Director de Ciudadano Inteligente sobre corrupción en Chile: «La filtración es un mecanismo importante, tiene que ser protegido»

Foto: elmuro.cl

Casos Penta, SQM, Bancard y Caval; carabineros protagonistas del mayor fraude en la historia de la institución, conflictos de intereses, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Todos  estos acontecimientos han copado la agenda mediática en los últimos años y han terminado por derrumbar la confianza que las personas tenían en los representantes políticos e instituciones públicas.

¿Qué está sucediendo con el piso ético exigido a los funcionarios públicos? ¿Ha cambiado la mirada de los/as ciudadanos/as sobre la probidad y transparencia? El director ejecutivo de la fundación Ciudadano Inteligente, Pablo Collada, entrega algunas pistas para entender el momento de crisis que vive el país y reconocer las nuevas perspectivas generadas a raíz del conocimiento público sobre la corrupción y la pérdida de legitimidad de los actores e instituciones políticas.

En los últimos años hemos conocido casos de corrupción que vinculan a parlamentarios de las dos coaliciones con mayor representación política y a carabineros, además de conflictos de intereses y una relación incestuosa entre dinero y política. ¿Qué nos están diciendo estos casos? ¿Ha aumentado la corrupción o hay mayor conocimiento de prácticas irregulares asentadas en los organismos públicos?

Es una pregunta bastante compleja, porque hay un poco de ambos. Todo apunta a que cada vez nos vamos enterando con más detalles. Tenemos por un lado, el caso vinculado al tema del financiamiento irregular. Nos dimos cuenta de que por mucho que le llamemos «irregular», era el esquema más normalizado para el financiamiento y para estar al margen de la legislación que existía en ese momento.

Entonces, al final una filtración dio origen a dos, luego a tres y se empezó a hacer un hilado de un sistema muy complejo en el que, efectivamente, la manera en la que se financiaba la política en Chile estaba llena de irregularidades, de conflictos de interés y de mecanismos fuera de la ley.

En ese sentido, no son prácticas nuevas. De hecho, ante estas prácticas que fueron surgiendo, lo que se generó como reacción fue la creación o el impulso de una reforma legislativa para modificar la ley de partidos y la ley de financiamiento. Lo que estamos tratando de hacer todos los que hemos sido partícipes desde afuera o desde adentro de esta reforma, es que sea mucho más difícil ejecutar acciones como estas y que tengan una sanción mucho más fuerte.

Los políticos investigados por casos de corrupción o por falta la probidad (Penta, SQM, Bancard) recurren frecuentemente al argumento que apela a investigaciones en curso de la Justicia y que no se han determinado responsabilidades ni culpables y que, por lo tanto, no han incurrido en un acto ilegal. ¿Es suficiente ese estándar para un representante político?

Creo que lo que estamos reconociendo cada vez con mayor claridad es que muchas veces lo que estaba dentro de los márgenes de la legalidad era, en muchas ocasiones y por decir lo menos, inmoral y poco ético.

En ese sentido, varias de estas justificaciones de «bueno, pero no era nada ilegal, estaba dentro del marco de la ley», ya no son suficientes y claramente, es casi una afronta a decir «bueno, yo me aproveché de una serie de cuestiones, realicé actos de dudosa ética y probidad, sin embargo, estaba dentro del marco de la legalidad». Ahí es donde frases como «Hecha la ley, hecha la trampa», empiezan a relucir, porque nos damos cuenta de procesos que, a luces de la Justicia, efectivamente fueron legales, pero a luces de la realidad son totalmente inaceptables y ya nadie se compra de que era legal, sino que eso acaba siendo inclusive hasta más ofensivo.

La aprobación de Carabineros ha caído fuertemente luego de conocerse el caso de desfalco, aun cuando en los últimos años había sido una de las instituciones mejor evaluadas. Si a esto se suma la desconfianza en los políticos y en otras instituciones públicas, ¿hacia dónde se está dirigiendo la confianza ciudadana?

Carabineros involucrados en fraude.

Yo creo que que la confianza ciudadana está empezando a regresar a la misma ciudadanía y eso tiene que ver con una razón muy puntual. Creo que parte de esta desconfianza y esta falta de aprobación y legitimidad, tiene que ver con identificar que en estas instituciones, los actores que las lideraban, que supuestamente tenían que ejercer un rol de representatividad y tenían que llevar a cabo acciones en términos del servicio público, no estaban respondiendo a los intereses y al beneficio colectivo, sino que a intereses particulares.

