Autoridades peruanas culpan a otros países de América Latina por el estallido social que ha dejado más de 60 muertes desde el 7 de diciembre, mayormente por balas policiales y militares. En diálogo con Sputnik, el congresista Guillermo Bermejo evaluó los pedidos de que «el Ejército de Perú ingrese a Bolivia».
Según el Gobierno de Dina Boluarte y la mayoría del Congreso que la apoya, el estallido social que vive Perú se debe a la injerencia del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) y del actual mandatario, Luis Arce.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó una carta en la Embajada de Bolivia en Lima para transmitir «una enérgica protesta por las declaraciones del presidente Luis Arce sobre temas de política interna. La Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia», indicaron en un tuit de la cuenta institucional.
El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular (derecha), fue más allá y exigió que las Fuerzas Armadas peruanas invadan el territorio boliviano: si persiste esta situación, «el Ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación», por supuestamente «financiar al terrorismo», dijo.
El también congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático (izquierda), evaluó las declaraciones de su colega. «Es el nivel de ignorancia y prepotencia de los fascistas, quienes buscan a un culpable para lo que pasa. En un principio incluso a mí me han acusado de ser el máximo azuzador de la protesta», dijo a Sputnik.
Según Bermejo, las oficinas de Inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas escuchan sus llamadas telefónicas. «Estamos con reglaje muchos de nosotros», comentó. «Reglaje» se llama localmente cuando las mencionadas instituciones persiguen a ciudadanos.
Desde que fuera depuesto y encarcelado el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) la palabra terrorismo está en boca de varios políticos y se reitera en diversos medios de comunicación. Pero esta definición tiene un amplio uso. Según Bustamante, la wiphala, bandera que representa a los pueblos indígenas andinos, es el «trapo que ondean los terroristas en el Perú», aunque en Bolivia tiene el mismo estatus que la tradicional bandera tricolor.
La marca del terrorismo está presente en la sociedad peruana desde los años de actividad de la guerrilla de Sendero Luminoso, entre las décadas del 70 y del 90. Desde entonces se creó la figura del terruqueo, que consiste en acusar a alguien, con pruebas o no, de pertenecer a este grupo armado, ya diezmado.
«Es el nivel político de la derecha peruana. Es la vergüenza patriótica que tenemos cuando escuchamos a esas mismas autoridades que antes pedían gente idónea y preparada en el Gobierno», indicó.
En Perú, cerca de la frontera con Bolivia, viven comunidades del pueblo aymara. Desde algunas de ellas manifestaron públicamente que empuñarían las armas para enfrentar a lo que consideran una dictadura, encabezada por Boluarte.
«Entre los hermanos aymaras hay varios puntos de vista distintos sobre la protesta, que es espontánea y nada tiene que ver con la injerencia extranjera», aclaró Bermejo. Pero la invención de este enemigo es eficaz al momento de reprimir manifestaciones, que ya causaron 61 muertes.
Cada vez más aislado
Bolivia no es el único país acusado de «injerencia» por el Gobierno de Boluarte y su Congreso.
«También quieren romper relaciones con Cuba, México y Colombia. Se están autoaislando del mundo, pero el mundo también los está aislando. Los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos son contundentes», mencionó Bermejo.
«Estas y otras instituciones internacionales hacen llamados a la paz, pero tienen muy presente que la señora Boluarte actúa de manera que nada tiene que ver con los métodos utilizados en democracia y legalidad. Es un régimen que tiene 0% de aprobación y comienza a quedar aislado en el mundo», graficó el congresista.
Represión en las universidades
El referente de Perú Democrático resaltó que, pese a la ola represiva, miles de personas siguen llegando de todo el país para manifestarse contra Boluarte, el Congreso, y a favor de la realización de una Asamblea Constituyente.
El pasado sábado 21 de enero, fuerzas policiales tomaron por asalto las universidades de San Marcos y la de Ingeniería, donde se alojaban cientos de manifestantes, mayormente provenientes de áreas rurales del sur peruano.
«Son universidades emblemáticas del país que han abierto puertas para miles de hermanos llegados de las provincias. Hubo un primer acuerdo para que se pudieran quedar, también hubo una campaña de solidaridad de Lima que ha sido de verdad emocionante», dijo Bermejo. Vecinos limeños llevaron alimentos, platos y cucharas para las visitas, que fueron violentamente retiradas de las instalaciones.
«Han humillado a la gente, les han dado un trato degradante por venir a protestar pacíficamente. Los han maniatado y tirado al piso», afirmó.
Otras tres décadas
El congresista evaluó que los reclamos populares están lejos de ser oídos. Ni Boluarte va a renunciar, ni el Congreso se va a cerrar ni se va a llamar a una Asamblea Constituyente.
El actual Gobierno «pretende hacer ampliaciones en las concesiones petroleras del norte, ya rompiendo la legalidad de todo el contrato. También piensa aprobar una inversión de 54 millones de dólares en minería. Esa gente quiere quedarse para que la oligarquía peruana tenga otras tres décadas de impunidad y ganancias turbias», sostuvo Bermejo.
Asimismo, habría un gran interés en el Gobierno de Boluarte en mantener sus cargos para evitar enfrentar a la justicia, consideró el congresista: «La cantidad de asesinatos, torturas, las campañas macartistas de persecución y de reglaje que padecemos varios dirigentes políticos no van a caer hasta que venga un Gobierno que impulse una reforma en la justicia y fuerzas del orden».
Fuente RT
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