Abogado José Aylwin por conflicto chileno-mapuche: “Las instituciones del Estado se alinean con las entidades que representan a los terratenientes”

Fuente fotografía: Mapuexpress

En las últimas semanas, el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche ha estado marcado por una serie de episodios judiciales y policiales. Caso Iglesia, Operación Huracán, Caso Luchsinger, son algunos de los títulos que han concentrado la atención sobre la situación mapuche, pero al mismo tiempo, han nublado la posibilidad de observar en su justa dimensión las características políticas de la discusión.

La respuesta judicial del Estado es uno de los puntos más cuestionados por los mapuche, así como las respuestas estatales enfocadas en el desarrollo económico de La Araucanía, lo cual supone un “choque de cosmovisiones”, como plantea José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, en conversación con este medio.

Estamos ante un conflicto político no resuelto, pero una de las respuestas del Estado chileno se ha canalizado por vía judicial. ¿Cómo interpreta esa forma de abordar el conflicto?

Me parece que es una estrategia errada. La experiencia del pasado en las relaciones entre el Pueblo Mapuche y otros pueblos indígenas violentados en Chile, pero también la experiencia comparada, da cuenta de que estos problemas de relación no se resuelven por la vía judicial, ni por la represión, sino que por la vía de la negociación y el diálogo. Eso es lo que ha faltado en este caso.

Mapuches procesados por la justicia en distintos casos identifican una articulación de intereses entre la fiscalía regional, los empresarios forestales y la policía. ¿Está de acuerdo con esa lectura?

Hay una serie de instituciones vinculadas al Estado chileno y a la sociedad chilena que comparten una mirada sobre los conflictos, su origen y cómo resolverlos, que contrasta con la mirada del mundo mapuche.

Para las instituciones del Estado que usted se ha referido y para los gremios, ellos tienen la propiedad sobre las tierras. Los mapuche reclaman esa propiedad, en ocasiones desarrollan acciones para su recuperación, en ocasiones se producen enfrentamientos y lo que se debe hacer es aplacar esa protesta.

Desde el mundo mapuche, esas son sus tierras de ocupación tradicional, les pertenecieron. Hoy en Chile rigen el convenio 169, los mapuche están también informados de la existencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que señala que las tierras de ocupación tradicional indígena son indígenas y los estados deben reconocerlas y restituirlas.

Por lo tanto, se produce un choque de cosmovisiones y, en ese sentido, evidentemente las instituciones del Estado, como la fiscalía, se alinean con la visión –y en ocasiones se articula también– con las entidades que representan al mundo de los terratenientes, de las empresas forestales.

De hecho se produce una situación que ha sido constatada reiteradamente y es que el Ministerio Público, que debería ser un órgano independiente y debería perseguir los delitos que cometen distintos actores, en general focaliza selectivamente, persigue los supuestos delitos que cometen los mapuche, pero no persigue otro tipo de delitos que cometen otros actores en contra de los mapuche y eso es algo demasiado reiterativo.

Si desde el mundo mapuche se habla de «autonomía» y desde el Estado chileno se insiste en políticas de expansión empresarial en la zona para enfrentar lo que ha denominado «pobreza rural», ¿cuál es el espacio que divisa para alcanzar puntos de entendimiento entre estas dos posturas?

Eso es un gran desafío. Se ha ido generando un discurso, un planteamiento cada vez más nítido desde el Pueblo Mapuche y sus organizaciones, aunque no tengan una unidad organizativa, en que son un pueblo que tiene derecho a autodeterminación, que una de las formas de ejercicio de esta autodeterminación es la autonomía y de que las acciones que desarrollan para ejercerla, aunque no reconocidas por el ordenamiento jurídico chileno, son legítimas, hablan del control territorial en zonas donde el Estado tiene otros planes.

El Estado piensa que la expansión de inversiones productivas –forestales con un millón y medio de hectáreas en el sur del Biobío, hidroeléctricas, salmonicultura– van a generar empleo, bienestar y se producen enfrentamientos cada vez de forma más marcada.

La brecha es cada vez más fuerte. Las posibilidades de abordarlas van a depender de las capacidades que tengan los actores para desarrollar procesos de entendimiento. Hay ahí diferentes estrategias en el movimiento mapuche. Hay quienes piensan que basta con el control territorial de facto.

La experiencia indica que el Estado chileno actúa de manera muy monolítica, represiva y de que, a diferencia de lo que ocurre en Ciudad de México, donde existen municipios autónomos que son de alguna manera tolerados por el Estado, en Chile eso no ha ocurrido.

La legislación chilena, las fuerzas policiales chilenas, han tendido a ocupar todos esos espacios y eso es lo que genera el enfrentamiento y la criminalización.

Todo hace pensar en la necesidad de mirar procesos de diálogo que han permitido a los pueblos indígenas y estados lograr acuerdos constructivos, ya sean expresados en instrumentos específicos o acuerdos logrados a través de procesos constituyentes, donde se han acordado ciertas bases para una convivencia plural, que van desde reconocimiento de formas de autonomía, restitución de tierras, derechos de participación política…

En otras ocasiones, lo que está en juego es la participación en los beneficios de las actividades económicas. Hay modelos muy distintos. El modelo canadiense o el neozelandés se han sustentado mucho más en la participación económica, mientras que los pueblos indígenas en América Latina parecen haber puesto más énfasis en la autonomía, en la restitución de territorio, por sobre la participación en los beneficios de estas actividades.

En el marco del caso Luchsinger, al machi Celestino Córdova se le condenó por delito común. ¿Cómo se entiende que en este segundo proceso del caso se busque aplicar la Ley Antiterrorista?

Esa es una paradoja que tiene que responder la fiscalía y el Ministerio del Interior, que se hizo parte y solicitó la aplicación de esta legislación. Eso es lo que hace pensar de que esta acusación no tiene viabilidad y lo más previsible es que se desestimen esas acusaciones, porque además de no ser constitutivas del tipo de terrorismo, no cuentan con las pruebas suficientes para demostrar el involucramiento de los imputados, cuestión que ha quedado en evidencia en el proceso.

Respecto del denominado «Caso Huracán», el Ministerio Público podría solicitar nuevamente la prisión preventiva en caso de presentar nuevos antecedentes. ¿Cree que la fiscalía ha fijado como objetivo prioritario la prisión de dirigentes mapuche más que el esclarecimiento de los hechos que se investigan?

No cabe duda de que fiscalía ha jugado un rol muy gravitante en la persecución de los líderes del movimiento mapuche. La intencionalidad con lo que lo ha hecho es algo que debiera ser consultada a ellos.

Todo parece indicar que se ha hecho eco de las inquietudes de los gremios por aplacar la protesta mapuche, más allá de la investigación pura y simple de los hechos ocurridos. Por lo tanto, podría explicar esta «Operación Huracán», que en su gestión involucró no solo la participación de fiscalía, sino que también de las policías, el Ministerio del Interior e incluso de ministros de la Corte de Temuco, lo que fue claramente cuestionado, porque vulnera la autonomía de este poder del Estado.

En el caso de la «Operación Huracán», resulta evidente que ellos hicieron eco de esta preocupación de estos sectores de la sociedad chilena e impulsaron esta operación sin fundamento sólido, como la propia Corte Suprema lo determinó al dejarlos en libertad días atrás.

Nota del redactor: esta entrevista fue realizada durante la tarde del martes 24 de octubre. Aún no se conocía el resultado del juicio por el caso Luchsinger, que concluyó con la absolución de los once imputados y con la desestimación, por parte del tribunal, del carácter terrorista del ataque incendiario que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013.