Con solo 17 años y dos meses de embarazo, Ana Becerra, entonces integrante del MIR, conoció en primera persona el horror que se vivió después del 11 de septiembre en Chile. Tras ser requerida a través de un bando militar decidió entregarse. Pasó primero por Tejas Verdes y luego por Las Cabañas, el campo de concentración ubicado en Santo Domingo. Allá, en San Antonio, surgió el primer centro de torturas y exterminio que existió en Chile. Ahí nació también la DINA.
A 44 años del golpe de Estado, la hoy presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio comparte con El Ciudadano su mirada sobre lo que continúa ocurriendo con las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la necesidad de memoria y justicia, y el actuar en esos ámbitos de los gobiernos que vinieron una vez que Pinochet dejó el poder.
A 44 años del golpe de Estado, ¿qué representa hoy para usted el 11 de septiembre y lo que siguió a ese día?
Bueno, el 11 de septiembre nos marca la vida, empezamos a vivir la época oscura en este país; el cambio económico, la represión política, la muerte, los desaparecidos, el exilio, los exonerados y todo lo que trajo consigo el 11 de septiembre. Actualmente sigue siendo un día de recuerdos muy duros y si tú miras cómo está el país ahora, te duele.
¿Por qué? ¿Qué cosas que usted observa en perspectiva la hacen pensar que hay algunas que no han cambiado?
Duele que siga la represión, a los mapuches, a los jóvenes. Duele el sistema económico que tiene postergado a la gran mayoría de los chilenos; duele en lo que se ha transformado el país: individualismo total. Duele estar aquí, como dice una canción.
Hay sectores que permanentemente, desde que se recupera esta democracia, están tratando de negar lo que ocurrió, insistiendo en la típica frase de que «hay que dar vuelta la página». ¿Por qué cree usted que siempre se hace necesario el ejercicio de la memoria para un país?
{destacado-1} Porque si no tenemos memoria los hechos vuelven a ocurrir, eso es lo principal. Tenemos que saber lo que ocurrió en este país para que no se vuelva a repetir.
El presidente Lagos justificó el secreto de 50 años impuesto a documentos de la Comisión Valech, planteando que era para “proteger a las víctimas”. ¿Está de acuerdo con ese argumento?
El secreto de los 50 años nunca fue para proteger a las víctimas, fue para proteger a los violadores a los derechos humanos.
¿Y por qué cree usted que un gobierno de un socialista, como Lagos, intenta imponer eso?
Porque las cosas no han cambiado mucho en este país, porque todavía se sigue protegiendo a la clase poderosa, a los militares, se les sigue concediendo beneficios, por eso. Ellos tienen la protección del Estado.
¿Cree que pronto se pueda levantar el secreto y en qué beneficiaría eso a las víctimas y al país?
No estoy muy segura que pronto se pueda levantar. Lo que sí sé es que se está negociando en todas las mesas de diálogo que ha habido, entre los gobiernos -no solo este-, y los presos políticos han pedido que se levante el secreto de los 50 años. Esos archivos contienen la verdad, contienen los relatos, las personas, lugares, entonces sería saber la verdad, aclarar muchos en tribunales; o, quizás, hasta encontrar a algún compañero…
«No hubo piedad ni con viejos ni con jóvenes ni con los niños que mataron»
Por estos días se habla mucho de un eventual cierre de Punta Peuco; la presidenta Bachelet se lo prometió a Carmen Gloria Quintana. ¿Por qué cree que los gobiernos de la Concertación no han querido hacerlo?
Porque se pactó esta «democracia», entonces entre los pactos que ellos tienen -de los cuales no tenemos idea de toda la implicancia- están estos beneficios a los militares. Si no, no hay explicación para las pensiones que tienen, para las cárceles especiales -o sea, son tratados como ciudadanos ilustres casi-; si bien están encarcelados, tienen un trato especial, no es una cárcel, no es la misma a la que van todos los chilenos. Mira, yo digo ver para creer. No sé si la presidenta va a cerrar Punta Peuco, pero si lo hace, igual les construyó unos pabellones especiales, además.
