Abogado Enrique Viale: «Es un error enorme, histórico, no entender que la megaminería no produce desarrollo ni riqueza, además de la contaminación que genera»

Grupos ambientalistas de Argentina denunciarán a la justicia nacional y ante instancias internacionales, de ser necesario, la modificación de una ley de la provincia de Mendoza (oeste) que autoriza la minería contaminante al permitir el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas.

«Creemos que esto es judiciable y acudiremos a la justicia a pedir la anulación de la ley por inconstitucional y, en caso de no tener resultados en la República Argentina, acudiremos a instancias internacionales», explicó el jurista Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

El abogado, reconocido defensor del ambiente en este país sudamericano, consideró «que la modificación que se ha hecho en la legislatura de Mendoza es manifiestamente inconstitucional por violar los principios de no regresión ambiental y de progresividad«.

En una sesión especial el pasado 20 de diciembre, el Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza aprobaron una modificación a la ley 7.722 que prohibía la minería metalífera y protegía el agua en el territorio provincial que se encuentra en plena Cordillera de los Andes.

La sanción de la reforma se logró por iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez, integrante de la coalición Juntos Por el Cambio (opositora al Gobierno federal), que consiguió un acuerdo con los legisladores mendocinos que responden al Frente de Todos, la fuerza oficialista del presidente Alberto Fernández.

«Es un error enorme histórico no entender que la megaminería no produce desarrollo ni riqueza, además de la contaminación que genera», reprochó Viale.

Las consecuencias de aplicar la reforma se sentirán en todo el país, según Viale, «porque la actividad minera se realiza sobre la cordillera, que es donde nacen la mayoría de los ríos que atraviesan toda Argentina, así que las repercusiones de esta ley exceden a la provincia», alertó.

Miles de personas salieron a las calles en la ciudad de Mendoza y en otras localidades de la provincia para rechazar la reforma.

La ley aprobada elimina el requisito de que la declaración de impacto ambiental de los proyectos mineros que se quieran impulsar deba ser aprobada por la legislatura.

El presidente del Partido Justicialista (peronista) de Mendoza, Guillermo Carmona, a pesar de que varios legisladores de su partido votaron la ley, pidió al gobernador Suárez que no la promulgara, pero el mandatario provincial desoyó la recomendación y estampó su firma en la norma el 23 de diciembre.

El mismo día, y mientras se convocaba una protesta frente al Ministerio de Ambiente en Buenos Aires, Mendoza fue testigo de la concentración más multitudinaria de los últimos años.

Fue la «mayor manifestación por el agua en Argentina y la más grande de América Latina que se recuerde», dijo Viale.

La marcha, que durante horas se mantuvo pacífica, terminó con disturbios y represión de las fuerzas policiales, que utilizaron contra los manifestantes gases lacrimógenos y balas de goma.

Rechazo

El territorio de Mendoza es árido, «lo que ocasiona que en la misma escasee el recurso hídrico», explicó la organización ambientalista Jóvenes por el Clima al argumentar su rechazo a la reforma.

«La obtención de agua, así como su uso y acceso, es una lucha constante en la provincia, pero esto se vio agravado en el último tiempo producto de los efectos del cambio climático, que ya se empiezan a notar», agregó la organización.

El Sindicato de Prensa de Mendoza también rechazó la iniciativa puesto que la ley 7.722 «es un logro colectivo del pueblo de Mendoza, que protege su bien más preciado —el agua— y que ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia», dijo la entidad en una declaración.

Mendoza lleva una década de crisis hídrica.

El Pronóstico de Caudales 2019-2020 del Departamento General de Irrigación provincial señala que se reducirá en 11% el agua disponible en la actual temporada, mientras que los ríos solo tendrán el 54% del recurso que aportarían en un año promedio

En diciembre de 2015, la Suprema Corte de Mendoza ratificó por unanimidad la vigencia y constitucionalidad de la ley 7.722 que prohíbe las sustancias químicas tóxicas en la minería.

Cortesía de Sputnik