Activista ambiental Andrés Nápoli: «Es muy peligroso y equivocado decir que Argentina prácticamente no contribuye»

El ambientalista desmiente la respuesta del canciller argentino quien manifestó que el país es parte de la solución al calentamiento global, esto en relación a las denuncias hechas por distintas ONGs que pone al país sudamericano como un potencial contaminante, el especialista describió cuál es la situación real

El aporte de Argentina a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero es elevado y contraproducente aunque el canciller Jorge Faurie diga lo contrario, afirmó en una entrevista el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli.

«Es muy peligroso y equivocado decir que Argentina prácticamente no contribuye: sí lo hace al 0,7%», advirtió el titular de una de las organizaciones no gubernamentales más relevantes en este país.

Argentina, por otra parte, es responsable del 17% de las emisiones de América Latina, recordó la ONG que promueve el desarrollo sustentable desde 1985.

Además, en la medición «per cápita estamos por encima de Italia, Brasil y México, así que Argentina tiene mucho para hacer para combatir las emisiones», sostuvo Nápoli.

El argumento del canciller Faurie es propio de quienes «nada quieren hacer para combatir el cambio climático y tratan de instalar que, como Argentina es pequeña en términos internacionales, da igual lo que haga», observó.

Argentina fue denunciada esta semana junto a Alemania, Brasil, Francia y Turquía por un grupo de jóvenes liderados por la sueca Greta Thunberg que señalaron a las cinco naciones con emisiones más altas entre los estados que ratificaron la Convención de los Derechos del Niño.

«En la medida en que los países toman compromisos internacionales y no realicen acciones para cumplir esos compromisos, lo que van a tener es un elevado nivel de litigio por incumplimiento de la Convención o por vulnerar el Acuerdo de París», advirtió el director de FARN.

Tras conocer la denuncia, el Gobierno de Mauricio Macri respondió a las críticas y presumió de estar elaborando una estrategia a largo plazo que aspira a lograr la neutralidad carbónica para 2050, a fin de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al crecimiento productivo.

La Fundación puso en duda esta aseveración del Poder Ejecutivo debido a las políticas que se desarrollan en la actualidad en el sector energético, en el agro y en la ganadería, y en el uso de suelos.

Contradicción en las inversiones

El Gobierno destinó a los combustibles fósiles en 2018 un 97% de todos los recursos que destina a la energía, un 6,5% del presupuesto nacional, mientras que este año ha transferido en recursos más de 6.000 millones de dólares, el doble del financiamiento que recibieron las universidades nacionales.

Dentro de esta estrategia, ocupa un lugar primordial el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), pese a que sus emisiones se adjudican a los países que importan gas y petróleo de esta explotación, y no al país que habilita su extracción.

Argentina compra en el mercado internacional el gas a 2,5 dólares por millón de BTU (siglas en inglés de unidad térmica británica), pero al mismo tiempo «establece un sendero de precios que les garantiza a las empresas que explotan el gas de Vaca Muerta hasta 7,5 dólares por millón de BTU: la diferencia es lo que reciben las empresas en subsidios para recibir el gas», reveló el director de FARN.

Ciencia puesta a prueba

El canciller argentino también afirmó esta semana que no había «elementos científicos que abonen que el impacto de nuestras vacas y de su extensión territorial sea del nivel que algunos otros sectores quieren atribuir».

Pero el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Argentina elaborado por la Secretaría de Ambiente reconoce que el 53% de las emisiones de este país provienen del sector energético, y otro 39% surgen del agro, de la ganadería y del cambio del uso del suelo.

En su intento de hacer crecer este sector, se generan no solo emisiones contaminantes, sino que el avance de la frontera agropecuaria reduce el bosque nativo en pos de aumentar la superficie cultivable, advirtió el titular de la ONG.

Con base a estos resultados, el inventario de GEI muestra «que ha crecido bastante el sector agro porque se contabilizan cuestiones que antes no se tomaban en cuenta, y además hubo un proceso de deforestación enorme antes y después de la Ley de Bosques», acentuó Nápoli.

Esta normativa aprobada por el Congreso en 2007 y promulgada en febrero de 2009, conocida como la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, ha sido desfinanciada de manera paulatina desde entonces.

El presupuesto para el año 2020 prevé una asignación del 3,25% en relación al monto que establece la ley, con una inversión de 10,2 pesos (0,17 dólares) por cada hectárea de bosque nativo.

En consecuencia, la superficie de tierras forestales en Argentina se redujo en 2018 a 27 millones de hectáreas, el 10% de la superficie continental del país, de acuerdo al informe del estado del ambiente que presenta este viernes el Gobierno.

En 1998 los bosques nativos ocupaban 31,4 millones de hectáreas, según el primer inventario que se realizó aquel año, por lo que desde entonces la superficie forestal se redujo en 14,4 millones de hectáreas.

Energía renovable

El Gobierno argentino sí ha potenciado los proyectos de energía renovable, al punto que en casi cuatro años de gestión, llevó a que la generación que proviene de estos recursos represente el 5,9% de la matriz energética.

Pese a que la demanda insumos que deben ser importados, la industria de energías renovables se ha abaratado en los últimos años, «pero no recibe ninguna ayuda del Estado y tiene que instalarse de la mano del mercado, a diferencia de la fósil», sostuvo Nápoli.

«Los países vecinos están en un proceso de sustitución de una energía por la otra, al igual que Europa, que no tiene combustibles fósiles, y opta por esa reconversión», contextualizó el director de FARN.

Si bien todo proceso de cambio en una matriz energética es muy lento, y en el caso de Argentina también, puesto que el esquema actual está instalado desde principios del siglo XX, sí es necesario cambiar de rumbo, alegó Nápoli.

«Argentina no tiene mucho menú de inversiones, y la pregunta que nos hacemos es qué tan viable es hacer una gran inversión en Vaca Muerta para un combustible que tiene sus días contados y que requiere un enorme esfuerzo de inversión del Estado, o incorporar grandes obras de infraestructura hidroeléctrica que llevan 10 o 15 años», resumió.

Además de financiar la Ley de Bosques, Argentina también debería establecer un ordenamiento territorial «para que se sepa cuáles son los riesgos de dejar librado al mercado el crecimiento de la frontera agropecuaria, que tiene un gran impacto que es absorbido por las cuentas públicas a partir de las desertificaciones o inundaciones», completó.

El Gobierno se comprometió a que el 20% de la energía eléctrica consumida provenga de fuentes renovables para el año 2025.

Cortesía de Ana Delicado Palacios Sputnik