La Justicia de Ecuador está a favor del Estado por lo que archivará la denuncia que realizó la defensa del ciberactivista Julian Assange en ese país sobre el espionaje que a su entender se realizó en contra del fundador de WikiLeaks cuando este estaba alojado en la embajada de Londres, dijo el abogado Carlos Poveda.
«En Ecuador intentan archivar la denuncia indicando que como [Assange] estaba en una embajada, como eran recursos públicos, ellos podían investigarlo y afectar su derecho a su intimidad porque eran recursos públicos. Es una locura, es un despropósito. Pero lamentablemente la justicia ecuatoriana siempre está a favor de [expresidente Lenín] Moreno [2017-2021] y de [actual mandatario Guillermo] Lasso», dijo a la Agencia Sputnik Poveda, quien es integrante del equipo legal que defiende al ciberactivista.
A fines de septiembre de 2019, la defensa de Assange denunció que el ciberactivista fue espiado por la compañía española UC Global, responsable de la seguridad privada de la Embajada de Ecuador en Londres.
Los abogados sostuvieron que la vigilancia a Assange se producía durante «las 24 horas del día» a través de varias cámaras y micrófonos que monitorearon su actividad, al menos, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.
Este caso se denunció, por parte de los abogados de Assange, de forma separada en España y en Ecuador.
En paralelo, se presentó en Estados Unidos una denuncia contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el exdirector de la CIA Mike Pompeo por espiar ilegalmente a abogados y periodistas que visitaron al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, cuando este se encontraba en la Embajada de Ecuador en Londres, según se conoció a través de documentos judiciales.
«Cada uno de los demandantes nombrados y cientos de otros visitaron al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras vivía bajo asilo político en la Embajada del Gobierno de Ecuador en Londres, Reino Unido. Antes de sus visitas, cada visitante debía entregar sus dispositivos electrónicos, por ejemplo, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, etc, a los empleados de Defendant Undercover Global [UC Global, empresa de defensa y seguridad privada]», según el documento.
Los empleados de la empresa UC Global copiaron la información almacenada en los dispositivos de los abogados y periodistas que visitaron a Assange sin su consentimiento, según la denuncia.
UC Global luego proporcionó esa información a la CIA, que estaba encabezada por Pompeo en ese momento, agregó la denuncia.
Denuncias
Poveda dijo a esta agencia que la denuncia presentada en Estados Unidos por periodistas y abogados fortalece el reclamo realizado por Assange de que se violaron todos sus derechos al interior de la Embajada de Ecuador en Londres.
Sostuvo que la denuncia avanzó en España, pero no está sucediendo lo mismo en Ecuador.
«El tema en España ha avanzado muchísimo. Incluso estuvieron detenidos los que intentaron vender información, están ya procesados y el juez ha ido más allá pidiendo los contratos de los beneficiarios en Estados Unidos con la empresa UC Global, eso alcanza ribetes más grandes de la investigación», agregó.
Pero afirmó que en Ecuador la denuncia no está avanzando.
«La Fiscalía hace un par de semanas, después de tres años de investigación, manifestó que quiere archivar [la causa] aquí en Ecuador, indicando que los recursos son públicos y que lo podían investigar en cualquier momento», afirmó Poveda.
Sostuvo que en Ecuador hay «una injerencia profunda de la política en la justicia», por lo que Moreno y Lasso «van a quedar indemnes».
«Aquí se juzga con una visión muy de venganza. Como [el expresidente Rafael] Correa [2007-2017] otorgó el asilo a Assange se cree que Julian no merece ningún tipo de apoyo. Lasso y Moreno son la misma cosa y la fiscal actúa a favor de ellos y no esperamos nada. Pero el sistema interamericano podría ser una solución a esto», aseguró.
Indicó que si la causa se archiva, la defensa de Assange tiene dos instancias más para rever la decisión de la justicia ecuatoriana.
El 22 de marzo de este año, Lasso aseguró que respetará la decisión del Tribunal Supremo británico que el pasado 14 de marzo dio vía libre a la extradición de Assange a Estados Unidos.
El mandatario consideró que el caso de Assange fue «un tema político, muy polémico, donde el Gobierno de Correa forzó las leyes ecuatorianas para dar protección a un hacker, un pirata de los sistemas digitales».
El 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a Estados Unidos, donde podría afrontar 175 años de cárcel.
Estados Unidos reclamaba la extradición de Assange para juzgarlo por 17 presuntos delitos en violación de la ley de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática.
Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos, que develan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.
Assange permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido a petición de Estados Unidos y, desde ese momento, se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh, al sur de la capital británica.
El 1 de julio, el fundador de WikiLeaks apeló la orden de extradición a Estados Unidos.
CIDH y corte IDH
El 22 de enero del 2020, la defensa de Assange presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de los derechos del ciberactivista, destacando el espionaje al que fue sometido, confirmó en aquel entonces Poveda.
«La demanda sí se está procesando en el sistema interamericano, pero demora mucho. (…) Está en trámite, ojalá que la acepten para que entre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]», dijo Poveda este lunes a esta agencia.
El 21 de junio de este año, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño (2010-2016), quien fue el encargado de dar asilo a Assange, denunció en una entrevista con la Agencia Sputnik que el futuro del ciberactivista es «desalentador» porque, a pesar de que su defensa apele, Estados Unidos, Ecuador y Reino Unido están «confabulados» en su contra.
Fuente Sputnik
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