La trama oscura del apagón: En manos de privados y falta de autonomía local

Poco después de las tres de la tarde un apagón general sacudió el febril calor de un martes de la última semana de febrero. Las oficinas y negocios quedaron sin luz; el metro paró entre estaciones y tras una incierta espera, los pasajeros debieron salir por los túneles y se cancelaron varios vuelos en el aeropuerto. Recién pasada una hora del apagón, con la mayoría de los semáforos sin funcionar y mientras en los hospitales calculaban cuantas horas podían seguir funcionando, se informaba que el corte de luz afectaba desde Arica hasta Chiloé y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Juan Carlos Olmedo, anunciaba que la causa era «una desconexión del sistema de transmisión de 500 KV en el Norte Chico».

La explicación decía menos de lo que pasaba. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, asumía la gestión de la crisis eléctrica, citando media hora después de iniciado el apagón al Cogrid (Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres). En tanto, en las calles de las principales ciudades miles de trabajadores buscaban como llegar a su hogar, las principales operadoras de telefonía móvil tenían sus servicios en el suelo, los bomberos sacaban a personas atrapadas en los ascensores, los vendedores de almacén veían derretirse los helados y, en los nuevos edificios inteligentes que han poblado Santiago, sus moradores se enteraban de que las bombas de agua tenían capacidad para seguir operando pocas horas más.

Ya cuando la noche caía en las principales ciudades, el Coordinador Eléctrico Nacional informó con tono solemne que “la desconexión se debió al hecho de una operación no deseada”. A esas alturas se había suspendido la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, debiendo evacuarse la Quinta Vergara en penumbras y se había anunciado un toque de queda a partir de las once de la noche.

El apagón fue producto de una desconexión en una línea de transmisión localizada entre Vallenar y Coquimbo, la que según Olmedo, “traía aproximadamente un cuarto de la demanda energética que se localizaba al sur de Coquimbo. Esa desconexión, de un aporte tan relevante, produjo una suerte de reacción en cadena, en que se fueron desconectando las centrales generadoras y la demanda, lo que llevó a un apagón total del sistema eléctrico, bastante extendido“.

– ¿Qué era una ‘operación no deseada? – consultaron los periodistas.

– Una operación no deseada de los sistemas de control, podría constituirse en un incumplimiento normativo. De así verificarlo, nosotros lo vamos a informar a la SEC, a fin de que, en su rol de fiscalizador, determine la responsabilidad.

La respuesta no sacó a nadie de la penumbra.

Un balance hecho a media noche por el gobierno central dio cuenta que si bien a esa altura Santiago y la mayoría de las capitales regionales estaban con luz, el 42% del país aún no contaba con el suministro eléctrico, manteniéndose la red “inestable”. Las zonas que estaban aún afectadas por el gran apagón a esa hora eran las regiones Metropolitana, Coquimbo, Maule y La Araucanía.

La jornada del 25 de febrero de 2025 pasó a la historia como el mayor corte de energía eléctrica desde el terremoto de 2010, es decir, en quince años. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contabilizó en medio del apagón que cerca de 1,3 millones de clientes estaban sin servicio. Al otro día se supo que por causa del corte de energía, tres personas electrodependientes murieron.

Una vez esclarecida la información, se supo que la interrupción se originó en una falla de la Línea de Transmisión Eléctrica Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar cuando operaba transfiriendo unos 1.800 MW. Dicha planta está ubicada entre Vallenar y Coquimbo y es gestionada por ISA InterChile, de capitales colombianos.

La empresa detrás del apagón masivo demandó al Estado y ganó: US$20 millones en juego

Según informó la empresa, la interrupción se produjo a las 15:16 horas, informando a las 16:00 al CEN de que volvían a estar activos. Si bien, la falla habría sido superada, al hacer caer el sistema interconectado provocó que tres sucesivos intentos de echarlo a andar de nuevo fracasaran. Ya en la noche la empresa entregó una nota de prensa diciendo que “el origen del hecho tiene su causa en la operación no deseada de los esquemas de protección de la línea”.

Y habían advertencias. Un informe inspectivo realizado en 2020 por Ensaut LTDA. Para el CNE, dio cuenta de que en la subestación Pan de Azúcar, se detectaron “ciertas anomalías que pueden poner en riesgo la operación de la subestación”.

LA DEMANDA DE ISA INTERCHILE CONTRA EL ESTADO CHILENO

En Chile tanto la generación, como transmisión y distribución de energía están en manos de empresas privadas, las que operan en las distintas regiones. Bajo este modelo, una de las subsidiarias del conglomerado estatal colombiano Ecopetrol, ISA creó una filial en Chile en 2012 denominada ISA InterChile para explotar el negocio de las líneas de transmisión de alta tensión.

