaciones en apoyo a la despenalización del cultivo y consumo de cannabis son una muestra de ello (…) Hay políticos y funcionarios de gobierno que parecen creer que las normas que sancionan el cultivo o consumo personal de drogas están escritas en piedra”.
Cáceres cree que lo fundamental es “reunir fuerzas alrededor de una posición clara y terminante: libertad fundamentada para los cultivos prohibidos y amplio retorno a la farmacéutica formal de los opiáceos y la cocaína. Bastaría que un Gobierno estuviera dispuesto a denunciar las Convenciones y exigiera la puesta al día de la información científica para que se iniciara un verdadero cambio”.
Sin duda que el gobierno es vital para regularizar las políticas. Por ello, El Ciudadano intentó contar con la opinión de CONACE, pero no obtuvimos respuesta alguna.

Mauricio Becerra