Andrea Zhouri activista: «La forma en que el capitalismo encontró para responder a las críticas ambientales fue inventando el concepto de «desarrollo sustentable»» (Parte II)

En esta segunda y última entrega de la entrevista con la antrópologa brasileña, se profundiza en las consecuencias sociales y ambientales de la economía extractivista en Brasil y en la región latinoamericana así como también de la permisividad del Estado en beneficio de esta practica

Minas Gerais ha sufrido los efectos colaterales de la economía extractiva desde la colonización, pero en los últimos años los problemas se intensificaron enormemente. Además de los desastres en Mariana y Brumadinho, el estado tiene docenas de represas que representan un riesgo, incluyendo las de Barão de Cocais, Congonhas e Itabira. ¿A qué se debe esa intensificación?

–A partir de los años 2000 se produjo un cambio de rumbo, con un proceso de reprimarización de la economía no sólo en Brasil, sino también en otros países de América Latina. A medida que el mercado mundial de las commodities se fue activando, Brasil fue asumiendo aún más el papel –de hecho– de exportador-exportador del medio ambiente… Estamos entregando nuestros recursos naturales, que son los recursos de vida de la población. Estos recursos son transformados en commodities por gigantes de la minería que tienen como finalidad exclusiva sus negocios, obviamente en detrimento de la sociedad local, a quien le dejan lo peor. Atribuyo la recurrencia de los desastres a esta intensificación de la economía neoextractivista, que también exige del Estado una flexibilización de la legislación.

¿Qué ha ocurrido en este sentido? ¿La legislación sufrió alteraciones? ¿Las poblaciones perdieron derechos conquistados?

–A lo largo del tiempo se intensificó la actividad neoextractivista y, junto con ella, una demanda de normas más flexibles, especialmente normas medioambientales, para hacer viable esa economía. En consecuencia, a lo largo de los años venimos viendo varios cambios en el sistema ambiental en Brasil y específicamente en Minas Gerais. La concesión de licencias ambientales –que ya era problemática desde el principio, porque siempre fue amigable con esas empresas, siempre adhiriéndose al mito del desarrollo–, se hizo todavía más permisiva, tratando de conceder licencias incluso en contextos de riesgo grave, siempre y cuando las empresas adoptaran tal o cual norma, tal o cual cuidado.

¿Esta permisividad a través de la adopción de normas y cuidados se relaciona con el discurso de la sustentabilidad?

–Exactamente: se trata de un concepto de capitalismo. La forma en que el capitalismo encontró para responder a las críticas ambientales fue inventando el concepto de «desarrollo sustentable», que es una respuesta insuficiente dentro de una lógica de la naturaleza, del medio ambiente, de la distribución equitativa de este ambiente para la población…. Estamos hablando de justicia ambiental porque vivimos en una sociedad desigual, y esta desigualdad social no está desconectada de la desigualdad ambiental. Esta lógica de desigualdad debe ser incorporada a la discusión.

El marketing de la sustentabilidad es también otro tema, otro océano en el que estas empresas navegan para intentar conquistar corazones y mentes de la población, tranquilizar, decir que están cuidando, cuando en realidad los efectos son reales, se viven a la vista. Los desastres son cada vez más recurrentes. Y en Minas Gerais estamos viviendo esta pesadilla de amenazas de desastre: las presas –ya salió a la luz– no son seguras, y no hay manera de afirmar su estabilidad.

¿Podría dar ejemplos concretos de esa permisividad del Estado en beneficio del sector minero?

–En febrero de 2016, poco después del colapso de la represa de Fundão en Mariana, que tuvo lugar en noviembre de 2015, la Asamblea Legislativa de Minas Gerais aprueba una ley que flexibiliza la concesión de licencias, creando cosas como «licencia concomitante», «licencia simplificada» y una superintendencia de proyectos prioritarios vinculados al Ejecutivo, que tiene un proceso de licenciamiento diferenciado. La ruptura que acababa de ocurrir no impidió que los diputados votaran a favor de la flexibilización. Se revisó, por ejemplo, la Resolución Normativa (DN) 217, que provocó la revisión de otras 50 normas, incluidas las que definen la clasificación de riesgo de las represas. Así ocurrió con la presa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, que fue clasificada de alto riesgo, clase 6, pero con el cambio de legislación se bajó a clase 4. En otras palabras, las alteraciones que se hicieron en 2016 en el licenciamiento ambiental, fueron altamente favorables a las represas.

¿A qué podemos atribuir el cambio que beneficia a las empresas mineras poco después de un desastre de tan grandes proporciones? ¿No es una medida demasiado impopular para ser tomada poco después del desastre?

Hay que tener en cuenta que el 70% de los diputados de la Asamblea Legislativa que fueron elegidos en 2014 contaron con mucho dinero de las empresas mineras, cuando la ley todavía permitía el apoyo directo a las campañas electorales. En otras palabras, hay un contingente mayoritario de parlamentarios comprometidos con la actividad minera. Por eso incluso habiendo ocurrido el desastre de Mariana, ellos no tuvieron la menor vergüenza en aprobar una ley más permisiva para la minería.

¿El cambio también alcanzó el sistema de fiscalización ambiental?

–Además del problema de la permisividad y la flexibilidad de la legislación, el sistema de inspección y control ambiental viene siendo desguazado a lo largo de los años. Hay algo que considero una aberración: es el permiso para que las empresas mineras contraten directamente a las empresas de consultoría ambientales, responsables de llevar a cabo los EIA-RIMAS (Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Informe de Impacto Ambiental). Esto compromete la autonomía e independencia del técnico a la hora de emitir su opinión. Además de eso, queda a cargo de la propia empresa certificar la estabilidad de sus represas. Todos estos son padrones institucionales, procedimientos que van comprometiendo la independencia, la imparcialidad, la veracidad técnica y las decisiones políticas en el proceso, colaborando para que los desastres sean recurrentes. Estos son padrones institucionales de producción sistemática de vulnerabilidad.