Su apuesta en Chile fue hacer dinero con la infraestructura eléctrica, construyendo así la Línea de Transmisión Cardones-Polpaico, que tiene 753 kilómetros de extensión; el denominado Encuentro-Lagunas, con 192 kilómetros de extensión en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, destinado a captar la energía generada en el norte de Chile e introducirlo dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); y la siniestrada Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, línea de 500 kV con una longitud de 753 kilómetros, la que comenzó a funcionar el 30 de mayo de 2019.

Además, ISA InterChile a través de su filial ISA InterVial mantiene negocios en infraestructura de carreteras, controlando concesiones como la la Ruta del Maipo y la Ruta de la Araucanía.

También operan en otros países, en los ámbitos de transmisión de energía, infraestructura vial y telecomunicaciones. Así, además de Intercolombia en Colombia, tienen sucursales en Brasil (ISA CTEEP) y en Perú (ISA REP).

En diciembre de 2024, Isa InterChile ganó una demanda contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un mecanismo para la resolución de controversias establecido en el marco de los tratados de libre comercio y cuya función ha sido la de asegurar los beneficios de la inversión extranjera ante subidas en la contribución o mudanzas en legislaciones laborales o ambientales.

Chile y Colombia mantienen un Acuerdo de Libre Comercio desde el 27 de noviembre de 2006.

La controversia se originó justamente a partir de la línea de transmisión que causó recientemente el apagón, la red Maitencillo – Pan de Azúcar y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico. Como la red no estaba lista en la fecha comprometida, en febrero de 2020 el Ministerio de Energía interpuso multas a Interchile por los retrasos en la entrada en operación de la línea eléctrica y sus estaciones.

La empresa decidió acudir al Ciadi en 2021, sobre la base del acuerdo de libre comercio entre ambas nacional. Tres años y medio después, dicha instancia concluyó que “existieron algunas violaciones al Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia por parte de Chile”.

El Ciadi ordenó al estado chileno restituir “la parte proporcional de la multa cobrada por el retraso en la entrada de operación del Tramo 3 correspondiente a 96 días en la suma de US$16,09 millones, más intereses en forma simple, a la tasa TIP + 2%, que se devengarán desde el día 18 de febrero de 2020, hasta la fecha de pago”. La cifra en total bordea los 21 millones de dólares.

ISA InterChile también, según ha divulgado la Fundación SOL, obtuvo ganancias hasta septiembre de 2024 por 10 millones 738 mil dólares, lo que significó un aumento en sus utilidades de un 529,1% en relación al año anterior.

Aprovechando la falta de información, los medios del empresariado chileno salieron a culpar del apagón al exceso de permisología que habría de parte de las instituciones estatales a cargo de aprobar los proyectos de inversión. Así Ex-Ante puso en la palestra el proyecto de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, que está en trámite de evaluación ambiental.

Que observar: Dicho proyecto es levantado por ISA Interchile a través del Consorcio Conexión Energía, conformado por Transelec, ISA Inversiones Chile y China Southern Power Grid International (CSG), consorcio que en 2021 ganó la licitación para la construcción y operación de esa línea.

LAS FALLAS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO

Muchos se preguntan como es que la falla de una subestación localizada en la región de Coquimbo fue capaz de dejar sin luz durante más de 5 horas al país desde Arica a Chiloé. Si bien, el Coordinador Eléctrico Nacional aseguró que pese a que la estación afectada informó volver a producir energía a los 45 minutos del siniestro, los tres intentos de reiniciar el sistema fallaron, según reconoció ministro de Energía, Diego Pardow ya entrada la noche.

Así la caída en cascada de todo el sistema a partir de la falla de una subestación, ya sea por la falta de vigilancia y de mecanismos para evitar su propagación, ponen en entredicho la interconexión de gran parte del territorio en una gran red eléctrica.

Dicha conexión se produjo a comienzos de diciembre de 2017, cuando en la subestación Cumbres de Diego de Almagro, región de Atacama, se unificaron los Sistemas Interconectados Central (SIC) y del Norte Grande (SING) para conformar el nuevo Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya extensión alcanza 3.100 km desde Arica a Chiloé, abasteciendo de electricidad a más del 97% de la población.

La unificación de los sistemas fue tras décadas de promoción de proyectos hidroeléctricos que contemplaron incluso el apagón programado por algunas horas de ciudades en 1998, argumentándose falta de energía por la sequía. Esto empujó la construcción de las últimas grandes centrales hidroeléctricas, como Pangue y Ralco en el Alto Biobío y la fallida Hidroaysén en la Patagonia.