En ese sentido, la ciudadanía deposita su confianza en otros ciudadanos, en otros miembros de la sociedad que son más cercanos a las condiciones y la realidad en la que yo vivo. Por eso, de repente hay actores en el mundo parlamentario, en el mundo político y en la sociedad civil que generan mayor empatía, porque al final son actores que sufren, enfrentan e interactúan en condiciones como la ciudadanía misma.

Todo este conjunto de crisis lo que hace es poner de manifiesto esos grandes abismos que se generaban entre instituciones y ciudadanos y que ahora, quien quiera superar ese abismo, se tiene que acercar a la ciudadanía y mucho más allá de un discurso. Es un acercamiento que tiene que ver con cómo se plantean sus intereses, cómo se transparentan sus posturas y cómo se realizan acciones que, en efecto, ante cualquier tipo de fiscalización, su último objetivo sea el beneficio colectivo.

Presidentes en el banquillo

¿Cuál es la mirada que tienen sobre el conjunto de antecedentes que se han revelado recientemente sobre Sebastián Piñera, como por ejemplo, las inversiones de Bancard en Perú, la demora en la entrega de correos electrónicos a la Fiscalía y las reuniones que sostuvo con el gerente de Bancard mientras era Presidente de la República?

Más que para el caso particular de Sebastián Piñera, yo creo que en los últimos años, hemos visto un conjunto de escándalos que afloran y que dan cuenta de acciones en las que, de una u otra manera, existían ciertos beneficios particulares o ciertos usos para beneficio particular, desde la función pública.

Eso solamente ha profundizado esta desconfianza por parte de la ciudadanía. Yo creo que se tienen que tomar medidas muy drásticas para lograr responder a esa desconfianza de una manera consistente y sólida, no solo apostando a que ciertos electores del voto duro mantengan ahí la lealtad, sino tratar de conectar a mucha de la gente que está tan descontenta.

Contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo pesa una orden de captura y hoy salió en los medios que el presidente brasileño Michel Temer podría ser destituido por el financiamiento de la campaña en la que iba como vicepresidente. ¿Los otros países cuentan con más herramientas legales o hacen un uso más audaz de la ley?

A propósito de muchas de las filtraciones que han ocurrido recientemente de investigaciones, pero también de mecanismos de fiscalización más profundos, hay una gran diversidad de casos. El Caso Odebrecht ha presentado alianzas y vínculos al margen de la ley en decenas de países. En México también existen un par de ex gobernadores que están siendo buscados tras considerarse prófugos de la Justicia. 

Para el caso chileno, cada vez existe una mayor claridad de que algunos de los mecanismos que existían previamente, tanto para fiscalizar como para regular, eran insuficientes, desde los fideicomisos ciegos hasta los aportes reservados para las campañas. Efectivamente, dejaban un margen para esta ambigüedad y para estas prácticas que ahora nos vamos dando cuenta que ensuciaban la política chilena.

Entonces, estamos en un proceso de revisión de todos estos mecanismos y creo que debemos ser muy astutos todos los que estamos interesados en temas de transparencia y probidad de que los nuevos mecanismos no solo lleguen a plantear un discurso de renovación, sino que efectivamente compongan un sistema mucho más poderoso de fiscalización, seguimiento y rendición de cuentas en estas materias.

Conflictos de interés y el rol de los medios

El pasado domingo, en una entrevista con La Tercera, el contralor Jorge Bermúdez dijo que «los conflictos de intereses son una manifestación de corrupción, si es que no se prevén, si es que no se evitan». ¿Compartes ese diagnóstico?

Jorge Bermúdez.

Sí, sin duda, el conflicto de interés se puede manifestar de muchas y muy diversas maneras y a muchas profundidades. Cuando el conflicto de interés es pasado por alto y suceden acciones dentro del marco de estos potenciales conflictos de interés, efectivamente, se cruzan líneas muy delgadas y ya entramos en materia de corrupción.

