El gobierno se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras conocerse que contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas, para definir la fórmula de cobro que ha disparado las tarifas de la luz.
Según reveló un reportaje de Ciper, en octubre de 2023, integrantes de la administración del presidente Gabrierl Boric, llevaron a cabo reuniones reservadas con algunos senadores, con la finalidad destrabar la tramitación de la ley que permitiría actualizar las tarifas eléctricas, que habían sido congeladas durante el estallido social de 2019.
En dichos encuentros se decidió encomendar a miembros de una consultora ligada a empresas eléctricas, la tarea de definir la fórmula de cobro que recientemente produjo el polémico incremento las cuentas de la luz que afectan directamente al bolsillo de las familias de nuestro país.
De acuerdo con Ciper, aunque no existen registros de las reuniones y no se sabe que se discutió en ellas, se pudo conocer que La Moneda le pagó $26 millones a los asesores por sus servicios.
Reuniones secretas con senadores
Según el medio citado, en septiembre del año pasado, el ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió en secreto con la Comisión de Minería y Energía del Senado para negociar el mecanismo de actualización de tarifas eléctricas que estaban congeladas desdela revuelta y, aunque se habían descongelado brevemente en 2022, se volvieron a fijar en 2023, cuando el actual gobierno decidió no publicar los decretos con la actualización de las tarifas.
Los nuevos decretos tarifarios debían despacharse a fines de 2023 para comenzar a ordenar el proceso, pero era preciso acordar una fórmula para incrementar los cobro.
La acumulación de deuda con las eléctricas requería una solución que equilibrara los intereses de las empresas y los usuarios, evitando además que se registraran fuertes alzas repentinas.
Contratación de consultores de empresas eléctricas
La tarea de diseñar la fórmula de cobro de la luz- que conciliara el interés de las empresas de recuperar su dinero, y el de los usuarios, que no desean fuertes alzas repentinas- recayó en Ramón Galaz y Andrés Romero, integrantes de la consultora Valgesta, quienes habían trabajado para varias empresas del sector eléctrico.
Los dos consultores fueron contratados para elaborar una propuesta que permitiera un aumento progresivo en las tarifas de electricidad.
«También, se requirieron los servicios del académico de la Usach, Humberto Verdejo, pero este último no trabajó en el tema de la actualización de tarifas, sino que asesoró en el proyecto de transición energética», señaló Ciper.
Una fuente que asistió las reuniones destacó que fue el ministro Pardow quien propuso la contratación de los dos asesores de Valgesta debido a su capacidad técnica para resolver el problema tarifario.
Por su parte, el senador Rafael Prohens (RN), quien integra la mencionada comisión de la Cámara Alta, relató cómo los directores de Valgesta llegaron a participar en las reuniones reservadas y a ser contratados por el gobierno.
«El cómo resolvíamos el subsidio y la fórmula de pago era un tema que nosotros teníamos más o menos encaminado. Pusimos a Ramón Galaz, Andrés Romero y al profesor Verdejo a que nos hicieran propuestas. Finalmente, ellos terminan siendo contratados por el gobierno para trabajar. Ellos siempre exponían en las comisiones, avanzamos muy bien porque era una buena mezcla (de profesionales)», explicó.
El 16 de octubre del año pasado se dio inicio las sesiones de trabajo, donde se establecieron las bases para la nueva fórmula de cobro.
Propuestas para el incremento de las tarifas de la luz
Ciper, a través de la Ley de Transparencia, obtuvo el informe final de Valgesta, que incluyó una serie de propuestas entre las que figuran:
-Un cargo extra en las cuentas destinado al pago de la deuda con las eléctricas, denominado MPC, “equivalente a $10 por kWh el cual será aplicado hasta el 31 de diciembre de 2035”.
-Que la primera fijación tarifaria de 2024 traspasara el nuevo precio actualizado (“PNP real”) más el cargo MPC a todos los clientes regulados con un consumo mensual superior a los 350 kwh. En caso de los clientes con menor consumo el reajuste sería la tarifa actual más reajuste por IPC.
-A partir de la primera fijación tarifaria de (enero) 2025 a todos los clientes les corresponde pagar la tarifa real (PNP) más el cargo MPC para saldar la deuda de U$5.500 millones con las generadoras.
-El pago de la deuda PEC en ocho cuotas semestrales entre los años 2024 a 2027, mientras que la deuda por PEC II se pagará a partir de 2028 en un plazo de 8 años.
-Un Bono Social Eléctrico (BSE) de US$200 millones anuales focalizado en los grupos sociales que se busque proteger.
Algunas de estas propuestas fueron aprobadas por el Congreso Nacional el 30 de abril, incluyendo el cargo MPC y un subsidio transitorio para los usuarios vulnerables.
Ministerio de Energía defendió la contratación de Valgesta
A pesar de las críticas por no incluir a expertos que pudieran representar a los usuarios en las negociaciones, el Ministerio de Energía defendió la contratación de Valgesta y destacó que sus propuestas cumplieron con las expectativas técnicas.
“Durante la discusión legislativa, no sólo Valgesta y el consultor Verdejo participaron de la discusión, lo hicieron también varios expertos de las distintas bancadas parlamentarias. Además, los representantes de Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios) fueron parte de la discusión tanto en el Senado como en la Cámara”, indicaron.
Desde este despacho aclararon al medio investigativo que el informe contratado no fue usado en su totalidad. «Por ejemplo, algunos de los elementos de la propuesta de Valgesta que fueron recogidos son la extensión del plazo de pago de la deuda, desde 2032 a 2035, y la existencia de un mecanismo de ajuste del cargo MPC (cargo para el pago de la deuda) por variaciones significativas del tipo de cambio».
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