Abogada Elena Muñoz: «El eslogan del Gobierno español es que no se está dejando a nadie atrás pero la realidad es que se está dejando a los inmigrantes»

A comienzos de mayo en plena pandemia de la COVID-19 y con el estado de alarma decretado y prorrogado en España, CEAR envió una petición urgente al gobierno de España pidiendo regularizar la situación de las personas migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo en espera de resolución ante la emergencia causada por la pandemia.

Elena Muñoz es responsable del área de atención jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una ONG que lleva 40 años trabajando.

Lo primero queremos que nos expliques es la petición al gobierno español para la regularización de personas migrantes en situación irregular y en petición de asilo y por qué es urgente.

Bueno, creo que la situación generada por la pandemia de la COVID ha puesto una realidad que ya existía, pero la ha puesto sobre la mesa de una forma mucho más clara. En nuestras ciudades y nuestros pueblos nuestros vecinos no ven respetados sus derechos simplemente por no tener una situación administrativa regular, no tener una autorización de residencia o de residencia y trabajo. Es aún más llamativo en esta situación porque muchas de las personas que están en situación irregular trabajan en servicios esenciales que, durante estos dos meses que llevamos en estado alarma, se está viendo como algo fundamental para la sociedad porque son personas que están aportando a nuestra sociedad todo su conocimiento, todo su saber, y toda su ilusión, Se está demostrando que son esenciales, y a cambio nosotros como sociedad no les reconocemos todos los derechos que tienen como como personas. Por eso siguiendo un poco la estela pero que ya hizo Portugal y lo que ha recomendado el Consejo de Europa y acabo de ver ahora que creo que Italia también está planteándose medidas asó, estamos pidiendo al Gobierno español desde hace una semana que haya una regularización urgente para unas 800.000 personas que están en situación irregular calculamos que alcanzará a este colectivo, y a más de 100.000 personas que son solicitantes de protección internacional, personas que han huido de sus países de origen porque se han visto perseguidos y han visto violados sus derechos humanos de una manera muy grave, y han llegado a nuestro país, han solicitado protección internacional, asilo, y están todavía esperando una respuesta de nuestro de nuestras autoridades a su solicitud de asilo. Por tanto, nuestra petición es que se regularicen, se de una autorización de residencia y de trabajo a todas estas personas.

Elena, ¿la urgencia tiene que ver con el impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus

Sí, el impacto que están teniendo las medidas del coronavirus en la situación del estado de alarma en España sobre los colectivos más vulnerables está siendo brutal. El eslogan de las autoridades españolas, del Gobierno español es que no se está dejando a nadie atrás, pero la realidad es que se está dejando a este colectivo porque casi todas las medidas que ha tomado el gobierno para intentar amortiguar las consecuencias económicas y sociales sobre la población requieren o que la persona esté en situación regular que tenga residencia y trabajo de residencia en España para poder acceder a las ayudas económicas a un ERTE o en aquellos casos en que no es requisito imprescindible la situación regular, en la práctica te piden tener una cuenta bancaria o estar empadronado es decir, tener ciertos requisitos burocráticos que, si no tienes una situación regular, la verdad es que son difíciles de cumplir. Por ejemplo el Gobierno español ha establecido, por primera vez, que las personas que trabajan en servicio doméstico, y hayan perdido el trabajo o visto reducido su horario de trabajo, precisamente por la situación de la pandemia de la COVID, puedan optar a acceder a una prestación por desempleo -que hasta ahora no podía cuando perdían el trabajo- pero esas personas tienen que estar en situación regular porque tienen que darse de alta en la Seguridad Social.

¿Cómo están viviendo el confinamiento estos grupos más vulnerables, sobre todo en las primeras semanas de total clausura?

Bueno pues difíciles como todos, pero con circunstancias incluso más complejas, no es lo mismo confinarte en un piso de 60 metros cuadrados que en un piso de 20 metros cuadrados en una habitación compartida con tus hijos y tu pareja; no es lo mismo perder un trabajo y poder optar a la ayuda por desempleo o a las ayudas y tener por lo menos ese ingreso, a no tener nada a no tener ningún ingreso. Es verdad que tanto los servicios sociales públicos como a nivel privado todas las organizaciones sociales que trabajamos en el ámbito de la migración y en ámbitos más amplios, cómo sería la exclusión social, hemos establecido una serie de medidas o servicios para intentar paliar esta situación. como comedores sociales envío de comida.

Y hasta ahora ¿cuál es la respuesta del Gobierno español a esta petición de regularizar la situación de casi 800.000 personas que decías?