Yo creo que en muchas ocasiones, tratar de reducirle el peso de la gravedad a ideas como conflicto de interés o tráfico de influencias, pero no decir corrupción, creo que estamos aligerando el peso de prácticas que pueden ser profundamente nocivas y que atentan en contra de la distribución del poder, que es una de las bases de la democracia.

En esa misma entrevista, Bermúdez sostuvo que los funcionarios del Estado debieran dedicarse con exclusividad a la función pública, poniendo como ejemplo, a los abogados del Consejo de Defensa del Estado, quienes pueden seguir ejerciendo su profesión. ¿Ven la exclusividad como una herramienta necesaria? ¿Qué otros mecanismos creen aptos para combatir la corrupción y los potenciales conflictos de intereses?

En términos de los mecanismos que pueden llevarse a cabo, sin duda el tema de las declaraciones amplias de una cantidad importante de funcionarios públicos, tiene que estar ahí, transparente y pública, en datos abiertos. Me refiero a declaraciones de patrimonio, declaraciones de interés e inclusive declaraciones fiscales, como ocurre en otros países.

Por otra parte, mecanismos autónomos, independientes y con capacidad de sanción que, justamente, tengan por objeto hacer investigaciones en materia de corrupción. Generar sistemas anticorrupción, que tengan capacidad de fiscalizar y dar seguimiento.

Para el tema de la exclusividad de la función pública, a título personal creo que es importante que la vocación de servicio público sea una vocación de tiempo completo, en la que la persona que esté interesada en servir desde el aparato público, tenga que entender que eso es una decisión que implica un conjunto de posibilidades y ciertas restricciones.

Creer que existen espacios donde todo es posible, donde uno puede ejercer de un lado y del otro y jugar a favor y en contra, yo creo que es una mirada que desacredita el valor de la función pública y que no permite buscar a las personas que efectivamente tienen una vocación de servicio, más allá de intereses particulares o de lucro.

¿Cuánto puede contribuir la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses para contrarrestar la corrupción?

Es una herramienta que se trabajó con bastante fuerza y que apenas estamos empezando a ver su implementación. Entonces, yo creo que todavía va a tener mucha profundidad por venir, todavía vienen ejercicios de implementación y de asentamiento de una ley que justamente busca ir al detalle de cómo construir un entorno de mayor probidad y transparencia en la función pública. Estamos en una situación temprana, pero el potencial de esa ley es, sin duda, bastante alto.

¿Qué papel le asignas a los medios y a las herramientas de comunicación digital en el conocimiento público de los hechos de corrupción y falta de probidad que hemos observado en este último tiempo?

Tienen un papel clave y eso tiene que ver con muchas cosas, en particular, se me ocurren tres: por un lado, está el tema de que muchos de estos casos, nos hemos enterados no por investigaciones oficiales, sino por filtraciones que se han llevado a cabo o ha sucedido que particulares filtran información vinculada a estos temas y es ahí desde donde se inician las investigaciones.

La filtración es un mecanismo importante, que tiene que ser protegido y que tiene que existir una cultura de la filtración cuidadosa, pero promovida cuando existan casos irregulares y donde, quizá, salir a la luz de manera no anónima, podría atentar en contra de la seguridad de particulares que enfrenten situaciones que quieran denunciar.

Hugo Bravo, principal delator en el caso Penta.

En segundo lugar, tiene que ver con el rol de los medios. Yo creo que ahí tiene que existir una responsabilidad en quienes informan, de cuidar las características de la información y entrar a profundidad en las implicaciones que esa información tiene. Hemos visto, en Chile y en el mundo, muchos casos de filtraciones que, por descuidar la calidad de la información y el contexto, eso puede generar más daño de lo que benefician.

En tercer lugar, tiene que ver con lo que sucede después de las filtraciones o después de la publicación de una nota. Ahí son importantes dos cosas: tener la confianza de que los mecanismos públicos van a hacer una labor de investigación y de sanción, que deje a la ciudadanía con la sensación de certeza y satisfacción, de saber que las entidades encargadas de cumplir con la justicia lo están llevando a cabo hasta las últimas consecuencias y no se están quedando casos estancados.

Por otro lado, tiene que ver con cómo desde la sociedad civil también existe un compromiso de que, ante cualquier noticia que se filtre o una investigación publicada en un medio, asuma la responsabilidad de dar seguimiento y no dejar que los casos que pueden ser delicados se queden en el olvido.