Que en Chile la educación sea de propiedad social y administración estatal

1. Finlandia se ha convertido en el modelo de país que en el plano educacional, tiene, acaso, la mejor enseñanza del planeta. Allí, la educación de propiedad privada no representa más de un 4 %, y el gasto estatal para el área corresponde a un 7 % de su Producto Interno Bruto. En Chile, por el contrario, la educación de propiedad privada y privada subvencionada ya alcanza la mitad del sistema escolar (y continúa su crecimiento), y el Fisco sólo invierte en ella un 4,2 % del PIB.

2. A escala mundial, la educación  privada oscila entre un 10 % y un 15 %.. En Irlanda, la enseñanza privada raya en el 1 %, y en Italia es de un 7 % la primaria y de un 4,6 % la secundaria. En los países denominados “en desarrollo”, producto del desmantelamiento estatal y la imposición a rajatabla del recetario neoliberal –que entre otros principios, impone desde sus instituciones internacionales, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, la privatización absoluta de los derechos sociales fundamentales-, ha propiciado el avance de la enseñanza de propiedad privada hasta un 30 %.  En Brasil, la educación no universitaria de matrícula privada no excede el 11 %; en México llega a un 12 %; y en Perú al 17 %. Chile supera con creces esas cifras. Es el extremo de la liberalización de la enseñanza, con los pobres resultados por todos conocidos.

3. No es casualidad, sino más bien un efecto concreto y premeditado, que desde los 70 y 80 del siglo pasado, en el contexto infame de las dictaduras antipopulares en Latinoamérica, y en Chile en particular, se haya adoptado una política de enseñanza descentralizada, municipalizada, y donde casi la mitad del gasto de la educación  del país fue traspasado a las familias de los escolares. La dictadura pinochetista de refundación capitalista -laboratorio ideal para la ultra derecha anglosajona- creó  condiciones inmejorables para que la resistencia popular a la privatización educacional haya sido extraordinariamente insuficiente ante la jibarización de la propiedad social, resumida en el Estado hasta entonces, y la destrucción de la antigua, decorosa y prestigiosa educación pública chilena. Luego de la decapitación del movimiento de los trabajadores y el pueblo y sus destacamentos políticos desde el 11 de septiembre mismo de 1973, la resistencia al régimen del General Pinochet resultó heroica, pero puramente testimonial, hasta el reinició de un nuevo ciclo de luchas sociales a comienzos de los 80. La municipalización en Chile era la antesala al proyecto neoliberal ortodoxo de privatizar toda la enseñanza. Las protestas populares en ascenso lograron contener parcialmente ese objetivo. Sin embargo, las administraciones civiles de la Concertación, en vez de hacer efectivas sus promesas programáticas al respecto, simplemente consolidaron y profundizaron la tendencia a la privatización y la subvención escolar en desmedro estructural de la enseñanza de propiedad pública. El resultado transitorio de este proceso provocó, no sólo una educación altamente segmentada socialmente (de clases), sino que propició las condiciones para el estallido del movimiento estudiantil en 2006, y su nueva madrugada en la actualidad; y la intención cosmética de modificar adjetivamente la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la Ley General de Enseñanza (LGE), la cual será aprobada en el senado el próximo 27 de junio. Ella consagra el actual estado de cosas, esto es, la educación privada subvencionada, el colegio conducido bajo paradigmas estrictamente empresariales, y, en el mejor de los casos, parte de su articulado jurídico apuesta a la transparentación de los gastos, malla curricular y resultados académicos del territorio privado de la enseñanza. Sin embargo, el lucro se mantiene en tanto el sostenedor o propietario del establecimiento escolar tenga como giro único de ganancias la educación. El papel mojado de la LGE termina por pulverizarse, toda vez que  Chile, hace mucho tiempo,  cuenta con un sinnúmero de argucias y garantías legales que permiten, de manera formalmente indirecta (a través de familiares y amigos, por ejemplo), obtener utilidades empresariales para los sostenedores en rubros distintos que la educación, sin que su nombre tenga que aparecer en la documentación oficial. Por eso la derecha se queja sólo teatralmente (aparentando una falsa contradicción con la ley “nueva” pactada con la Concertación”), mientras el mundo social ligado a la escolaridad sale a las calles.

