Piñera pretende igualar a universidades privadas y públicas

Mientras el Gobierno y la Concertación no se logran poner de acuerdo con el presupuesto 2011, donde uno de los temas más álgidos es el financiamiento de la educación, diversas organizaciones relacionadas con la educación superior manifestaron su preocupación debido a la intención del gobierno de Sebastián Piñera de homogeneizar la distribución de aportes estatales, que antes se distribuían entre las universidades del Consejo de Rectores, hacia todas aquellas casas de estudio superior autónomas y acreditadas.

Según el Jefe de la División de Educación del Mineduc, Juan Ugarte, quien aseguró que implementará una serie de reformas tendientes a crear una institucionalidad que agrupe a las universidades públicas y las privadas, “donde no se reconocerían diferencias entre los planteles estatales, los del Consejo de Rectores y las privadas no tradicionales”.

Ante estas declaraciones, efectuadas por Ugarte a un diario de circulación nacional, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, manifestó su profundo rechazo, quien consideró como poco sensatas las medidas anunciadas, debido a que “si se aplican, llevarían a ahogar y a agravar más la situación de las universidades estatales”.

Del mismo modo, el Gobierno pretende extender los Convenios de Desempeño, que originalmente serían entregados a las universidades públicas, a las universidades privadas. Estos Convenios de Desempeño son una nueva modalidad de financiamiento a la educación superior, a través de un contrato entre una universidad y el Ministerio de Educación, donde la primera especifica metas y un plan de mejoramiento institucional.

A propósito de esto, el Senado de la Universidad de Chile, instancia de discusión en la que participan estudiantes, académicos y directivos de dicha casa de estudios, señalaron que mediante estos planteamientos que sostienen que estas entidades serían todas iguales, “se desconoce la función que necesariamente cumplen las universidades estatales y de la cual tanto se ha beneficiado y debe seguir beneficiándose nuestro país”.

El Senado advierte que tal política debilita a las universidades estatales en su rol de servicio público que las diferencia del resto, ya que, “al instalar una competencia por el financiamiento guiada por criterios de mercado, se termina por inhibir esa función que le es propia. En definitiva, se refuerza la idea de minimizar la responsabilidad del Estado mediante una privatización, en la práctica, de todo el sistema universitario chileno”.

Pero el punto más polémico está dado por la discusión del Presupuesto de Educación 2011, el cual pretende ampliar los Fondos de Desarrollo Institucional -Mecesup- a las universidades privadas. Al respecto se manifestó el Consorcio de Universidades Estatales de Chile, quien, en conjunto con otras organizaciones, manifestaron su total rechazo a esta medida.

A través de un comunicado público, manifestaron su pesar por la compleja situación en que se encuentran las universidades estatales, “puesto que en el actual modelo de educación superior caracterizado por una competencia desregulada con instituciones privadas, las universidades estatales operan en completa desventaja”. Además, criticaron los controles a los que están expuestos, los cuales retrasan los procesos de adquisiciones e inversiones y que, junto a la imposibilidad de tomar créditos de largo plazo, constituyen impedimentos severos para invertir en el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento.

El presupuesto para Educación propuesto por el Gobierno, aumentaría un 7,6% con respecto al año anterior. Sin embargo, desde varios sectores se mostraron disconformes con esta cifra, ya que el aumento se vería justificado principalmente por la reconstrucción, debido al terremoto, y el aumento de honorarios en más de 500%. Por otro lado, se reducirían en un 64% el dinero destinado a educación diferencial, y una baja considerable del presupuesto para la educación técnico profesional, ambos temas claves de los sectores más vulnerables.

Por Katherine Torres T.

El Ciudadano