Poder conectar el SIC con el SING permitía traspasar la mayor parte de la producción eléctrica chilena, sentada en las hidroeléctricas de la zona centro sur, hacia la zona minera en el norte grande. Sin embargo, en la actualidad Los Bronces integrado y sus tranques de relave en los alrededores de Santiago dan cuenta que la minería llegó a la zona central y, según los proyectos presentados desde hace ya más de una década, está en plena fase de expansión hacia el extremo sur.

Cuando fue creado el SEN, en 2017, tenía una capacidad instalada de 24.000 MW y una demanda de 11.000 MW, siendo el 99% de la capacidad instalada de generación en Chile. Según la ex-presidenta, Michelle Bachelet, quien gobernaba en la época, se trataba de “la obra de transmisión eléctrica más grande en la historia de Chile”.

Hasta ese momento existían en el país dos grandes sistemas interconectados: el SING (que unía de Arica a Antofagasta) y el SIC (de Taltal a Chiloé). A estos se suman el Sistema Eléctrico de Aysén (SEA) y el de Magallanes (SEM), los que mantienen en la actualidad su independencia, lo que les permitió no sumarse al gran apagón de febrero de 2027.

El objetivo de crear el SEN fue producir la máxima conexión posible entre las fuentes generadoras de energía y los distribuidores en las ciudades y núcleos industriales, lo que fue acompañado de la Ley 20.936, promovida desde agosto de 2015 por Bachelet en el Parlamento y aprobada apenas un año después. Dicho cuerpo legal estableció el Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y nuevo Organismo Coordinador Independiente.

El nuevo sistema asegura que la transmisión deje de ser una barrera de entrada a la generación de diferentes proveedores de energía, lo que incrementaría la competencia en el sector eléctrico y potenciaría el desarrollo de las energías renovables no convencionales.

Quien le sigue la pista a la industria eléctrica hace años es Juan Pablo Orrego, integrante del Grupo de Acción por el Biobío (GABB) en su lucha contra la construcción de las represas Pangue y Ralco en el Alto Biobío. Hoy como miembro de Ecosistemas, comenta que “hoy hay reglas de entrada de la energía que se comercializa en el sistema, dando prioridad a las renovables, categoría que incluye a las hidroeléctricas, pese a los efectos ambientales que provocan como Alto Maipo. Finalmente, entra también el carbón de las termoeléctricas, que al final igual entra al sistema”.

El SEN pasó a ejercer las funciones antes realizadas por el Coordinador Económico de Despacho y Carga, cuya dirección y gestión eran exclusivas de las empresas eléctricas. En la actualidad se estableció un nuevo coordinador del SEN.

A Juan Pablo Orrego le llama la atención la vulnerabilidad del sistema eléctrico chileno dejada en evidencia con el reciente apagón. “Es asombroso. Ni siquiera tienen un sistema separado por macro regiones. Es un lio esto, una caja negra donde tiran la electricidad las generadoras y distribuidoras. No hay que olvidar que en Chile generación, transmisión y distribución son negocios totalmente privados. Es un modelo casi único en el mundo”- destaca el ecologista.

En relación a dotar al sistema eléctrico de mayor independencia local, considera que “debiera haber una autonomía macroregional. Que cada tantas regiones los sistemas eléctricos deben ser lo más autónomos posible. Del mismo modo, la fuente debe estar basada en la fuente energética que cada región posee. Así en el norte las estaciones de energía solar y geotermia, o las aspas eólicas donde hay vientos. En el sur, en tanto, se pueden dotar de pequeñas turbinas en cursos de agua o cascadas para abastecer pueblos o villorrios. Es una manera descentralizada de generar electricidad”.

Según los actuales reportes del SEN, la potencia máxima bruta, que incluye centrales en operación y en pruebas, a diciembre 2024 era de 36.777,9 MW, es decir, tres veces más que cuando fue conectado el sistema por primera vez. En tanto la demanda máxima horaria durante el 2024 fue de 12.190,5 MWh/h, lo que da cuenta de que hay mucha más energía disponible que la utilizada actualmente en el sistema eléctrico nacional.

La gran diferencia entre la capacidad instalada y la demanda máxima instantánea es resaltado por Juan Pablo Orrego, quien destaca que el sistema tiene una holgura del 50% a 60%. “Es una holgura grande, siempre se espera que el sistema la tenga, pero a este nivel es inusual. Hay mucha más capacidad instalada que la demanda máxima”.

Pero dicha sobreproducción de energía tiene un destinatario: los anunciados 51 megaproyectos mineros que minarán casi todo el territorio. Juan Pablo Orrego agrega que estos proyectos se acompañan de un frenesí por la construcción de desaladoras y la puesta en marcha de plantas de hidrógeno planeadas en el extremo austral. Todas funcionan con electricidad.

Mauricio Becerra R.
El Ciudadano