Bueno, no hemos tenido una respuesta total o integral a nuestra petición, ha habido dos oportunidades en que se podía haber dado, aunque sea de manera sectorial en esta línea que fue dos Reales Decretos u órdenes ministeriales que estableció el gobierno español para fomentar o para facilitar la contratación de trabajadores españoles y extranjeros en dos sectores estratégicos o esenciales en este momento de la pandemia, el sector sanitario y el sector agrícola. Nosotros lo que decimos es que la regularización no tiene que estar vinculada solo a los sectores estratégicos, pero bueno ante esta propuesta del Gobierno, nosotros hicimos nuestra recomendación de que se incluyera también a las personas que están en situación irregular que se diera una autorización de residencia y trabajo a personas que tienen perfil sanitario y que tienen perfil para trabajar en el campo, que se les diera autorización.

La realidad es que en estos dos Reales Decretos, el Gobierno no ha incluido a las personas en situación irregular, solo han incluido a personas que estén en situación regular, y se les va facilitar darles autorización de trabajo, pero tienen que partir de una situación regular. Por ejemplo, con los niños y niñas mayores de 16 años, que ya pueden trabajar, o incluso mayores de 18 hasta 23 -los que llamamos niños y niñas ex tutelados que han estado tutelados hasta los 18 años de edad, la mayoría de edad, pero luego ya no dependen del sistema de protección de menores, en muchas ocasiones estas personas, jóvenes y adolescentes, se encuentran en una situación de irregularidad sobrevenida porque no pueden conservar la residencia que se les ha tramitado como menores y porque en muchas ocasiones ni siquiera se les tramita la residencia cuando son menores. Entonces nosotros pedimos que este colectivo de 16 a 23 años se le diera automáticamente esta autorización de residencia y trabajo. El Real Decreto no lo establecido así y ha puesto bastante limitación.

Desde la Comisión de ayuda al refugiado han podido constatar la situación de las niñas y de las mujeres de estos colectivos. Crees que la pandemia está teniendo un impacto diferenciado sobre las mujeres, dentro de quienes son migrantes o que están pendientes de ayudas de asilo? ¿qué pasa con las niñas?

Ya antes del estado de alarma, las personas que están dentro de sistema de asilo y que no tenían medios económicos para subsistir y que solicitaron entrar dentro de lo que llamamos el sistema de acogida asilo -que es entrar a centros de refugiados en pisos tutelados- pues para estas personas el ministerio de inclusión sí que ha establecido una instrucción para que a ninguna persona -aunque se acabe su plazo de estancia, qué son limitados a 6 meses – se ponga en la calle, por decirlo así. Es decir, se prolonga su estancia y se evita cualquier expulsión del sistema. Y si ha incumplido una de las normas disciplinarias que pueden suponer que pone en peligro la seguridad o la salud de sus compañeros de piso, o del centro, se le puede sacar del sistema, pero siempre con una con una alternativa habitacional, es decir, hay que contactar a los servicios sociales para que pueda ir a un albergue de personas sin hogar.

De las personas que no han podido entrar en este sistema de acogida, y que están en sus domicilios, sí que el Gobierno ha dado datos de que hay mayor consulta al sistema de protección de víctimas de violencia de género, son datos generales no disgregados por nacionalidad, pero probablemente entre la población migrante también se está dando más las situaciones de violencia de género dentro de la pareja en situaciones de convivencia de 24 horas y con mucha, mucha tensión,

Elena, ¿qué puede pasar si el estado de alarma no continúa después del 24 de mayo y no se ha dado tal protección al colectivo del que hablamos? Dado que la regularización solo la puede hacer el Estado, las instituciones estatales no las autonómicas. ¿Qué pasará con la petición que han hecho ustedes al Gobierno de España?

La competencia del asilo es exclusiva del Gobierno central, el estado alarma no tiene efecto sobre el asilo porque está bajo competencia del Estado central. En cuanto a la regularización, lo mismo, es competencia estatal también. Por tanto nuestra petición de regularización es independiente de que haya estado de alarma o no haya estado alarma. De hecho, una de nuestras peticiones para la regularización urgente es que estas autorizaciones de residencia y trabajo, por ejemplo a jóvenes de 18 a 21 años, que el Gobierno ha establecido para trabajar en el campo, una vez que decaiga el Estado alarma continúen, porque el Real Decreto no dice qué va a pasar después del 30 de junio. Y nosotros preguntamos ¿qué va a pasar, van a perder esa autorización de residencia y trabajo? Es necesario tener una medida que sea continuista porque la vida, la integración social de los jóvenes o de cualquiera trabajando, continúa, es decir, tiene que seguir obteniendo dinero para comprar, para pagar el alquiler, pagar luz… Tiene que ser una medida estructural y que se modifique la política migratoria y los criterios que utiliza el Gobierno central en esta materia.

Ya para terminar Elena, ¿qué apoyo hay por parte de otros colectivos y de la sociedad a la petición de CEAR?

Nuestra petición ha sido muy bien recibida más de 200 organizaciones sociales se han adherido y más de 40.000 personas la han firmado de manera individual y ha habido otros llamamientos de organizaciones de inmigrantes que han pedido también una regularización.

Cortesía de Pressenza