Se cumple el quinto aniversario de una de las tragedias más conmocionantes de la historia argentina, que culminó con la muerte de 44 personas. Con más dudas que certezas, la causa avanza a paso lento en los tribunales. Verdad, justicia y memoria: los reclamos de las familias de las víctimas ante el Estado.
El 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 de la mañana el submarino ARA San Juan estableció su último contacto con tierra. Los 44 tripulantes habían zarpado dos días antes para realizar tareas de control y prevención de la pesca ilegal. Un año después los restos de la embarcación serían hallados a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
Transcurridos cinco años de la tragedia, los familiares persisten como nunca en su exigencia de justicia. «Tengo mucha angustia. Pasaron cuatro años desde que se halló el submarino y todo sigue igual. Son chicos que estaban trabajando: ellos tenían vocación por su trabajo», dice a Sputnik Luisa Rodríguez, madre de Ricardo Alfaro Rodríguez, tripulante del ARA San Juan.
Nacido en la provincia de San Juan (oeste), Ricardo —de 37 años— estaba a cargo de la cocina del submarino. Había ingresado con apenas 19 años a la Armada en 1999, donde obtuvo el rango de suboficial segundo —en su ascenso post mortem le otorgarían el título de suboficial primero—. Su primer embarque en el ARA San Juan fue en octubre de 2013, cuatro años antes de la tragedia. Vivía con su esposa y con su hija en Mar del Plata, ciudad costera al este del país.
La madre del submarinista direcciona su crítica al accionar judicial: «Estoy decepcionada con la investigación de la causa». El expediente al cual se refiere Rodríguez es el que busca esclarecer los motivos del hundimiento, caratulado como «estrago culposo agravado por muerte de 44 personas».
Hay cuatro procesados en la causa a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia (sur del país), Marta Yañez: Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; Claudio Villamilde, exjefe del Comando de la Fuerza de Submarinos; Luis López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento Naval; y Hugo Miguel Correa, exjefe de Departamento de Operaciones.
A los exintegrantes de la Armada se les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Sobre ninguno de ellos pesa la prisión preventiva. Además, la Justicia revocó los procesamientos de Jorge Sulia y Eduardo Malchioldi, ambos jerarcas de la fuerza.
«La causa está quieta. Pedimos la recusación de la jueza pero nada cambió», dice Luisa Rodríguez. «No hubo voluntad de investigar: se escondió información y no se siguieron los peritajes correspondientes», agrega. Este último punto es crucial para los familiares: desde el hallazgo del submarino, en 2018, la causa avanzó a paso lento al punto tal que todavía no se realizaron los peritajes sobre los restos de la embarcación.
«Nosotros pedimos el peritaje apenas se halló el submarino, pero no hubo interés del Gobierno anterior en avanzar«, remarca la madre del submarinista. El capítulo de esta historia vinculado a la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) presenta más sombras que luces: en septiembre de 2021 se descubrió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había llevado a cabo prácticas de espionaje ilegal sobre los familiares de las víctimas.
«Hace tiempo veníamos denunciando que éramos espiados. Sentíamos un sonido raro durante las llamadas entre nosotros. Nos trataron de locos, pero finalmente se comprobó que era verdad», sostiene Luisa.
«Después de que se probara que éramos espiados, los medios dijeron que nosotros éramos un peligro contra el expresidente. ¡Con el dolor que teníamos no éramos capaces de hacer ningún daño! Sobre los chicos fallecidos llegaron a decir que no eran profesionales ni idóneos para estar dentro de un submarino», agrega con la voz quebrada sobre las dificultades que atravesaron en su búsqueda de justicia.
Si bien Macri fue sobreseído por la Cámara Nacional de Apelaciones, el actual Gobierno de Alberto Fernández ordenó la investigación de prácticas sistemáticas de espionaje durante la gestión que lo antecedio.
A fines prácticos, para los familiares nada cambió tras la asunción de Fernández: «Tenía muchas expectativas en este Gobierno. Sabía que el anterior había ocultado información, pero pensaba que eso cambiaría. Al final es lo mismo: no hay ningún interés en la causa«, denuncia Luisa. «Estamos igual. Lo digo con mucha tristeza y amargura. La causa no avanzó como debió haber avanzado», agrega.
El desamparo que reina entre los allegados de las víctimas ya no apunta a ningún sector de la dirigencia política, sino a todo el sistema. «Me siento desprotegida por el Estado: parece que no les importa que se investigue», sostiene la madre del submarinista.
Sin embargo, la esperanza sigue vigente: «Aunque no tenga expectativas en el Gobierno, sí la tengo en nuestros abogados. Quedó demostrado que si uno no avanza por su cuenta, nada cambia», afirma Rodríguez.
Para Luisa, si la fuerza que impulsa el reclamo por justicia sigue vigente, esto se debe a la voluntad de las familias y al apoyo por parte de la sociedad: «Sentimos un fuerte respaldo de todo el pueblo argentino. Es un hecho muy grave que nos sucedió a las 44 familias, pero también a todo el país», concluye.
Fuente Sputnik
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