Vocero Confech y división del Consejo de Rectores: «El G9 está provocando el quiebre porque le conviene el actual sistema de financiamiento»

El 2017 comenzó con una aguda división al interior del Consejo de Rectores (CRUCh). Fueron dos los elementos que detonaron el quiebre entre los representantes de los planteles estatales y el G9 (privadas tradicionales): la querella presentada por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, debido a la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI); y el video de las Universidades Estatales contra el Crédito con Aval del Estado (CAE), en el que se representa a los planteles privados con callampas.

A inicios de enero, Sánchez denunció el incumplimiento de la ley que norma el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior, porque en el Presupuesto 2017 no se incluyeron los montos asignados de acuerdo a la matrícula estudiantil del año anterior.

En El Mercurio, el rector afirmó que la medida del gobierno implica un daño patrimonial para la UC equivalente a $1.700 millones. Además, acusó a las universidades estatales por no haber cumplido el compromiso de solicitar al gobierno la restitución del cuestionado aporte, creado en 1981.

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El segundo hito del desencuentro ocurrió el pasado 9 de enero, cuando se hizo público un video del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) que critica el sistema de créditos implementado en el gobierno de Ricardo Lagos. El registro sostiene que, producto del CAE, hay más endeudados que titulados, pero lo que generó mayor inquietud en el G9 fue la comparación de las universidades privadas con callampas, debido a su explosiva proliferación.

En conversación con El Ciudadano, el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh), Patricio Medina, manifestó que los rectores se encuentran divididos, fundamentalmente, por la asignación de recursos. Para el dirigente, parte de la responsabilidad por el quiebre recae en el Gobierno, por la ambigüedad de su postura en relación a la reforma de la educación superior.

«El gobierno tiene una gran responsabilidad en no tener definiciones. Hoy está esperando la decisión del CRUCh, pero no tienen una definición como Mineduc, de ser prioritario el enfoque del financiamiento a las universidades del Estado».

El quiebre según los estudiantes

El clima de dispersión de los rectores tuvo otras expresiones, como la ausencia del G9 de la reunión mensual del CRUCh efectuada el pasado jueves, y una serie de declaraciones que aumentan el distanciamiento entre las autoridades universitarias. A modo de ejemplo, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9, Claudio Elórtegui, dijo que Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, «es uno de los principales responsables de esta crisis, con su actitud poco amistosa que ha tenido hacia las instituciones no estatales del G9, desconociendo una práctica y un camino conjunto en el Cruch por más de 60 años».

Con el fin de disminuir la tensión, el vicepresidente ejecutivo del CRUCh y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, hizo un llamado «a evitar las referencias públicas de carácter personal, pues ello no contribuye a superar las graves discrepancias que actualmente nos afectan. Las imputaciones de responsabilidad a personas determinadas, junto con poder ser injustas, harán más difícil el diálogo y las posibilidades de encontrar los acuerdos sustantivos que sin duda necesitamos».

¿Cómo interpretan esta disputa desde la CONFECh? Según indicó Patricio Medina, vocero de los estudiantes universitarios y presidente de la FEUSACh, «tenemos un G9 con enorme mezquindad a la hora de proponer. Acá hay una defensa corporativa por parte del G9, de manejar solo sus intereses en torno al financiamiento. La discusión profunda no se ha dado, solo estamos hablando de financiamiento y claramente son intereses económicos».

Patricio Medina.

El dirigente afirma que entiende que el G9 defienda sus universidades, sin embargo, sus críticas se orientan a que el alegato de los rectores de ese sector, resta visibilidad a la situación de los planteles estatales de regiones, «que hoy están en decadencia en torno a su financiamiento, universidades estatales que hoy no tienen la posibilidad de poder mejorar su educación, porque tenemos una falta de aporte por parte del Estado».

En este sentido, Medina fue enfático en señalar que «el G9 está provocando el quiebre, porque le conviene el actual sistema de financiamiento, no les interesa que haya reforma y mientras los rectores estén quebrados, la sensación que tenemos como CONFECh es que no habrá reforma. Claramente, eso le conviene al G9 y a eso están apostando».

Los motivos que esgrime el dirigente apuntan a que los planteles del G9 perderían terreno «en esa competencia de mercado que ellos visualizan, en torno a los mejores estudiantes en las casas de estudio», como consecuencia de una mayor dotación de recursos para las universidades estatales.

¿Reforma puesta en juego?

La división de los rectores representa un obstáculo adicional para la tramitación del proyecto de reforma a la educación superior, considerando que este es el último año de la administración Bachelet. En este sentido, el desacuerdo retrasa la definición de una postura del CRUCh, en comparación con el CONFECh, que ya presentó sus indicaciones al Mineduc, a los rectores del CUECh y el martes irán a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

«Nosotros sentimos que este proyecto es insuficiente, que incluso profundiza algunas lógicas de mercado en la educación y, lamentablemente, si el Mineduc no se pone de acuerdo con los rectores y estudiantes, no habrá reforma este año y el Gobierno va a perder la única oportunidad que tiene de hacer algún proyecto transformador», señaló Patricio Medina. 

El dirigente agregó que «con el G9 tenemos la posibilidad de presentar nuestra propuesta y ellos verán si se suman o si tienen alguna idea. Hasta el momento no conozco ninguna propuesta del G9, solamente veo defensas corporativas, demandas al Estado y una pelea de niños entre los rectores».