Al seguir de cerca los desastres, ustedes (Gesta) ha llamado la atención sobre las dificultades «post-desastre», enfatizando que el proceso mismo de rehabilitación puede estar repleto de dimensiones variadas de violencia. ¿Qué sería eso?

–Por lo general, en sentido común, la gente confunde desastre con evento catastrófico. El evento catastrófico –lo que nosotros llamamos evento crítico–, en realidad desencadena el proceso de desastre y ese proceso se expande en el tiempo y el espacio. Esa expansión tiene lugar por varias razones, entre ellas la forma en que el Estado y las instituciones se ocupan del propio desastre. En el caso de Mariana, ya han sido cuatro años de desastre. La gente sigue viviendo en casas alquiladas diseminadas por toda la ciudad de Mariana; la comunidad, por lo tanto, fue totalmente destruida. Los residentes siguen siendo sometidos a reuniones sistemáticas, en un proceso desgastante que implica toda una negociación con las víctimas, cuando ellas ya se encuentran en una situación de trauma, de pérdida total de control sobre sus vidas.

La dimensión psicológica es muy importante en este momento…

–Sí, porque las personas entran en depresión, ansiedad, angustia…. Empiezan a medicarse, se enferman. Hay una verdadera enfermedad de las personas que perdieron abruptamente no sólo a sus familiares, sino también su suelo –suelo en el sentido material, y suelo en el sentido simbólico: las personas perdieron su horizonte vital, la relación entre pasado, presente y futuro, su capacidad de planificar la vida, de proyectarse hacia el futuro. Perdieron, por lo tanto, su autonomía. Hay un proceso de enfermedad por un lado, y por otro lado las personas están en un proceso de aprender a lidiar con una situación involuntaria, que no eligieron y sin embargo les está siendo impuesta por instituciones y entidades ajenas. Entonces todo es una extrañeza que ocurre abruptamente y que socava las vidas de estas personas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. El desastre es un proceso que se va prolongando. Las enfermedades se multiplican y aparecen en función de ese acontecimiento y de los procesos que él desencadena, sin que se pueda demostrar. Tanto el Estado como el marco jurídico exigen el «nexo causal», y a medida que el tiempo va pasando se hace muy difícil establecerlo.

En el caso de Brumadinho, se habló mucho del gran contingente de personas que se trasladaron al lugar para prestar ayuda. ¿Cómo impacta eso en la población?

–Hay impactos de las más variadas maneras. La gente está sometida a un acoso muy grande. El desastre abre incluso un campo de oportunidades económicas y de llegada de extraños diversos. Investigadores, voluntarios, ONGs, organizaciones de ayuda humanitaria, toda una gama de actores –muchos de ellos movidos por la buena fe, por supuesto–, pero en una afluencia tan grande que se convierte en un acoso para la gente del lugar, obligada repentinamente a recibir a ese contingente de personas y a lidiar con eso. Y  eso, no siempre de una forma tranquila, porque todas estas personas tienen sus propias agendas. El investigador quiere producir su investigación, el periodista quiere producir su artículo, el fotógrafo quiere hacer su registro. Eso configura otro problema, porque la gente perdió sus rutinas y además tiene que lidiar con todas esas demandas. En uno de los eventos que celebramos en la UFMG, uno de los afectados, el Sr. Expedito, residente de Bento Rodrigues, dijo algo muy interesante: «Tenemos que entender que el reasentamiento no es sólo la casa, volver a tener casa; reasentamiento es también volver a uno mismo”. Quiere decir que estas personas están fuera de sí, fuera de la vida que tenían. Así, el desastre se intensifica en el tiempo y en el espacio también debido a los procesos que involucran la resolución del desastre.

Ustedes también analizaron lo que llaman «tecnologías de resolución» de los desastres ambientales. ¿Qué es lo más complicado de esas «tecnologías»?

–Lo que llamamos «tecnologías de resolución» son modelos conocidos que se han aplicado en otra situación, que tienen sus propias urgencias. Siempre con mesas de negociación, con reuniones sistemáticas para construir agendas. El gran problema es que las empresas –que en realidad son reos–, participan activamente liderando la dinámica del proceso. Son protagonistas en el proceso de reparación de daños, algo que en mi opinión es totalmente inadecuado. Las empresas involucradas no deberían tener el control de las tecnologías de resolución de los desastres. Deberían, sí, estar obligadas a pagar los mecanismos, las tecnologías, los dispositivos de resolución de las crisis, la reparación de los daños, etc., pero no tener control sobre las decisiones de a quién contratar, cómo contratar, qué investigar, por dónde empezar, cuál es el timing…. La Vale tiene control –por ejemplo– sobre la Fundación Renova, llegando incluso a crear una institución para ejecutar estas acciones.

Para nosotros, es una inversión de la lógica. Entendemos que el Ministerio Público se siente, en cierto modo, atado a estas negociaciones. Entiende que si el problema es remitido al Poder Judicial, tal vez la resolución tome más tiempo… O tal vez que la decisión no considere todas las facetas de la cuestión. Existe una cierta adhesión a esta lógica de negocio, que las empresas dominan. Después de todo, este es su mundo, el mundo de los negocios es el mundo de las empresas. ¿O no?

Cortesía de Pressenza