Proponen discutir la educación pública junto a una Nueva Constitución

Los frutos de una Ley de Instrucción Primaria Obligatoria coincidieron e influyeron a otros procesos ciudadanos e institucionales relevantes

La ley que obliga a los niños y niñas chilenos/as a ir a la escuela (y que envía a la cárcel a los papás que no cumplan) cumple un siglo. Para expertos en educación, este centenario es una buena excusa para reflexionar sobre la escuela del futuro y las posibilidades de fortalecer un alicaído Estado Docente.

Sin un hito que se le compare hasta hoy en el ámbito escolar, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, dictada hace exactamente 100 años, el 26 de agosto de 1920, es uno de los avances sociales más relevantes desde que se estableció que todo niño o niña chileno/a tiene el derecho de asistir a la escuela y, sus padres, el deber de cumplir este mandato incluso bajo penas de cárcel para los adultos que incumplieran esta ley.

A la luz de un siglo, se cree que esta fue una de las bases fundamentales para la aparición del denominado Estado Docente que impulsó lo que hoy conocemos como clase media, cree la Dra. en Educación, Beatriz Areyuna. “El primer producto de esta norma legal que “obligaba” a estudiantes y sus padres a asistir a la escuela fue el desarrollo de una clase media ilustrada con mayor acceso a la información, la cultura y el debate que fue tierra fértil para sostener otras reformas fundamentales venideras como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, el movimiento sindical o los procesos de industrialización guiados por la Corfo”, señala y evalúa que es impensable pensar en el desarrollo nacional posterior sin considerar esta idea de educación pública que siguió a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920.

Los frutos de una Ley de Instrucción Primaria Obligatoria coincidieron e influyeron a otros procesos ciudadanos e institucionales relevantes para estos mismos sectores ligados a la industria, el trabajo y a espacios políticos como el voto y la participación sindical. “Con el tiempo se fue fortaleciendo la posibilidad de que, lo que se presentó como un derecho para niños y niñas, se transformara en un aumento de la matricula, la escolaridad y la aparición de actores de la ciudadanía que vieron la posibilidad de seguir sus estudios bajo la tutela del Estado Docente en lo que sería el liceo o la formación técnica”, agrega la Areyuna.

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Claroscuros en un siglo de educación obligatoria

Para el historiador Felipe Zurita, docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, no existió un efecto totalmente inmediato luego de publicarse la Ley de Instrucción Primaria pese a su carácter obligatorio. “Como regulación jurídica, esta iniciativa no logró aumentar las matrículas en las escuelas ni la asistencia de una cantidad aún insuficiente de establecimientos educacionales a lo largo del territorio. Esto se debió, fundamentalmente, a la profunda pobreza de la mayoría de gran parte de la población. En dicho contexto, las familias no podían generar por su propia cuenta las condiciones para llevar a sus hijas e hijos a los establecimientos educacionales por más que fuese un servicio gratuito y obligatorio”, señala. Zurita perfila a este grupo de familias como gente del campo y sectores más populares de la ciudad para quienes un hijo o hija era más útil trabajando la tierra que asistiendo a clases, por ejemplo.

“Así, los beneficiados inmediatos de esta innovadora normativa fueron quienes sí tenían estas necesidades urgentes cubiertas o, al menos, quienes sí podían asegurar a sus familias estudiantes la vestimenta, el transporte y la alimentación adecuada para una rutina escolar”, describe el profesor. Por entonces, José Victorino Lastarria, Ministro de Hacienda, senador y cronista de la época, reportaba que la educación escolar estaba lejos de superar “la incuria que está dominado el proletariado en la falta de recursos, la falta de espíritu público; la falta de conocimientos industriales” y la discriminación en que vive gran parte de la población.

La profesora Areyuna, este centenario es un momento preciso para debatir sobre la escuela del nuevo siglo rescatando la intención original de una ley que también se ha visto enfrentada a embates de lo que denomina, la educación de mercado. “Estamos ante la oportunidad de discutir como fortalecer este proyecto educativo centenario que poco a poco ha sido desmantelado con acciones muy concretas y poco casuales”, señala sobre medidas relativamente recientes como el traspaso de fondos desde la educación pública al sector privado, la excesiva burocratización de este servicio y a la idea sesgada de que escoger colegios particulares o particulares subvencionados, es una decisión de “buenos padres”.

Al respecto, el Premio Nacional de Educación, Abraham Magendzo sostiene que discutir estas controversias es parte de un espíritu de los tiempos más amplio. El foco, en nuestro caso local fue haberse atrevido a reconocer que la educación es un derecho y no un bien de consumo. “Los cambios que se tomen a partir de esto van a tomar años, pero es un avance decir que con la educación no se lucra, que no se selecciona ni se descrema. Ahora discutimos la gratuidad, si darle o no a los ricos, en esa discusión no se analiza lo sustantivo: que la educación es un derecho y los derechos son exigibles, para eso se creó el Estado. No se está pidiendo una limosna ni una dádiva, es cumplir un derecho”, recuerda sobre el alma de una ley centenaria.

Por su parte, Pedro Huerta, profesor de Historia y Ciencias Sociales, Magíster en Historia Económica y Social, añade que conmemorar esta ley exige pensar la viabilidad de un papel mucho más activo del Estado en la educación chilena como motor para el desarrollo del país. “También de una ciudadanía más profunda y participativa que fortalezca la educación, discusión que puede ser parte de la redacción de una nueva constitución”, cree.

Coincide con él la profesora Beatriz Areyuna, Decana de la Facultad de Pedagogía UAHC, para quien existe un interés de gran parte de la población y autoridades por retomar, al menos tangencialmente, la idea del derecho a la educación. Una discusión que, no obstante, no se ha materializado más allá de las intenciones. “Un buen comienzo es disminuir institucionalmente la brecha entre colegios públicos y privados y generar una agenda más audaz para pensar los desafíos de la escuela pública del siglo 21, sus valores de sociedad y el perfil de los estudiantes que salgan de estas escuelas”, propone.

Fuente: Nota de prensa

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