Diputada Fernanda Vallejo: «Debe conjugarse una política de cuidado ambiental con un desarrollo sustentable de todo el patrón productivo y de consumo»

La ley de emergencia sancionada por el Congreso de Argentina plantea impuestos de exportación a los sectores productivos a fin de estimular su desarrollo sin que ello suponga un perjuicio para el plan ambientalista del Gobierno, sostuvo en una entrevista la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos.

«Hay un equilibrio en todo el esquema de retenciones tanto para la minería, los hidrocarburos, los productos agropecuarios y los industriales donde se conjugan distintos objetivos de políticas según los sectores a los que se quiere dar impulso», sostuvo la diputada del gobernante Frente de Todos.

El sistema de retenciones que rigió en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había establecido una alícuota de 12% para productos primarios como los cereales, el petróleo y los minerales, con un máximo de 4 pesos (0,06 dólares) por dólar exportado.

En base a ese cálculo, el porcentaje de retenciones para este sector era del 6,34%.

En la ley sancionada el pasado 20 de diciembre, el Gobierno de Alberto Fernández estableció que el trigo, el maíz y el girasol pasen a pagar 12% de retenciones, mientras el gravamen a la soja pasará de 18 a 30%.

Las exportaciones de actividades extractivas como la minería y el petróleo, en cambio, deberán abonar un 12% de retención.

El yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (suroeste), es una de las áreas que busca impulsar el Poder Ejecutivo «porque a pesar de su potencialidad no ha tenido todo el desarrollo que podría tener», explicó Vallejos.

En el sector minero, la mayor parte de los productos que se exportan son minerales en estado bruto sin ningún tipo de industrialización, observó.

«El presidente plantea impulso a sectores estratégicos con enorme potencial, pero hay que trabajarlo para que no se quede en la simple extracción, porque está la expectativa de avanzar hacia un esquema de mayor valor», sostuvo la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, «el litio es un mineral estratégico sobre el que muchos países del mundo están avanzando, y creemos que Argentina tiene mucho para trabajar, con desarrollos que están promoviendo esto, como baterías para la motorización eléctrica de vehículos», señaló.

La minería representa aproximadamente el 8% del comercio exterior de Argentina, y en base a ello, la recaudación por derechos de exportación equivale a un 0,09% del Producto Interno Bruto (PIB), señaló Vallejos.

La recaudación en el sector de hidrocarburos asciende al 0,08% del PIB, de acuerdo a las exportaciones de 2018.

En el caso del agro, los ingresos por derechos de exportación del sector cerealero y oleaginoso representan el 1,5% del PIB, ilustró la diputada de acuerdo al promedio de las cosechas entre 2015 y 2018.

Agenda ambiental

Argentina apuesta por una matriz energética diversificada, con una parte expresada en energías renovables y otras en fuentes tradicionales, según la diputada.

«Esto debe conjugarse en una política de cuidado ambiental con un desarrollo sustentable de todo el patrón productivo y de consumo, que no se ciñe exclusivamente a la política doméstica, sino a una geopolítica, porque esta es una agenda que trasciende el ámbito de los estados nacionales en la que Argentina tomará posición en los foros internacionales», explicó Vallejos.

Al crear un Ministerio de Ambiente, el presidente Fernández otorgó una importancia a este asunto que se verá próximamente en las políticas que impulse su titular, Juan Cabandié, a fin de «promover una política que preserve el cuidado ambiental y la necesidad de desarrollo de la economía», dijo Vallejos.

«Al no ser dos agendas antagónicas, el papel del Estado con los esfuerzos de la sociedad civil es determinante para construir esos equilibrios, donde pueda haber desarrollo pujante en el marco de una regulación que permita el cuidado de la casa común», comentó.

En la provincia de Mendoza (centro-oeste), la Legislatura sancionó el pasado 20 de diciembre, con el apoyo del Frente de Todos, una reforma que permite el uso de sustancias tóxicas en la minería, lo que generó multitudinarias protestas y cortes de carretera que obligaron al gobernador Rodolfo Suárez a no promulgar la ley e incluso enviar un proyecto para derogarla.

El gobernador sostuvo el viernes 27 tras reunirse con los alcaldes de todos los municipios de la provincia que «la licencia social no existe en la provincia de Mendoza» y agregó: «Después de escuchar a los intendentes [alcaldes] he decidido mandar a la Legislatura la derogación de la ley».

Vallejo comentó que «ineludiblemente la política va a tener que encontrar una solución a esa controversia que se ha generado».

El Estado, en todo caso, debe controlar a todos los sectores de la economía para evitar abusos en posiciones dominantes o para evitar riesgos ambientales, afirmó.

Con problemas de desertificación y deforestación en el país, «el Estado debe resguardar los equilibrios necesarios que deben existir entre las necesidades de desarrollo de las regiones y las necesidades de todos como sociedad, y como parte de una comunidad planetaria, para cuidar nuestros recursos con espíritu de preservación intergeneracional», adujo.

Los países más desarrollados, no obstante, tienen una enorme responsabilidad, superior a la de los países en vías de desarrollo «porque en base a sus patrones de producción y crecimiento han conseguido un estándar de vida para la población superior a la que gozamos los países de la región latinoamericana», advirtió Vallejos.

Las naciones emergentes «dependen en gran medida de la verdadera vocación de cooperación que tengan los países desarrollados, que han vivido por encima de las condiciones en la que viven los países emergentes», añadió.

El Gobierno de Fernández, que asumió el pasado 10 de diciembre, gobernará por los próximos cuatro años.

Cortesía de Sputnik