El Gobierno de Estados Unidos está cometiendo un crimen de lesa humanidad al intentar impedirle a Venezuela comprar gasolina en medio de la pandemia por COVID-19, dijo el representante permanente del país sudamericano ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero.
«Intentar bloquear el suministro de combustible a Venezuela en medio de esta terrible pandemia califica sin duda como un crimen de lesa humanidad», indicó Valero.
Las medidas de Estados Unidos contra Venezuela han arreciado en los últimos cuatro años con el objetivo de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.
En 2017, las sanciones alcanzaron a su principal industria Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), inicialmente impidiendo el financiamiento y posteriormente prohibiendo a cualquier empresa o persona que use el sistema financiero de esa nación hacer transacciones con la referida compañía estatal.
Estas medidas han limitado la posibilidad de PDVSA de adquirir repuestos para sus refinerías, aditivos para producir gasolina e incluso la compra de combustible generando una situación crítica en el país.
En reiteradas ocasiones el Gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana han asegurado que las sanciones están dirigidas únicamente al presidente Maduro y a funcionarios de su gestión, pero la escasez de combustible ha afectado gravemente el transporte y suministro de bienes y servicios esenciales a la población.
Para Valero «tales medidas demuestran, una vez más, el carácter criminal del Gobierno de Donald Trump (presidente de EE.UU.), el cual es capaz de apelar a cualquier medida con tal de apropiarse de las inmensas riquezas y los recursos pertenecientes al pueblo venezolano».
A juicio del experto en derechos humanos, el objetivo de Trump es claro: asfixiar a los venezolanos en medio de una situación tan crítica como la que ha generado la pandemia de COVID-19.
Todos los años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa las repercusiones negativas de las sanciones, y en reiteradas ocasiones más de 120 países las han repudiado.
Además, cada año en Ginebra (Suiza, oeste) se realiza un foro sobre el impacto negativo de las sanciones para exigir que se eliminan.
Venezuela, señaló Valero, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, impulsa y participa en todas las actividades que tengan que ver con el combate por la erradicación de la imposición de sanciones.
El pasado 14 de mayo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que ese día se añadiría, a la remisión presentada por Venezuela ante la Corte Penal Internacional, las evidencias sobre la persecución del Gobierno estadounidense a buques de Irán que se encuentran rumbo a Venezuela con gasolina para paliar la actual crisis de combustible.
Arreaza ha declarado que, en plena pandemia, «(…) Washington persigue los buques que transportan nuestro petróleo y los que traen gasolina, violación flagrante de la ley internacional y de los derechos fundamentales de los venezolanos».
Sin embargo, Valero recordó que Irán y Venezuela han denunciado en reiteradas ocasiones que trabajarán en conjunto para afrontar las sanciones de Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días arriben a Venezuela cinco buques cargados con gasolina y repuestos para reactivar las refinerías del país y la distribución de combustible.
Cortesía de Sputnik