El movimiento ecologista Greenpeace México celebra un fallo de la Suprema Corte de Justicia que suspendió definitivamente, el 22 de octubre, los cambios que impuso la Secretaría de Energía a la política del Gobierno federal en el sector en mayo pasado, dijo en entrevista con el responsable de Greenpeace, Pablo Ramírez Granados.
Sin embargo, tras el fallo «nos preocupa el uso autoritario del poder político, cuando el Gobierno amenaza con una contrarreforma constitucional si no se aceptan las políticas de la secretaria de Energía», que encabeza Rocío Nahle, dijo el especialista en Energía y Cambio Climático del capítulo mexicano de la organización internacional fundada en 1971 en Vancouver, Canadá.
Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala del máximo avalaron una decisión del ministro Luis María Aguilar y declararon infundado el reclamo de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que pedía revertir una suspensión de esa política ordenada por el magistrado.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) logró el 22 de junio un amparo de la Suprema Corte en contra de algunas órdenes ejecutivas de la cartera de Energía, dictamen judicial que fue respondido con una apelación de parte del Poder Ejecutivo, pero los jueces confirmaron la protección judicial al organismo regulador con el nuevo fallo.
Los jueces suspenden así, «de forma indefinida», la política gubernamental de «Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional», publicado el pasado 15 de mayo de este año 2020, que restringía la conexión a sistema eléctrico nacional de generadores privados de energías limpias, fotovoltaicas y eólicas, argumentando una caída del consumo durante la pandemia de COVID-19.
Ramírez Granados expresó su preocupación de que la respuesta pública del presidente Andrés Manuel López Obrador sea «una amenaza de impulsar una contrarreforma (en 2021) en un país donde debería primar el Estado de derecho».
«Lo que el presidente dice es que, si no es posible cumplir los planes de Gobierno con el marco normativo actual, él impulsaría una nueva reforma constitucional», agregó el experto.
La posible contrarreforma
La reversión de la Reforma Energética constitucional de 2013 se haría con una nueva lógica: una renacionalización de la industria petrolera, que los ecologistas no consideran completamente negativa, porque aquella apertura a la inversión privada y la competencia «no fue buena ni benéfica para el país».
«No podría ser mala en sí misma la contrarreforma, el problema es que se haría con una lógica nacionalista, que no necesariamente mala, pero que pone todas sus fichas en los combustibles fósiles», explica Ramírez Granados.
En un escenario de ese tipo, impulsado por el presidente de la izquierda nacionalista, «todos los acuerdos internacionales que obligan al país con reducir a sus emisiones e impulsar energías renovables quedarían a un lado», prosigue el responsable de Greenpeace.
La organización ambientalista promovió amparos judiciales contra la política energética federal junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), fundado en 1993.
Una contrarreforma para acentuar la dependencia de los combustibles fósiles «nos colocaría ante una política energética sumamente desfavorable para México, porque este país ya no es un país petrolero eso algo que debemos entender», dice el portavoz de la organización.
Los críticos del regreso de Pemex al centro de la economía mexicana consideran que la producción petrolera está alicaída, y que la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de la más endeudadas e ineficientes del mundo, con un atraso tecnológico de décadas.
«En un momento crítico como el actual, sería atar este país a activos varados, un modelo obsoleto que hasta las compañías petroleras están tratando de abandonar por anacrónico, que en materia climática sería catastrófico, lejano a una transición energética justa», subraya el experto entrevistado.
México abandonaría así los compromisos ambientales suscritos en el Acuerdo de París de 2016 para transitar hacia un modelo de energías limpias o renovables.
Por ejemplo en el presupuesto de la CFE en 2021, solo el 1,1% se destina a energías renovables.
Ese dato «muestra la total ausencia de voluntad política, que perdería las pocas cosas buenas de las reformas de 2013», puntualiza Ramírez Granados.
Los consumidores que generen su propia electricidad con paneles solares y otras energías limpias, quedarían desprotegidos.
Más aún, «sería un golpe muy duro a la verdadera soberanía energética para combatir pobreza en comunidades remotas rurales, apartadas del sistemas convencionales y del desarrollo» puntualizó.
Par complicar más las cosas, un grupo de 43 legisladores estadounidenses enviaron el 22 de octubre una carta al presidente Donald Trump expresando su «preocupación ante la política de México respecto a la política energética», misma que tacha de posible «amenaza contra empresas estadounidenses».
La carta difundida el 23 de octubre alude a informes y memorandos del presidente López Obrador, para dar «un trato regulatorio preferencial a la petrolera estatal Pemex, retrasando o cancelando permisos para firmas energéticas estadounidenses».
Los legisladores afirman que hay «un patrón de obstrucción» a las inversiones privadas en el sector energético a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Cortesía de Sputnik
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