En Colina…
Así es. A nosotros nos metieron con las presas comunes. Yo me acuerdo que tenía 17 años y con mi amiga Olga (Letelier), que cumplió también los 17 entonces -yo estuve solamente dos semanas en la cárcel de San Antonio-, nos poníamos en el camarote más alto porque teníamos miedo porque las presas nos habían amenazado que nos iban a matar.
Le resulta contraproducente entonces que esas mismas persona que fueron sus victimarios, estén en las condiciones en las que están…
Claro, que tengan un trato especial. Tienen que estar presos como todo el mundo. En este país hay una cárcel pública y ahí deberían estar.
En ese sentido, ¿qué piensa de la posibilidad de que se beneficie a violadores de los derechos humanos para que pasen sus últimos días en sus casas?
Yo creo que sería una de las injusticias más grandes porque ellos no tuvieron piedad con nosotros. No hubo piedad ni con los viejos ni con los jóvenes ni con los niños que mataron. ¿Por qué nosotros tendríamos que beneficiarlos? Ellos están bien, tienen un trato especial, médicos, buenas camas, de todo ahí adentro, pueden morir ahí. Es lo mínimo que podrían hacer.
«Para este país los presos políticos son viejos que molestan»
¿De qué sociedad habla el hecho de que tipos como José Antonio Kast -cuya familia ha sido relacionada a los crímenes de Paine durante la dictadura-, el ex alcalde Cristián Labbé o el ex diputado Rosauro Martínez, puedan haberse convertido en representantes de la ciudadanía?
De un país ignorante, al que no se le ha contado la verdad. La gente no sabe la verdad y la seguimos escondiendo. Porque para este país son una molestia los presos políticos, son viejos que molestan; las madres de las agrupaciones de ejecutados o desaparecidos son también una molestia. Y cuando no hay verdad, ¿cómo vamos a pedir otra cosa?
Y cuando hablamos de que esa verdad se ha ocultado, junto con las autoridades, ¿quién más cree usted que es responsable de eso?
{destacado-2} Tendríamos que ser responsables todos, no hemos tenido la capacidad ni la posibilidad de llegar con nuestro mensaje con la verdad. También tiene parte de la responsabilidad la dictadura, que escondió los hechos; los gobiernos que vinieron y que pactaron. Es toda una confabulación del país y nuestra poca capacidad de llegar con nuestra verdad. No tenemos acceso a los medios, a algunos lugares, y todo lo que hacemos por el trabajo de memoria es a pulso; no hay de parte del gobierno, o de los gobiernos, un apoyo para la difusión de la memoria.
Hay un hecho muy particular que ocurrió cuando ustedes hicieron un mural en San Antonio, y tuvieron un conflicto con el alcalde porque en la imagen aparecen unos militares apuntando a mujeres, una de ellas embarazada. ¿De ese silenciamiento hablamos?
Hay que taparse los ojos, no ver. Y en San Antonio tenemos peores. Hace unos meses atrás la municipalidad de San Antonio quería condecorar el estandarte de Tejas Verdes. O sea, tenemos ahí el centro de la DINA, la represión más brutal que hubo en este país la tenemos en San Antonio, y las autoridades actuales quieren condecorar ese lugar.
¿Qué pasó finalmente con eso?
Finalmente se retractaron, pero sigue en tribunales, todavía no se han pronunciado sobre esto.
«Los métodos de la dictadura siguen»
¿Considera que personas como José Huenante o José Vergara deben ser considerados como “detenidos desaparecidos”?
