Foto: Casablanca Hoy
La iniciativa del ejecutivo presentado por la presidenta Bachelet indica dentro de sus propósitos un sistema que mejore las capacidades profesionales docentes “en el contexto de una trayectoria conocida y estimulante, para mejorar sus capacidades de conducción y desarrollo en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestras niñas y niños”.
Dentro de los ejes principales que constituyen esta discutida iniciativa se encuentran, primero, el que tiene que ver la Formación inicial de profesores la que contempla la suma de requisitos en la selección de estudiantes que quieran acceder a los programas de pedagogía, obligando a que todas las casas de estudio estén acreditadas debidamente. Por otra parte, aquellos planteles que no cuenten con esa acreditación tendrán un plazo de 3 años para poder acceder a ella y regularizar esta situación.
Se suma a lo anterior la implementación obligatoria de una evaluación de carácter diagnóstico en este momento de la formación inicial.
Otro punto relevante en este espacio que norma la formación inicial se relaciona con el aumento progresivo de las exigencias a los postulantes a las escuela de pedagogía, estableciéndose la siguiente proyección en el tiempo:
- Año 2016: 500 puntos PSU y ubicación en 50% superior de puntaje ranking de notas.
- Año 2018: 525 puntos PSU y ubicación en 40% superior de puntaje ranking de notas.
- Año 2020: 550 puntos PSU y ubicación en 30% superior de puntaje ranking de notas.
Con esta medida se quiere confirmar, claramente, la determinación de criterios de selección sobre la base de los discutidos instrumentos de evaluación existentes como el ranking de notas y la controversial Prueba de Selección Universitaria (PSU), desestimando la necesidad de poner en marcha nuevas formas de evaluación y selección de futuros profesores.
Un segundo eje por donde transita esta iniciativa del ejecutivo tiene relación con la Inducción para principiantes y el apoyo en la inserción laboral de los recién egresados a través de un “mentor formado y experimentado” que cuente con trayectoria, se encuentre en las etapas superiores de la carrera, pertenezca a la Red Maestros de Maestros, tenga un carácter de voluntario y no supere los 10 meses en este acompañamiento.
Este punto contempla que quien acompañe al postulante a convertirse en profesor lo asista un promedio de 6 horas semanales no lectivas y que esté acreditado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
Por último, se pondrá en marcha programas de formación que compensen las áreas débiles de los postulantes y que los ayuden en aspectos como el mejoramiento de los climas de aprendizaje o en el quehacer educativo pensado para todos los estudiantes de manera inclusiva.
Un tercer aspecto que considera esta reforma y que tiene muchos detractores, se refiere a la Carrera Profesional Docente, la que tiene una estructura articulada en dos ejes: el primero constituido por tres tramos obligatorios que se categorizan en Desarrollo Inicial, Desarrollo Temprano y Desarrollo Avanzado.
El otro eje se constituye de manera voluntaria y pretende mantener a los profesores que tienen un buen desempeño dentro de la sala de clases, ofreciéndoles trayectoria de desarrollo y que se establecen en Desarrollo Superior y Desarrollo Experto.
Por otra parte, para poder instalarse y avanzar a través de estas taxonomías se deberá certificar los desempeños a través de dos instrumentos: una prueba de conocimientos respecto a la disciplina que imparten y el desarrollo de un portafolio.
Los nuevos profesores que estén certificados -a través del portafolio en el caso del sector público y como se procede con la evaluación docente-, ingresarán al tramo inicial, no pudiendo superar los ocho años dentro de esta categoría y si estos profesionales se destacan en este periodo, podrán acceder a avanzar y subir inmediatamente al tramo avanzado.
El Gobierno establece que este nivel es el que consideran como adecuado, por lo tanto, lográndolo, los docentes podrían acceder a otros cargos dentro del universo pedagógico como el de jefe de equipo o director.
Por último, el cuarto punto que constituye esta iniciativa gubernamental es el que considera los Sueldos y que será determinado por aumentos salariales según una Asignación por Tramo del Sistema Profesional Docente (ATDP), una asignación por experiencia -en el caso del sector público-, una asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico-Pedagógica, un Reconocimiento a la Docencia en establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios, una bonificación de reconocimiento profesional y una de excelencia académica, en los casos que correspondan.
En el detalle, las asignaciones funcionarían, por ejemplo, en el caso de un contrato de 44 horas semanales y de 15 bienios, con el aumento de $292.992 en el tramo inicial y hasta $1.228.876 en el nivel superior de esta escala que corresponde al tramo experto.
En el caso del reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, este será equivalente al 40% de la asignación de tramo correspondiente.
Finalmente, la máxima bonificación por reconocimiento profesional estará conformada en un 75% por concepto de título, con un monto máximo de $228.258 y un complemento de 25% por mención, con un monto de $76.086, en contratos de 30 horas o más.
Las muchas voces que disienten respecto a este proyecto propuesto por la administración de Bachelet, resienten en gran medida el hecho de que, finalmente, todos los cambios que se plantean se realizan sobre la base de un sistema altamente competitivo, tremendamente fiscalizador y sobre todo, disociado de las verdaderas realidades que se viven en las aulas de gran parte de los colegios y escuelas de Chile y que son el reflejo de un país profundamente desigual.
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