Reforma educativa: actualización del proyecto neoliberal

Escribimos estas palabras tras reunirnos la semana pasada, como mesa ejecutiva de la CONFECH, con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, en la primera actividad de un año que se anuncia activo en la agenda de reformas del gobierno en educación.

A pesar de los momentos de tensión por los que está atravesando la clase política, incluyendo el gobierno, al ponerse en evidencia sus profundos anclajes con el empresariado, como estudiantes no podemos caer en el triunfalismo o el oportunismo.

En materia de reformas educativas, el ejecutivo llevó la delantera todo el 2014 y empezó el 2015 con un triunfo, al aprobarse la reforma de inclusión escolar, sin que las organizaciones estudiantiles se hicieran notar. Ahora se nos pasó marzo con una respuesta apenas tibia a una agenda recargada: política nacional docente, desmunicipalización y, sobre todo, gratuidad en la ESUP.

Frente a esta ofensiva de propuestas, lo que nos parece fundamental es no repetir los errores del año pasado, que entregaron el movimiento estudiantil a la muñeca del Mineduc, dejando a éste con la iniciativa en todo plano, ya fuera en materia de participación, como lo fueron los diálogos ciudadanos, o en materia de política pública, limitándonos a reaccionar ante cada iniciativa que ellos plantearan.

Pero, ¿por qué ocurre este pésimo escenario para el movimiento estudiantil? Mientras, de manera oportunista, las juventudes oficialistas acusan que el autodesignado “bloque de conducción” extravió el norte al no sumarse a la ola reformista del gobierno, estamos quienes apuntamos la crítica a una conducción cupular e institucionalista de la CONFECH, que puso su foco en validarse como actor de la trama Ejecutivo/Legislativo, sumarse a las lógicas de negociación del Mineduc y desechar la fuerza de los estudiantes movilizados como factor de presión.

El resultado fue el reflujo del movimiento, la ausencia de los representes estudiantiles del debate, el control de la agenda por parte de Eyzaguirre y la aprobación de la primera reforma durante el vacacional mes de enero. Sintomático es que el mayor símbolo de la oposición a estas reformas no seamos los estudiantes, sino un movimiento ficticio de apoderados que defienden el derecho a la desigualdad y a ser víctimas de una estafa.

No podemos repetir lo ocurrido el 2014. Junto con cambiar seriamente la estrategia cupular y desmovilizadora que caracterizó al “bloque de conducción” de la CONFECH, que al llamar a “cogestionar la reforma” amenaza con darle continuidad a la fracasada estrategia de 2014, nos parece clave colocar el acento en el por qué nos oponemos a la reforma educacional de la Nueva Mayoría.

En síntesis, dicha reforma, lejos de entrar en pugna con el modelo neoliberal que caracteriza la educación chilena, representa la actualización o modernización de este proyecto, removiendo su faceta mercantil más extrema y dotándolo de mecanismos de regulación y financiamiento estatal que no rompen con su matriz original. De esta manera, la reforma es incapaz de enfrentar la que, creemos, es la principal crisis de la educación chilena: la contradicción entre la mercantilización de la educación versus la generación del conocimiento puesto al servicio de la sociedad.

Nuestra mirada se desmarca, por lo tanto, de aquellos ideólogos y actuales funcionarios, como Atria, Muñoz o Crispi, que aseguran que al poner fin al lucro, la selección y el copago, lo mismo que al instalar la gratuidad en el formato propuesto, se comienza a desplazar el paradigma neoliberal. Creemos, en cambio, que el conjunto de propuestas parten de la base de aceptar una matriz intocable, en la que persisten los pilares del modelo de mercado en la educación, y en vez de modificarla de raíz, la dotan de una intervención parcial del Estado que garantiza tanto una oferta más regulada como, sobre todo, la sobrevivencia de la oferta privada, en particular aquella que lucra en CFT e IP; la (re)producción de los intereses de ciertos sectores de poder de la sociedad chilena, léase de sectas católicas o laicas, del empresariado o de partidos políticos; la formulación de carreras según criterios de mercado y no por necesidades del país, entre otros puntos.

Especial revisión merece un elemento nuevo surgido de la reunión con el ministro: la propuesta de que, junto con mantener la lógica de competencia entre las instituciones para captar financiamiento, ésta se determinará bajo una nueva figura, donde por medio de un financiamiento a la demanda que tendrá el carácter de «basal» de acuerdo a su matrícula, se financiará la educación de los estudiantes. Así, en el caso que una universidad quiera cobrar por sobre el arancel que el gobierno fije como el precio de una carrera, se les entregará la diferencia, pero deberán rendirla como convenio de desempeño en costos de investigación. Esto significa que las universidades que pueden desarrollar investigación, que coincidentemente son aquellas que educan a los estudiantes de elite, se elitizarán aún más, puesto que recibirán más recursos, mientras que aquellas que tienen menos matrícula y no tienen las condiciones para generar investigación, recibirán menos fondos y se precarizarán aun más, las que –también “coincidentemente”- educan a los sectores populares.

En suma, por ninguna parte se revela intención alguna de acabar con la contradicción principal que hoy existe en la educación, que se da entre la mercantilización y el conocimiento. Es necesario entender que hoy el problema de la calidad en educación pasa por el hecho de que ésta está determinada por criterios de mercado, lo que determina que exista una educación de “buena calidad” para quienes pueden pagar y otra de “mala calidad” para quienes no pueden pagar. El mercado ha despojado a la educación de su razón de ser, de su sentido: ser una herramienta para producir conocimiento al servicio de la sociedad, para convertirla en una mercancía más.

Teniendo esto en claro, es que no celebraremos como un avance las reformas que hoy se impulsan. Por el contrario, seguiremos movilizándonos para lograr una educación que esté al servicio de las necesidades de las amplias mayorías de nuestro país, una que sea auténticamente pública, y no nos quedaremos conformes con reformas que solo hagan encajar mejor a esta educación dentro de una economía capitalista neoliberal.

Este objetivo es lo que nos diferencia no sólo de la derecha y la Nueva Mayoría, cuya apuesta programática es la continuidad de la educación mercantil, sino también de quienes miran con desconfianza estas reformas pero las validan, ya que ven en ellas una oportunidad de entrar en el juego de la institucionalidad. Nosotros nos posicionamos fuera del consenso neoliberal de la clase política y sus apéndices, para buscar de manera efectiva una alternativa que transforme desde sus bases al actual sistema y genere uno nuevo, igualitario, justo y digno para todos y todas.

Felipe Quezada. Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción