Abogada Carmen Martínez: «La CIDH consideró que el Estado peruano violó el derecho de María de acceder al Anticonceptivo Oral de Emergencia en condiciones de igualdad»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de una mujer peruana víctima de violación y a quien el Estado habría vulnerado sus derechos al administrarle incorrectamente el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) para evitar el embarazo que tuvo producto de la agresión.

«La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) admitió en marzo el caso de la ciudadana peruana María», dijo Carmen Martínez, gerente regional del Programa Para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que asesora a la víctima, en entrevista.

Agregó que esta admisión «no es un mero trámite sino que la CIDH ya consideró que pueden existir hechos que prueben que hubo violación de sus derechos y que no tuvo acceso a los servicios de salud reproductivos».

Según relata Martínez, en 2014, en el departamento peruano de Huánuco (norte), María, entonces de 18 años, fue atacada por cuatro hombres quienes le hicieron inhalar un somnífero para posteriormente cometer la violación.

Cuando la víctima logró recuperar el conocimiento, los atacantes le indujeron nuevamente el sueño y la mujer recuerda, de a ratos, imágenes de la agresión sexual, además de haber logrado identificar a uno de los atacantes como un compañero de la escuela.

Luego de haber sido abandonada en la vía pública, María fue donde su familia, la cual la llevó al hospital público de la localidad y en el que se pidió que sea atendida como víctima de violación, ante lo cual el personal médico le manifiesta que eso no era posible sin que antes presentase una denuncia policial por el delito.

«María logra interponer la denuncia y en el hospital logran ver signos evidentes de violación sexual; sin embargo, en la estancia durante el hospital, que fue de dos días, no le ofrecen consejería en salud mental y adicionalmente no le brindan información suficiente sobre el AOE (también conocido como píldora del día siguiente)», afirma Martínez.

Según sostiene la víctima, el Estado peruano no sólo faltó a los protocolos de atención inmediata a víctimas de violencia sexual, sino que el AOE le fue suministrado sin indicar su utilidad e importancia.

Martínez indica que María vive en un entorno pobre, donde las personas generalmente no son bien informadas sobre los alcances de los métodos anticonceptivos.

Reclamando justicia

Aunque luego de un proceso judicial, uno de los agresores fue condenado a tres años de prisión, el daño a la mujer ameritaba más justicia pues los demás agresores salieron impunes y ella terminó concibiendo un hijo producto de una violación, considera Martínez.

En 2009, una sentencia del Tribunal Constitucional peruano (TC) determinó que los establecimientos de salud públicos no debían administrar el AOE pues eso iba en contra de la protección a la vida humana, entendida desde el momento de la concepción.

Sin embargo, una medida cautelar logró que esta sentencia no sea aplicada y actualmente el expendio del AOE es obligatorio en casos de violación sexual.

Ante este panorama, María decidió acudir a la CIDH para reclamar justicia, siendo asesorada por las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos, Promsex, y Paz y Esperanza.

«La CIDH consideró que el Estado peruano violó el derecho de María de acceder al AOE en condiciones de igualdad, es decir a tiempo. Si bien ahora mismo en Perú está permitido el expendio de la píldora, lo cierto es que esa sentencia (del TC) de 2009 iba en contra de los derechos humanos de las mujeres», sostiene Martínez.

Asimismo, Martínez afirma que El Estado peruano tiene la oportunidad de reconocer ante la CIDH su responsabilidad en los daños cometidos contra la víctima, que pasan por la impunidad de sus agresores hasta la inadecuada administración del AOE, de lo contrario se iniciaría un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cortesía de Sputnik