Las jubilaciones irregulares dadas a conocer la noche del pasado domingo por Informe Especial fueron la guinda de la torta de una cadena de hechos donde funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden han protagonizado escándalos de varios miles de millones de pesos de costos para el Estado.
Los fraudes en Carabineros, Gendarmería y las Fuerzas Armadas han abierto una brecha de investigación que, hasta ahora, pareciera no tener fondo.
El diputado socialista Leonardo Soto, que encabeza la comisión investigadora sobre las irregularidades cuestionadas, sostiene en conversación con El Ciudadano que «ahora es momento de analizar este sistema de privilegios para un grupo selecto de la población que son incompatibles para nuestra democracia».
«Las pensiones que fueron entregadas de manera ilegal, falseando antecedentes médicos, deben ser revisadas judicialmente y, si corresponde, anularlas y ordenar la devolución de los dineros que fueron percibidos», agrega el parlamentario.
Esta investigación abre una puerta que hasta ahora se encontraba cerrada bajo siete llaves. ¿Cómo ha sido el proceso que se ha llevado hasta ahora?
Esta investigación se da en un buen momento. Por años, desde la vuelta de la democracia, se han producido muchos obstáculos para modernizar las Fuerzas Armadas, aún siguen siendo instituciones herméticas donde poco y nada se sabe de lo que ocurre en su interior. Hoy se abre una puerta, en una denuncia pública muy contundente, robusta y con muchos antecedentes que hablan de distintos tipos de abusos en materia de pensiones de invalidez y otros temas como el necesario reestudio de la duración de la carrera militar. Esto se da en el contexto de que Chile superó el trauma de la dictadura, se han detectado tres fraudes importantes por lo que es fundamental hacer una profunda revisión y reforma de las FFAA.
¿Se puede decir que estos casos son las últimas herencias de la dictadura en las formas de operar de las Fuerzas Armadas?
Sin duda nos encontramos con hechos que nacieron en dictadura. En 1981 se dio inicio al actual sistema de pensiones que no toca a los funcionarios de las FFAA y Carabineros. Ahora es momento de analizar este sistema de privilegios para un grupo selecto de la población que son incompatibles para nuestra democracia. Esto es un diseño institucional de esa época, yo creo que las manifestaciones de modelos incompatibles con la democracia han hecho crisis hoy.
¿Qué se debe hacer con los recursos que han sido utilizados para estos fines?
Las pensiones que fueron entregadas de manera ilegal, falseando antecedentes médicos, deben ser revisadas judicialmente y, si corresponde, anularlas y ordenar la devolución de los dineros que fueron percibidos. Junto con ello, debiera aplicarse cárcel con los que se vieron beneficiados y los que propiciaron que este desfalco se produzca. En el caso del futuro, es fundamental hacer una modificación profunda a este sistema.
¿Avala la tesis de que estas pensiones irregulares son una compensación a los funcionarios?
No puedo creer que esté institucionalizado el abuso a tal nivel y que se estime una pensión como un premio por servicios extraordinarios. Simplemente creo que hay espacios en la institucionalidad para realizar esto y hoy lo vemos en esta denuncia. Me parece grave que las pensiones se hayan transformado en un premio, que es injustificado por cierto. Entonces, lo que corresponde hacer son las investigaciones y las modificaciones legales que se requieran para evitar estos abusos.
¿Qué le parece el silencio de la derecha en este tema?
Es curioso constatar que la derecha siga en silencio, aunque ellos participaron de la comisión y conocieron estos abusos. Incluso ellos aprobaron los resultados, entonces llama mucho la atención. Acá se persigue a los aprovechadores que se beneficiaron ilegalmente, por ello hago un llamado para que apoyen esta investigación. No se puede ser severo cuando los abusos vienen de un lado o con sesgo partidario.
¿Y la actitud de las FFAA?
Su silencio es sorprendente, debieran ser los primeros en salir a explicar estos hechos. Yo esperaría una conducta más proactiva de parte de ellos para enfrentar un tema que, evidentemente, es insostenible e inaceptable.