Son detenidos desaparecidos, a ellos los desaparecieron. Si tú ves las manifestaciones estudiantiles, cuando los jóvenes salen a la calle se aplican las mismas prácticas, con otros tonos nada más, que se nos aplicaron a nosotros. Las niñas son manoseadas, desnudadas, vejadas en ese sentido. Es contra una estudiante, una chica joven, y la estás sometiendo a esos procesos. Los niños son golpeados, manoseados, o sea, de qué estamos hablando. Los métodos de la dictadura siguen… y para qué hablar de lo que ocurre con los mapuches, porque ahí son peores. Es un escándalo la forma en que son tratados. Yo conocí una chiquita de 6, 7 años, que tiene una abuela que vive en Siete Tazas y la fueron a visitar. Y ella le pidió a sus padres no volver más para allá, porque el día que estaba de visita vio un allanamiento de parte de los policías en que en los helicópteros colgaban unos canastos y allí ponían a los niños. Y los chiquitos se daban vuelta y gritaban a sus padres. Era un método para sacar a los hombres de sus lugares, de donde estaban, para tratar de presionar de esa forma, con los niños. O sea, si eso no es tortura, usando a un menor… ¿de qué me hablas? O sea, hacen montajes y todas esas cosas. Estamos repitiendo la historia porque no se ha contado la historia anterior entera.
¿Qué le pasa a usted cuando conoce de estos casos, como los de Huenante y Vergara, donde además uno observa que se repiten patrones? Huenante es de apellido mapuche, por ejemplo.
Duele estar acá, eso es lo único que te puedo decir. Duele haber quedado vivo. ¡Si esa es toda la historia! Duele haber quedado vivo para ver esto. Y a pesar de que se dio una lucha para derrocar la dictadura… Sí, derrocamos a los militares que estaban en el Gobierno, pero no derrocamos los métodos; y ellos siguen, porque hay militares que estuvieron en la dictadura, hay carabineros, marinos, de todas las Fuerzas Armadas, que siguen dentro de los mandos. Los métodos siguen, la prepotencia de Carabineros, de los milicos, sigue. ¿Cómo te explicas tú que nuestro sitio de memoria todavía esté en manos de ellos, destruyéndose? Y ellos no lo entregan, quieren una permuta de algo que no es de ellos, cuando el Gobierno perfectamente podría haber dicho ‘yo la recupero, esto fue del Gobierno de Chile’. Está el caso espantoso de la plaza de Paine que era de la doña Lucía. O sea, ¡¿cómo?!
Está también el edificio de la Armada en Valparaíso. Y cuando uno comienza a ver estos casos observa una indiferencia de gobiernos que se dicen de «centro-izquierda». ¿Cómo lo definiría usted?
Una falta de interés total. No les interesa, fuera de los discursos cuando es necesario; porque cuando se pueden usar se usan, pero si no, simplemente no les importa.
Cuando uno ve lo que ocurre en Argentina con casos como el de Santiago Maldonado, donde hay manifestaciones masivas, donde hay una respuesta ciudadana frente a un hecho brutal como una desaparición, y lo compara con Chile, no ve lo mismo, ve a determinadas organizaciones levantándose, pero no una respuesta como esa…
Pero no tenemos que olvidar que Argentina tuvo políticas gubernamentales de derechos humanos, ellos están mucho más adelantados que nosotros. Allá los gobiernos se involucraron -ahora ya están perdiendo esos derechos- pero ahí fueron los gobiernos post dictadura que se preocuparon. A la gente la encarcelaron sin piedad.
Partiendo por Videla…
Partiendo por Videla, con cadena perpetua y sin ningún privilegio. Entonces es muy diferente la situación de Argentina. El pueblo argentino sabe lo que pasó, ellos están conscientes. Yo te digo, en nuestra experiencia con jóvenes -porque nosotros hacemos visitas guiadas al sitio nuestro de memoria- una de las cosas que a mí me marcó mucho fue un grupo de un segundo medio. Nosotros siempre nos reunimos después para que ellos nos digan qué es lo que sintieron a través de esta visita y el relato. Y la reacción de los chicos, en general, cuando se les pregunta qué sintieron, es de rabia. ¿Y sabes por qué viene esa rabia? Porque a ellos nunca nadie les dijo nada, porque han vivido 15 o 16 años no sabiendo lo que pasó. Entonces, de repente pienso en ellos y pienso en la rabia de cuando salen y rompen todo en Santiago y Valparaíso. Esa rabia tiene que reventar por algún lado, es su forma de expresar su descontento. Es completamente entendible su rabia, porque a ellos les han mentido y les han mentido una vida.