El Gobierno prevé en 2012 enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear la primera universidad de los pueblos originarios de Paraguay, una reivindicación necesaria e impensable en épocas anteriores.
Aunque sólo se trata de una aspiración, el ministro de Educación y Cultura, Víctor Ríos, aseguró que la idea en principio es instalar el alto centro de estudios en la zona del Chaco paraguayo.
«Este es un tema muy importante y un objetivo que queremos lograr este año», afirmó en declaraciones a la prensa, para añadir que será una «reivindicación histórica» con las diferentes etnias nativas residentes en Paraguay.
Paralelo a este anuncio se informó también que 20 comunidades indígenas crearon una comisión con el objetivo de impulsar la política educativa propuesta en la Ley 3231/07, referida a la instrucción de los nativos.
La mencionada ordenanza propone la articulación del sistema educativo regular con los propios originarios, y cinco años después se viene a reglamentar. Lorenza Benítez, representante de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), expresó que esta comisión será reconocida mediante resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La iniciativa no deja de ser interesante al recurrir al empleo del idioma propio de estos pueblos y la utilización de materiales tradicionales, así como el aprendizaje y empleo de la cultura nativa dentro de la educación regular, señaló Benítez.
Tiempo atrás Amada Báez, técnica del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), dijo que los originarios tienen su cultura, otra forma de ver el mundo, son diferentes, y eso no queremos aceptarlo.
«No les dejamos ser diferentes, si los dejáramos ser diferentes a lo mejor muchas cosas se solucionarían», afirmó.
La funcionaria de Conapi explicó que se conformó una comisión para acompañar el proceso de instalación de la estructura, la cual abarcará 400 instituciones educativas indígenas en todo el país.
Para la viceministra de Gestión Educativa, Cynthia Brizuela, la implementación de la ley es un momento histórico en el que «por fin los 20 pueblos están reunidos a favor de la educación de sus hijos».
Una primera experiencia se tuvo el pasado año, cuando el MEC puso en práctica el proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos del pueblo Toba Qom, mediante el cual estas personas aprendieron a leer, escribir y realizar cálculos en su lengua materna.
En ese sentido se implementó un método de alfabetización integral adecuado a su cultura, lógica de pensamiento y metodología de aprendizaje, que respondió directamente a sus necesidades y expectativas como pueblo con miras al desarrollo comunitario.
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
La población indígena paraguaya actual es de 108 mil 308 personas y la conforman 20 etnias pertenecientes a cinco familias lingüísticas, según datos del 2008.
Estas son Guaraní, Zamuko, Maskoy, Mataco Mataguayo y Guaicurú, las cuales están distribuidas en las regiones oriental y occidental del país, y representan tan sólo el 1,8 por ciento de la población nacional.
Cada una de esas familias lingüísticas están divididas, a su vez, por grupos, con la excepción de los Guaicurú, constituida por un solo pueblo: los Toba Qom.
Varían también las costumbres, los idiomas, las tradiciones culturales y el número poblacional, siendo los Avá Guaraní, Paà Tavyterã, Mbya y Nivaclé, los de mayor censo, y Guaná, Manjui y Tomáraho, los de menor población.
Los datos oficiales más recientes indican que los indígenas están asentados en el 91,5 por ciento en las áreas rurales, aunque etnias como los Maká, Maskoy, Guaraní Occidental y Nivaclé tienen presencia significativa en zonas urbanas.
El Registro de Comunidades Indígenas tiene inscritas 550 comunidades, de las cuales 417 poseen personalidad jurídica, otorgada por decreto presidencial, y con capacidad para recibir títulos de propiedad comunitaria.
De acuerdo con el Instituto Paraguayo del Indígena, aproximadamente el 60 por ciento de esas comunidades tienen títulos de propiedad.
Para evaluar la situación de la educación indígena hay que situarla en el contexto de la enseñanza en general, con necesidades básicas que evidencian las falencias de un sistema de educación en el cual tan sólo el pasado año 200 mil jóvenes quedaron fuera del curso escolar.
Pese a las numerosas iniciativas llevadas a cabo por el gobierno de Fernando Lugo, como la de implementar la enseñanza gratuita en la educación escolar y básica, siguen siendo aún profundas las huellas del atraso.
Las dificultades se ensañan con la educación indígena, en la cual la población de 15 años y más tiene un promedio de estudio de sólo tres, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo del 2009.
Este dato es un poco más alto en la población Aché de las zonas urbanas, donde asciende a alrededor de seis años de estudio y los guaraníes de la zona Occidental con 4,3 años, en las zonas urbanas y rurales.
De manera general, el analfabetismo alcanza el 40 por ciento, aunque con variaciones por sexo que llegan en el caso de las mujeres al 90 por ciento, y por familias lingüísticas que van del mínimo de 28 por ciento en los Guicurú y el 45 por ciento en los Guaraníes, según la fuente.
Ante tanta pobreza y exclusión social de la población originaria, el Poder Ejecutivo creó el Programa Nacional para los Pueblos Indígenas (Pronapi) a finales del 2009, bajo la coordinación del INDI.
Apoyan, además, una comisión ad hoc coordinada por el Gabinete Social de la Presidencia con el propósito de impulsar acciones de asistencia, protección y promoción a favor de los nativos.
RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO
El presidente Lugo ha tratado de implementar una política de inclusión social en beneficio de los indígenas, con avances incuestionables, pero bien difícil resulta borrar en apenas cuatro años cinco siglos de abandono.
Aún así, familias de 153 comunidades indígenas de 12 de los 14 departamentos donde habitan, fueron asistidas técnicamente para la producción de alimentos y generación de ingresos, en cantidad, variedad y calidad.
De igual manera, como parte del Pronapi, nueve departamentos de la región Oriental recibieron asistencia alimentaria básica en beneficio de cuatro mil 336 familias, cifra que ascenderá en tres años a 10 mil 859 familias de 345 comunidades nativas.
Un asunto todavía no resuelto, dada su complejidad, ha sido la restitución de las tierras ancestrales para los indígenas.
En el 2011 el Estado paraguayo adquirió ocho mil 748 hectáreas, de las que mil fueron entregadas a la comunidad Kelyenmagategma.
El pasado 31 de enero 350 nativos de las comunidades Yakye Axa y Kelyenmagategma también fueron beneficiados con la entrega de 12 mil hectáreas de tierras, en los distritos de Villa Hayes y Puerto Colón, en el Chaco paraguayo, norte del país.
Con esta última solución se dio respuesta a los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó el Instituto Paraguayo del Indígena.
Paraguay tiene tres casos de reivindicaciones indígenas ante ese organismo: Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xamók kásek, y el de Kelyenmagategma está en observación, según la fuente.
Del 2008 al presente creció la regularización de la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas.
En esa fecha, alrededor del 45 por ciento de las comunidades originarias registradas carecían del acceso a tierra propia, y de 280 mil hectáreas planificadas, se logró titular 128 mil en los últimos años, el 46 por ciento de la meta.
Para la líder guaraní María Luisa Duarte, pese a los avances, todavía es una deuda pendiente «la participación real de los indígenas en la autodeterminación de los pueblos», con vistas a lo cual se requiere de «una política pública con el indígena y para el indígena».
Juan Carlos Díaz Guerrero
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