4. Más allá de la discusión sobre la descentralización estatal de la educación y sus efectos, vale acentuar hoy, que la contradicción esencial se sintetiza en la existencia de una educación pública con enormes requerimientos económicos y pedagógicos (los cuales en muchos aspectos, van de la mano) y una educación privada subvencionada o no, que tiende a hegemonizar el sistema escolar chileno, ilustrando pavorosamente la osificación y perpetuación de una educación de clases. Hasta ahora, la consigna predominante entre los estudiantes de liceos y universidades, y de los profesores ha sido “No al Lucro. A fortalecer la Educación Pública”. Sin embargo, el eslogan resulta todavía muy lateral, oblicuo, apunta, en general, al problema, pero no construye proposición objetiva, concreta, palpable, altamente comprensible para las grandes mayorías. Cuando en otra demanda histórica de los trabajadores y el pueblo se dice “A renacionalizar el cobre”, queda absolutamente claro para el conjunto de la sociedad el objetivo que se persigue (es decir, la consigna en este caso, facilita y comprime cognitivamente el mensaje político de fondo, lo cual provoca una alta conformidad pública, de acuerdo a algunas encuestas). Por eso resulta imperioso para los sectores anticapitalistas, para los progresistas y los intereses de los trabajadores y el pueblo, por lo menos aventurar dos líneas prácticas en la caminata estratégica de reconstruir y reconquistar, a la luz de la realidad trágica de la enseñanza tal como se presenta en la hora actual, una  educación pública potente e incuestionable. Una de ellas está asociada a clarificar, simplificar, descifrar llanamente los objetivos nucleares de la protesta contra la LOCE y la LGE. En este sentido, es más acertado resumir la demanda popular en volver a convertir a la educación en propiedad social administrada y financiada por el Estado, contra la educación privada subvencionada. Si bien aristas del problema vinculados a la descentralización de la enseñanza (que no tienen que ver con la propiedad del derecho reivindicado), abre debates urgentes sobre el financiamiento necesario, la formación inicial docente, el horizonte de sentido de la educación, su traducción en la malla curricular y su relación genética con un proyecto de país y de mundo distinto al dominante, al menos sienta las bases materiales para impulsar el debate social amplio y democrático que requiere semejante labor. Y por otro lado, está suficientemente probado que la lucha por una educación de propiedad social y administración estatal, lejos escapa al puro ámbito de los estudiantes, los profesores y los apoderados. La exitosa concentración de 15 mil personas en las cercanías del Congreso Nacional en Valparaíso, en términos relativos, es auspiciosa, pero como expresión de fuerzas resulta todavía muy insuficiente (en Chile hay alrededor de 140 mil profesores y más de 3 millones de escolares). Los    actores sociales en movimiento son aún una fracción del motor de pueblo en lucha necesario para abrigar posibilidades de imponer desde abajo la demanda clave, y sólo pertenecen al ámbito inmediato de la enseñanza. La educación en un tema de país que recorre el pasado, la actualidad y el porvenir de todo el pueblo. Si la demanda, en su composición de fuerzas impulsoras, se acota, se “especializa”, se encapsula únicamente en los actores involucrados en el fetiche de la parte por sobre el conjunto, difícilmente se obtendrá lo que se persigue, por muy justa y razonable que sea la demanda. En este caso, la incorporación de los trabajadores, organizados y no organizados, es la tarea capilar de los estudiantes y los profesores. La lucha por la recuperación de la enseñanza como propiedad social administrada por el Estado, y el término de la escolaridad privada subvencionada (¿Qué importa que subsista el histórico 10 % de educación particular-particular, si el 90 % es mañana educación pública corregida, debatida y convenida en sus sentidos por el complejo social, y  financiada prioritariamente por el Estado?) es ética y políticamente, un combate masivo, amplio, ancho, del conjunto de los trabajadores y el pueblo. ¿Qué persona, mujer, hombre, trabajador@, joven podría estar fundadamente contra esta lucha y contra estos contenidos? Si en el primer mundo entre un 85 % a un 90 %  de la educación es propiedad del Estado, ¿Quién sino un sostenedor privado o un fanático de la liberalización irracional e injusta de los derechos sociales elementales podría oponerse a la demanda por la educación pública? Está claro que lo anterior es parte del prólogo de un derrotero largo, y que su sola mención hace estallar los intereses de clase más primigenios de la minoría en el poder. ¿Pero tenemos otra alternativa, si uno de los eslabones más débiles visibles para las grandes mayorías en un modelo fundado en la desigualdad  abyecta comienza  hacer crisis por el ámbito educacional?

Andrés Figueroa Cornejo