Karina Riquelme, la abogada defensora parte del Centro de Investigación y Defensa (CID SUR) fue entrevistada por el medio Mapuexpress, quienes señalan que Riquelme ha asumido diferentes causas de personas del Pueblo Mapuche, en su gran mayoría dirigentes sociales, aquellos que durante el marco de conflictos territoriales enfrentan situaciones de judicialización y persecución por parte del Ministerio Público, gobierno y entidades privadas.
De la misma forma, es defensora de una de las partes acusada en el denominado caso “Luchsinger MacKay”, el que a cuatro meses de haberse iniciado una nueva ofensiva de criminalización contra once personas, aún la defensa no cuenta con las pruebas de Fiscalía para incriminarlos y poder así asumir debidamente la defensa de los imputados. Al respecto, este miércoles 27 de julio se realizará una audiencia clave que es explicada por la abogada.
Riquelme hace un repaso sobre diversos hechos de criminalización y hace referencia a las faltas al debido proceso y la mala utilización del Derecho Penal en causas contra personas Mapuche. También, sobre las inconsecuencias en los actos penales por parte de organismos del estado; hechos de montaje, y comenta sobre las denuncias de racismo y persecución política que diversos sectores de organizaciones Mapuche y de Derechos Humanos hacen al actuar de ciertos Fiscales y Ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco, contraviniendo el llamado al diálogo que hizo hace algunas semanas el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien además indicó que había en muchos casos una judicialización innecesaria, lo que da más sentido en el presente ante las denuncias del ex Fiscal Ricardo Traipe quien dio a conocer persecuciones indebidas y discriminación por parte del Fiscal Alberto Chiffelle, principal persecutor en la criminalización a causas Mapuche.
La abogada defensora Karina Riquelme, comenta asimismo la situación particular por la que atraviesa la Machi Francisca Linconao, donde nuevamente una sala de la Corte de Apelaciones revierte una acogida por razones humanitarias, de cambiar la medida cautelar de arresto carcelario por domiciliario, sin embargo, el tribunal de alzada, nuevamente la envía a la cárcel de mujeres en Temuco, lo que ha sido considerado un abuso y desproporción.