Activista María Eugenia Martínez: «No nos merecemos morir clandestinamente y no poder decidir sobre nuestro cuerpo»

Miles de mujeres se movilizaron frente al Congreso de la capital argentina con cantos, coreografías y pañuelos verdes como bandera para demandar la sanción de un proyecto de ley que legalice el aborto seguro y gratuito.

«Creo que es muy importante luchar por nuestros derechos, por los de todas las mujeres, puesto que no nos merecemos morir clandestinamente y no poder decidir sobre nuestro cuerpo», reclamó María Eugenia Martínez.

En compañía de dos amigas, esta joven de 32 años atribuyó a «la injerencia de la Iglesia y de muchos otros poderes» que en Argentina no se haya podido sancionar una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Esos sectores «no quieren que las mujeres podamos decidir por nosotras mismas, y creo que los diputados y senadores nos deben este año la aprobación de la normativa porque lo estamos pidiendo en las calles desde hace dos años», adujo Martínez.

Frente al Congreso, y mientras un grupo de mujeres jugaba un picadito de fútbol, otras, sentadas alrededor de la cancha improvisada, se pintaban mutuamente el rostro con brillantina de color verde.

Ya con el atardecer, y tras algunos cánticos, activistas que tomaron la palabra desde el escenario recordaron el fallecimiento de una mujer de 33 años en diciembre pasado como consecuencia de un aborto clandestino.

«Nosotras venimos de la Patagonia, llegamos hace poco acá y esto es lo más lindo que podíamos ver», comentaron Brisa y Camila Morales, dos primas que se mudaron a la capital argentina para estudiar.

Las jóvenes, procedentes de las provincias de Río Negro y Neuquén (sur), defendieron que la movilización continuará en las calles «hasta que se legalice el aborto y la mujer tenga los derechos que se merece».

Con 19 y 21 años respectivamente, Brisa y Camila también advirtieron que la injerencia de la Iglesia dentro de la política impídió hasta el momento que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo.

Por otro lado, “también hay demasiados hombres y demasiada gente mayor en el parlamento, así que conviene que entren nuevas generaciones que garanticen la educación sexual y que sea ley”, reclamaron.

Contexto

El «pañuelazo» es una convocatoria en la que las manifestantes visibilizan la necesidad de legalizar el aborto con pañuelos de color verde.

Bajo el lema “el proyecto está en las calles”, decenas de miles de personas demandaron en todo el país que se sancione la legalización del aborto de acuerdo al proyecto de ley que el 28 de mayo de 2019 presentó por octava ocasión la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con el apoyo de más de 700 organizaciones.

El texto, que todavía tiene estado parlamentario, reconoce en su artículo primero el derecho de toda mujer a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

La movilización se convocó para el 19 de febrero porque ese día del año 2018 decenas de miles de mujeres abrieron el camino con un primer “pañuelazo” para que el Congreso discutiera por primera vez la legalización del aborto.

Consciente de aquella gran movilización, el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) se manifestó contra la legalización del aborto pero habilitó a sus legisladores a que permitieran el tratamiento del proyecto en el recinto del Congreso.

Tras más de cuatro meses de debate en la que participaron más de 700 expositores, la iniciativa presentada por la Campaña logró ser sancionada en la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado en agosto de ese año.

La jornada en la capital tuvo su réplica en un centenar de ciudades en el país sudamericano, mientras en paralelo otras urbes del mundo, entre ellas Madrid, París, Bruselas, Quito, Caracas, y Brno (República Checa).

Desde entonces se realizaron 487.695 abortos clandestinos, «y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días de un nuevo Gobierno», contextualizó la Campaña, cuyo lema es «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

El aborto es un delito en este país, pero el artículo 86 del Código Penal autoriza interrumpir un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación fue producto de una violación.

El Ministerio de Salud reglamentó un protocolo nacional al que se adhirieron numerosas provincias para asegurar que los servicios de salud no denieguen la interrupción del embarazo a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.

Pero el cumplimiento del artículo 86 y de los protocolos es objeto de una disputa permanente en el ámbito hospitalario y judicial para impedir que los abortos autorizados por la ley se lleven a cabo.

Cortesía de Sputnik